Legisladores opositores reclaman informes por la acusación de Gennuso de «uso político» de la causa Techo Digno
El exintendente de Bariloche acusó al Gobierno provincial de usar la causa judicial para "coaccionar" a los intendentes involucrados. Diputados provinciales de la oposición piden que el procurador general Jorge Crespo informe si se inició una causa de oficio por esos dichos.
La acusación del exintendente de Bariloche Gustavo Gennuso de un uso político de la causa Techo Digno por parte del Gobierno provincial de Alberto Weretilneck, tuvo un fuerte eco en los bloques opositores de la Legislatura, que salieron a reclamar que el procurador general Jorge Crespo aclare la situación.
Legisladores opositores, integrantes de diferentes bancadas, presentaron un pedido de informes dirigido a Crespo para que se informe si, a partir de los dichos del exjefe comunal, se «iniciaron actuaciones de oficio para investigar posibles delitos como abuso de autoridad, prevaricato o incumplimiento de los deberes de funcionario público«.
A comienzos de junio, en una entrevista con Radio Seis, el intendente de Bariloche por primera vez habló de una causa “política” y dijo: “Esa causa el Gobierno provincial la ha usado para coaccionar a todos los intendentes a través de indicarle al Procurador que lleve causas a todos los intendentes y exintendentes de manera de limitarle su actuación política”.
Gennuso dijo que su caso, al igual que el de otros intendentes que están imputados en el mega expediente, es parte de “una movida política”. “A mí me acusan cuando me voy del Gobierno, quizá pensando que yo me podía postular a algo, hacer algo, yo nunca le acepté ningún cargo al gobierno provincial, pero no porque estaba enojado ni nada de eso, es porque yo quería hacer otro camino, quería llamarme a silencio”, relató.
El presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, manifestó que “las declaraciones de Gennuso no pueden pasar inadvertidas por la magnitud institucional y política que implican. Acusar al Gobierno y al Procurador de utilizar causas penales para condicionar la actuación de intendentes y exintendentes rionegrinos amerita una respuesta clara, pública y documentada”.
«La denuncia es gravísima, el ex intendente de la ciudad más grande de Río Negro, dijo que el gobernador utiliza a Jueces y Fiscales para disciplinar y condicionar a los dirigentes políticos con una causa armada en función de sus propios intereses y no de buscar justicia», aseguró Berros.
«Río Negro no es un feudo, aunque (Alberto) Weretilneck y sus socios intenten usar la justicia y sus herramientas como forma de disciplinamiento político», afirmó el titular de la bancada de Vamos con Todos.
«Las declaraciones de Gennuso no pueden pasar inadvertidas por la magnitud institucional y política que implican».
José Luis Berros, titular del bloque Vamos con Todos.
Qué legisladores firmaron el pedido de informes por los dichos de Gennuso
El pedido, firmado además por Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Fabián Pilquinao, Luciano Delgado Sempé (de Vamos con Todos), Ana Marks y Leandro García (PJ – Nuevo Encuentro), y Santiago Ibarrolaza y Patricia Mc Kidd incluye consultas sobre el eventual inicio de una investigación penal, la identificación de los fiscales intervinientes, el estado del expediente y la aplicación de normas éticas como las Reglas de Bangalore, que exigen independencia y transparencia a los funcionarios judiciales.
Por su parte, Ana Marks del bloque PJ – Nuevo Encuentro advirtió que “estamos hablando de una denuncia pública, que debería haber sido investigada de oficio, que fue realizada por un referente de peso del oficialismo provincial, ex intendente y autoridad partidaria de JSRN. Es urgente que el Procurador dé respuesta a nuestros cuestionamientos. No podemos naturalizar que en Rio Negro esté en tela de juicio la independencia de poderes. Esta situación excede a una causa judicial en particular. Si es cierto lo que Gennuso afirma, estamos frente a una posible manipulación del Ministerio Público, que debe ser absolutamente independiente y no una herramienta del poder político de turno”.
En tanto, Santiago Ibarrolaza sostuvo que “una provincia con un sistema judicial a la orden del poder político es el paso previo a definirse como feudalismo. Las declaraciones de Gennuso son alarmantes y pedimos que sean aclaradas de manera urgente, porque está en juego el futuro de Río Negro”.
“Queremos saber si estas declaraciones fueron investigadas, si hay una causa abierta y si se tomaron medidas para preservar la institucionalidad. Y si no se ha hecho nada, también queremos saber por qué”, agregó Berros.
Los legisladores remarcaron que la causa Techo Digno tiene derivaciones en distintas ciudades de la provincia y alcanza a dirigentes de diversos partidos. “Precisamente por eso, su tratamiento debe estar exento de arbitrariedades o selectividad. No se puede permitir que se use la Justicia como una herramienta de disciplinamiento político”, finalizaron.
La situación judicial de Gennuso y otros intendentes
Gennuso, a pesar de haber sido el último incorporado en un desprendimiento de la causa original de Techo Digno, tiene fecha de juicio oral y público del 27 al 31 de octubre, la semana siguiente a las elecciones nacionales, según determinó la Oficina Judicial en diciembre del año pasado cuando terminó la etapa de control de acusación.
Su antecesora, María Eugenia Martini, que está acusada por fraude en perjuicio de la administración pública, administración fraudulenta y peculado por irregularidades en los pagos de certificaciones de obra, después de una larga etapa durante seis años, tuvo la audiencia final de control de acusación a mediados de abril, pero todavía no tiene fecha de juicio.
En la ronda de audiencias de reformulación de imputaciones, semanas atrás se modificó la acusación al exintendente de Choele Choel y actual legislador, Daniel Belloso (PJ), y el 12 de junio fue el turno en los tribunales de Viedma para la causa por el barrio de Sierra Grande, que incluyó a los exjefes comunales Renzo Tamburrini (PJ) y Nelson Iribarren (UCR).
En otros expedientes vinculados a Techo Digno también están imputados: Claudia Montanaro (actual intendenta de Cervantes, PJ); Gilberto Montanaro (PJ); Gustavo San Román (JSRN); Carlos Pilotti (PJ); Luis Ivancich (PJ); Juan Reggioni; Ariel Baratti (PJ); Anibal Tortoriello; Liliana Alvarado (Frente Grande- Nos Une); Germán Epul (UCR); Alejandra Más (PJ); Javier Iud (JSRN).
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