Chats de los jueces viajeros: dádivas y hackeos, el encanto de lo prohibido
La insólita cadena oficial de Alberto Fernández y el tuit del ministro Soria, asentados en diálogos privados de divulgación ilegal, revelan el triunfo del espionaje y el fracaso del combate del "sótano de la democracia". La denuncia de dos concejales y el reporte del viaje eran suficientes datos para abrir una causa. Urge la investigación -sin amiguismo ni corporativismo judicial- de una estadía soñada que se regalaron los jueces y que nunca debieron aceptar.
El magnate inglés Joe Lewis compró tierras en zona de seguridad de frontera en 1996 y ahora se analiza su nulidad. Archivo
Las concejales de Bariloche y El Bolsón Roxana Ferreyra y Rosa Monsalve fueron las primeras en alertar que cuatro jueces federales, un fiscal, un ministro porteño, un exintegrante de la AFI, directivos y operadores de medios viajaron juntos en un avión privado a la mansión de Joe Lewis en Lago Escondido.
Información del vuelo determinó que el avión salió del aeropuerto de San Fernando bajo el número 26.917, el jueves 13/10 a las 9.30, piloteado por Tomás Rius y Ezequiel Provenzano. La nómina de pasajeros, naturalmente, estaba en el formulario oficial del viaje.
Suficientes datos para que el Consejo de la Magistratura iniciara una investigación sobre la posible comisión de delito por dádivas, establecida por el artículo 259 del Código Penal, o incumplimiento de deberes de funcionario público. La podía haber impulsado el mismo día en que se conoció la denuncia de las ediles y se divulgó la noticia en pocos medios de comunicación, entre ellos Río Negro.
Recientemente el sitio de Horacio Verbistsky, El Cohete a la Luna, reveló chats del grupo de los que participaron del viaje. Son conversaciones donde -frente al hecho público- los protagonistas bucean en coartadas, que incluyen el ensayo de verdades/mentiras, y hasta proponen facturas antedatadas. Una indignidad, sobre todo viniendo de jueces.
Los chats provienen de estas alternativas: un hackeo a la plataforma de mensajería Telegram, o la divulgación por infidencia o intención deliberada de algún integrante del grupo. Sea como fuere, no llegan de información que trascendiese a partir de una orden judicial de intercepción de comunicaciones privadas, que -aun así- deberían ser preservadas.
La opción de que la fuente del conocimiento de las conversaciones privadas fuese el hackeo, nos confirmaría la dramática evidencia de que siguen siempre activos los sectores que ejercen el espionaje a ciudadanos y políticos (probablemente patrocinados desde el Estado con no pocos recursos humanos y tecnológicos), como en varias otras oportunidades lo han sufrido en este país periodistas, dirigentes, jueces y medios durante las gestiones kirchnerista y macrista (incluidos Cristina Kirchner y Oscar Parrilli). Por otra parte -huelga decirlo- nos revelaría un inquietante estado de indefensión de los ciudadanos en cuanto a la seguridad de sus datos privados.
¿Es de interés público conocer el diálogo de jueces, funcionarios y sus amigos de viaje que urden justificaciones frente a la evidencia de que se ha descubierto el regalo de una estadía de ensueño en la propiedad de un magnate famoso, que nunca deberían haber aceptado por su condición? Seguramente es información relevante como insumo de la investigación de la Justicia o materia prima para evaluar en una investigación periodística. Pero estas conversaciones privadas tienen protección constitucional: su divulgación pública, sobre todo por el origen ilegítimo de la captación, es sancionada por el artículo 155 del Código Penal.
Que personas públicas, por sus funciones o notoriedad, deban estar más sujetas al escrutinio sobre sus vidas y más dispuestas a que se publique sobre lo que hacen respecto del resto de los ciudadanos, no habilita a privarlas de sus derechos, porque ello supondría claramente un abuso; en este caso, el hackeo y la transcripción pública.
El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, usó la cadena oficial –un mecanismo para situaciones graves y excepcionales– para prácticamente anticiparse a conclusiones de una investigación judicial ni siquiera comenzada, y asentó su mensaje a todo el país en datos que trascendieron del espionaje ilegal. Así, la cadena del presidente termina siendo la admisión del fracaso de su combate de los “sótanos de la democracia”.
Particularmente grave fue la publicación que hizo en Twitter el ministro de Justicia, Martín Soria, al reproducir directamente facsímiles de algunos de los chats. Lejos de condenar el hackeo y promover su investigación, exhibe sus frutos, y dice que “constituyen la radiografía precisa de la podredumbre del lawfare”.
Más allá de estas sobreactuaciones e incongruencias, la investigación del viaje -qué duda cabe- debe iniciarse con velocidad por las figuras y los presuntos delitos involucrados. Y los órganos de control vigilar que tal causa no caiga en saco roto por amiguismo o corporativismo judicial.
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