Sancionaron con millonaria multa al desarrollador que tira las cloacas a la calle en Neuquén capital

La jueza de faltas de la ciudad, Romina Doglioli, multó con más de 21 millones de pesos al desarrollador urbano acusado de arrojar líquidos cloacales a la calle en Neuquén capital. La condena contravencional se produjo el 4 de julio con la obligación de adecuar las conexiones sanitaria de los edificios que están sin terminar, pero habitados.

La definición contravencional municipal se produjo en paralelo a la causa judicial que tramita ante el juez José Manuel Ruiz, quien en la última audiencia de amparo instó a la intervención de la Defensoría del Niño y Adolescente para constatar la situación de las familias y población en aparente estado de vulnerabilidad en el lugar.

Desde la Defensoría del Pueblo, Emmanuel Guagliardo, Defensor Adjunto, indicó que se está trabajando en solicitar al Deliberante una modificación del código contravencional para subsanar el vacío normativo que obligaría a los desarrolladores a habilitar el ingreso de los compradores o terceros a edificios o inmuebles, cuando la obra está finalizada por completo.

Además del caso específico del complejo habitacional en San Luis y Luis Beltrán; en Neuquén hay edificios que funcionan con el medidor de obra de CALF, cuando cada departamento debería tener el suyo.

Según la normativa que rige a Obras Particulares de la comuna, la comuna controla el final de obra y recibe los informes técnicos de los responsables de la construcción hasta el término de las tareas, pero la habilitación de uso corresponde a un arreglo entre particulares.

Lo mismo dijo Calf de los medidores domiciliarios en los complejos que supervisa periódicamente, muchos de los cuales aún tienen un solo medidor de obra para todos los departamentos.

Qué dictaminó la jueza de Faltas

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La jueza de Faltas, Romina Doglioli, detalló que recibió la infracción por vertido de cloacas en la vía pública en marzo, en tanto agregó que se citó tanto al responsable de los complejos habitacionales ubicados a pocas cuadras de la Casa de las Leyes como al EPAS.

En el expediente dio cuenta de que los problemas de fluidos cloacales hacia la calle tenían antecedentes desde 2021 y describió las explicaciones del desarrollador en las que se declaraba inocente y responsabilizaba al EPAS por los problemas sanitarios y la falta de conexión.

Doglioli consideró probadas las emisiones retiradas de cloacas hacia el exterior de los edificios, absolvió al EPAS de la responsabilidad por ese vertido y consideró que el contraventor cometió una omisión grave, tanto porque no adecuó la infraestructura de servicios del edificio para subsanar los problemas de generación de líquidos como por la indiferencia observada ante intimaciones previas y reiteradas.

Multó a Ignacio Marro al pago de 10.000 unidades contravencionales ambientales (UCA), por un total de 21.340.000 pesos; más otras 1.000 unidades en costas. La jueza le ordenó subsanar «por sí o por terceros» los perjuicios actuales y los potenciales derivados de la modalidad de uso del lugar y exigió el cese inmediato del vertido.

Agregó a las obligaciones la adecuación de las instalaciones y del sistema de vertido a la normativa vigente, bajo apercibimiento de clausura total o parcial.

Doglioli también ordenó la limpieza y desinfección del espacio público afectado por las cloacas que salen del lugar y le indicó que la municipalidad podría efectuar el trabajo, con costas al desarrollador.

En la sentencia contravencional estableció que la subsecretaría de Medio Ambiente deberá verificar con inspecciones de al menos dos o tres veces por semana, que se cumpla este fallo y elevar el informe al juzgado de Faltas.