Provincia cedió formalmente la avenida Bustillo al municipio de Bariloche

La municipalidad de Bariloche finalmente obtuvo a fines de enero la cesión y transferencia de la totalidad de la avenida Bustillo, con todo lo que implica en materia administrativa, de control, seguridad y de responsabilidad.

El anuncio y el acuerdo se realizó en junio del año pasado e incluso el municipio ya se hizo cargo del mantenimiento y reparaciones de la traza troncal que une el centro con el este de la ciudad, pero recién el 23 de enero el gobernador Alberto Weretilneck firmó el decreto de cesión del tramo de la exruta nacional 237 ubicado entre el Monolito, del kilómetro 1 y la rotonda de acceso al hotel Llao Llao, en un trayecto de 25 kilómetros.

Con el convenio ya firmado, el gobierno debe trasladarlo a la Legislatura provincial para su ratificación y lo mismo debería hacer el Ejecutivo municipal con el Deliberante para la aceptación de la transferencia.

A pesar de que la cesión remarca que es a “título gratuito”, desde el gobierno local ratificaron ante la consulta de este diario que se mantiene el compromiso asumido el año pasado de que la Provincia destinará 400 millones de pesos anuales al municipio para colaborar en el mantenimiento de la traza.

Qué implica la transferencia de la avenida para el municipio

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La transferencia implica “la jurisdicción, administración, gestión, conservación, mantenimiento y control integral del tránsito y la seguridad vial” de toda la traza de la exruta 237 y establece que se debe actualizar el nomenclador de arterias provinciales para quitar de los registros la traza que ahora es municipal.

El tramo de la avenida Bustillo hasta el kilómetro 25 formaba parte de la vieja Ruta Nacional 237 y por eso era de jurisdicción nacional hasta 1985 cuando la Dirección Nacional de Vialidad dispuso la transferencia a la provincia (aunque resta el perfeccionamiento administrativo de ese traspaso), y 40 años después finalmente pasa a la órbita municipal.

En el convenio, el gobierno provincial y el municipio entendieron que era necesaria esta transferencia -que ya había sido intentada en gestiones anteriores- por el “crecimiento urbano, demográfico y turístico de la ciudad” que establece necesario “adecuar la gestión del corredor vial a criterios de movilidad urbana, seguridad vial y ordenamiento territorial propios del ámbito municipal”.

Con la cesión, el municipio toma bajo su responsabilidad la “conservación, mantenimiento ordinario y extraordinario de la traza; señalización horizontal y vertical; regulación, ordenamiento y control del tránsito; implementación de políticas de seguridad vial; autorización de usos especiales, obras complementarias y ocupaciones temporarias, conforme la normativa municipal vigente”.

También el municipio asume “en forma exclusiva la responsabilidad civil, administrativa y patrimonial derivada de accidentes de tránsito; daños a personas o bienes; omisiones o deficiencias en la conservación, señalización o control vial; cualquier otro hecho dañoso vinculado causalmente con el estado, uso o gestión del tramo cedido” y se aclara puntualmente en el convenio que la provincia “queda expresamente deslindada de toda responsabilidad por reclamos judiciales o extrajudiciales que se originen con posterioridad” al convenio firmado en enero “aun cuando los hechos se relacionen con situaciones preexistentes que no hubieren sido oportunamente denunciadas”.

El año pasado cuando el convenio inicial llegó al Concejo Deliberante tuvo fuertes críticas por el estado de la traza, la necesidad de obras costosas y el monto de aporte provincial que fue considerado escaso para la magnitud de las reparaciones que iba a requerir. Aún así el municipio afrontó bacheos y otras mejoras en la traza que se realizaron desde julio pasado.