Militares contra el delito
Mientras que en la Argentina la mayoría de los dirigentes políticos sigue insistiendo en que la función específica de las fuerzas armadas debería limitarse a prepararse para una eventual guerra contra un agresor externo y, de producirse una catástrofe natural, prestar asistencia a la comunidad afectada, en otros países latinoamericanos, incluyendo algunos que antes de que la democracia se hiciera fuerte en la región fueron gobernados por dictaduras militares, están participando de manera muy visible en la lucha contra los cárteles narcotraficantes. Algunos días atrás, la ciudad de Río de Janeiro se vio convertida en el escenario de un operativo que hizo recordar los que precedieron a los golpes de Estado, al entrar contingentes de infantes de marina con tanques y otros vehículos blindados en favelas largamente dominadas por el crimen organizado. Asimismo, en México ya es rutinario que unidades del ejército libren batallas sumamente violentas contra bandas de traficantes en el marco de una virtual guerra civil en que, desde el 2006, han muerto casi 30.000 personas. Por fortuna, aunque en el Gran Buenos Aires hay barrios en que la policía no quiere entrar, hasta ahora el gobierno nacional no ha tenido que considerar la alternativa de emplear las fuerzas armadas en la lucha contra el delito, pero hasta hace poco tampoco lo creían aconsejable los gobiernos democráticos de México, Brasil y Ecuador. Los dirigentes de dichos países cambiaron de opinión porque es indiscutible que la policía no está en condiciones de impedir que los narcotraficantes continúen apoderándose de zonas en que construyen lo que los brasileños llaman un “Estado paralelo” extraordinariamente brutal en que el castigo por negarse a acatar las órdenes de los jefes suele ser la muerte. Tanto en diversas partes de México, en especial en las fronterizas con Estados Unidos, y de Colombia, donde los guerrilleros de las FARC participan del negocio de la droga, como en ciudades brasileñas como Río de Janeiro y San Pablo, la idea de que el Estado debiera tener el monopolio de la fuerza ha sido durante años una aspiración utópica. Salvo en Colombia, donde las FARC estuvieron a punto de obligar a las autoridades legítimas a permitirles crear una inmensa zona autónoma que, de haberse consolidado, hubiera sido una auténtica narcorrepública, los gobiernos han tardado en reaccionar ante el desafío por suponer que era un asunto de pobres marginados, pero en cuanto en México comenzó a incidir en la relación bilateral con Estados Unidos y en Brasil puso en peligro el Mundial de Fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, tuvieron que reconocer que se trataba de una emergencia nacional. En América Latina, incluso en términos militares el crimen organizado ya plantea un desafío que es decididamente más difícil que el supuesto por el terrorismo tradicional. Además de poseer armas que a menudo son más poderosas y sofisticadas que las habitualmente empleadas por la policía, en muchas partes de América Latina los narcotraficantes disponen de cantidades de dinero tan enormes que les es fácil corromper a comisarios, jueces y, desde luego, políticos muy influyentes, asegurándose así un grado de impunidad que es totalmente incompatible con el imperio de la ley. ¿Los jefes militares resultarán ser más inmunes a la corrupción que los dirigentes civiles o policiales? Es lo que han tenido que creer el presidente mexicano Felipe Calderón y su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, pero a juzgar por la historia problemática de la relación entre las fuerzas armadas de los diversos países latinoamericanos y el resto de la comunidad, por lo menos algunos comandantes militares mexicanos y brasileños podrían caer en la tentación de aprovechar oportunidades para enriquecerse de la noche a la mañana como ya han hecho tantos civiles. En teoría, el severo código de honor que se supone propio de los militares debería ayudar a mantenerlos honestos, pero a la luz de lo que sucedió cuando en buena parte de la región las fuerzas armadas se politizaron, no hay demasiados motivos para creer que su presunto compromiso con ciertos valores éticos fundamentales resultará ser más firme que el de aquellos jueces, funcionarios gubernamentales y comisarios policiales que se han vendido a los narcotraficantes.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 860.988 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Domingo 28 de noviembre de 2010
Mientras que en la Argentina la mayoría de los dirigentes políticos sigue insistiendo en que la función específica de las fuerzas armadas debería limitarse a prepararse para una eventual guerra contra un agresor externo y, de producirse una catástrofe natural, prestar asistencia a la comunidad afectada, en otros países latinoamericanos, incluyendo algunos que antes de que la democracia se hiciera fuerte en la región fueron gobernados por dictaduras militares, están participando de manera muy visible en la lucha contra los cárteles narcotraficantes. Algunos días atrás, la ciudad de Río de Janeiro se vio convertida en el escenario de un operativo que hizo recordar los que precedieron a los golpes de Estado, al entrar contingentes de infantes de marina con tanques y otros vehículos blindados en favelas largamente dominadas por el crimen organizado. Asimismo, en México ya es rutinario que unidades del ejército libren batallas sumamente violentas contra bandas de traficantes en el marco de una virtual guerra civil en que, desde el 2006, han muerto casi 30.000 personas. Por fortuna, aunque en el Gran Buenos Aires hay barrios en que la policía no quiere entrar, hasta ahora el gobierno nacional no ha tenido que considerar la alternativa de emplear las fuerzas armadas en la lucha contra el delito, pero hasta hace poco tampoco lo creían aconsejable los gobiernos democráticos de México, Brasil y Ecuador. Los dirigentes de dichos países cambiaron de opinión porque es indiscutible que la policía no está en condiciones de impedir que los narcotraficantes continúen apoderándose de zonas en que construyen lo que los brasileños llaman un “Estado paralelo” extraordinariamente brutal en que el castigo por negarse a acatar las órdenes de los jefes suele ser la muerte. Tanto en diversas partes de México, en especial en las fronterizas con Estados Unidos, y de Colombia, donde los guerrilleros de las FARC participan del negocio de la droga, como en ciudades brasileñas como Río de Janeiro y San Pablo, la idea de que el Estado debiera tener el monopolio de la fuerza ha sido durante años una aspiración utópica. Salvo en Colombia, donde las FARC estuvieron a punto de obligar a las autoridades legítimas a permitirles crear una inmensa zona autónoma que, de haberse consolidado, hubiera sido una auténtica narcorrepública, los gobiernos han tardado en reaccionar ante el desafío por suponer que era un asunto de pobres marginados, pero en cuanto en México comenzó a incidir en la relación bilateral con Estados Unidos y en Brasil puso en peligro el Mundial de Fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, tuvieron que reconocer que se trataba de una emergencia nacional. En América Latina, incluso en términos militares el crimen organizado ya plantea un desafío que es decididamente más difícil que el supuesto por el terrorismo tradicional. Además de poseer armas que a menudo son más poderosas y sofisticadas que las habitualmente empleadas por la policía, en muchas partes de América Latina los narcotraficantes disponen de cantidades de dinero tan enormes que les es fácil corromper a comisarios, jueces y, desde luego, políticos muy influyentes, asegurándose así un grado de impunidad que es totalmente incompatible con el imperio de la ley. ¿Los jefes militares resultarán ser más inmunes a la corrupción que los dirigentes civiles o policiales? Es lo que han tenido que creer el presidente mexicano Felipe Calderón y su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, pero a juzgar por la historia problemática de la relación entre las fuerzas armadas de los diversos países latinoamericanos y el resto de la comunidad, por lo menos algunos comandantes militares mexicanos y brasileños podrían caer en la tentación de aprovechar oportunidades para enriquecerse de la noche a la mañana como ya han hecho tantos civiles. En teoría, el severo código de honor que se supone propio de los militares debería ayudar a mantenerlos honestos, pero a la luz de lo que sucedió cuando en buena parte de la región las fuerzas armadas se politizaron, no hay demasiados motivos para creer que su presunto compromiso con ciertos valores éticos fundamentales resultará ser más firme que el de aquellos jueces, funcionarios gubernamentales y comisarios policiales que se han vendido a los narcotraficantes.
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