Cambio de reglas en Discapacidad: el Gobierno lanza auditorías masivas y cambia la pensión no contributiva

El Ejecutivo ordenó la conversión automática de todas las prestaciones actuales, que a partir de ahora pasan a denominarse bajo la figura legal del Decreto 84/2026 como «Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social».

Este cambio administrativo es el punto de partida para una fiscalización que obliga a la Secretaría de Discapacidad a verificar si cada beneficiario cumple con los nuevos estándares de vulnerabilidad.

Para ejecutar este plan, se convocará al Consejo Federal de Discapacidad con el objetivo de unificar los criterios de evaluación médica y socioeconómica en todas las jurisdicciones.

El Gobierno busca eliminar las discrepancias territoriales y aplicar un filtro nacional único que garantice que el beneficio llegue exclusivamente a quienes cumplen con los requisitos de la Ley 27.793.

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Nuevos filtros de ingreso y cofinanciamiento con las provincias: los cambios en Discapacidad

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La nueva reglamentación pone el foco en la compatibilidad de ingresos, fijando topes mucho más rígidos para quienes solicitan o perciben el beneficio. El Estado busca que la asistencia económica se limite exclusivamente a personas en situación de indigencia o vulnerabilidad extrema, evitando que se otorguen pensiones a quienes poseen otros medios de subsistencia.

Por otro lado, el esquema incentiva la inserción laboral formal. El decreto estipula que los beneficiarios puedan acceder a un empleo sin perder el apoyo de manera inmediata, siempre que se cumplan las escalas de ingresos previstas. Con esto, la Casa Rosada pretende transformar una asistencia que era pasiva en un puente hacia el mercado de trabajo privado.

Uno de los puntos más polémicos de la norma es la exigencia de aportes compartidos para sostener el sistema prestacional. A partir de ahora, la Nación no será la única responsable del financiamiento; las provincias deberán comprometer recursos propios y disponibilidad técnica para cubrir las necesidades de sus jurisdicciones.

Este movimiento administrativo descarga parte de la presión fiscal sobre los gobernadores, obligándolos a participar activamente en el control de sus propios padrones. La normativa, que ya está en plena vigencia, marca el inicio de una etapa de ajuste y transparencia que promete redefinir por completo el universo de la asistencia social en el país.