Cómo sigue la agenda legislativa del Gobierno además de la reforma laboral y la baja en la edad de imputabilidad
Tras lograr avanzar con proyectos clave en el Congreso, el oficialismo acelera las negociaciones con los gobernadores. Los detalles de los debates que se vienen sobre minería, presupuesto universitario y acuerdos de libre comercio.
Foto: Gentileza.
El Gobierno nacional busca capitalizar el impulso obtenido durante las sesiones extraordinarias en el Congreso. Luego de lograr los consensos necesarios para avanzar con la reforma laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil, que estipula la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, el oficialismo prepara el terreno para debatir un nuevo paquete de leyes antes de la apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo.
La clave de esta racha legislativa radica en la reconfiguración de la mesa política y la apertura al diálogo con los gobernadores.
Las negociaciones encabezadas por Patricia Bullrich en el Senado, sumadas a la gestión de Diego Santilli y Eduardo Menem con los mandatarios provinciales, permitieron destrabar apoyos a cambio de concesiones, como la eliminación del capítulo de Ganancias en la reforma laboral.
Con esta base de aliados ampliada, la Casa Rosada apunta ahora a proyectos económicos, ambientales y educativos.
Cambios en la Ley de Glaciares y el impulso minero
El próximo desafío inmediato en el Senado será el debate por la modificación de la Ley de Glaciares con el fin de impulsar la actividad minera en jurisdicciones que buscan potenciar las exportaciones de cobre y atraer inversiones extranjeras para la extracción de recursos.
La legislación actual protege de manera estricta los cuerpos de hielo y el ambiente periglacial (áreas de suelos congelados que regulan los recursos hídricos), prohibiendo expresamente la exploración y explotación minera e hidrocarburífera en esas zonas.
La reforma que impulsa el Ejecutivo busca flexibilizar este criterio para otorgarle mayor autonomía a las provincias sobre sus recursos naturales.
El nuevo marco normativo establecería que si una provincia determina, mediante estudios técnicos, que un sector del ambiente periglacial no cumple con funciones hídricas relevantes, ese área podrá ser eliminada del Inventario Nacional de Glaciares.
De esta manera, el territorio quedaría desafectado de la protección ambiental y habilitado para la explotación productiva.
Financiamiento universitario
En paralelo, el Gobierno espera aprobar en las primeras semanas de marzo una nueva ley de financiamiento universitario. El objetivo es reemplazar la normativa anterior que había sido vetada por el presidente Javier Milei y que, pese a la insistencia del Congreso, nunca se aplicó por falta de partidas presupuestarias asignadas.
Desde la mesa política del oficialismo indicaron a Infobae que este nuevo texto representa un punto de equilibrio más lógico frente a los reclamos de los rectores.
El proyecto propone actualizar los gastos de funcionamiento de las universidades en base a la inflación medida por el INDEC, activando un ajuste automático si el índice supera el 14,3 por ciento anual proyectado en el Presupuesto 2026.
En materia salarial, el texto fija una recomposición para el personal docente y no docente del 12,3 por ciento, a pagarse en tres tramos iguales durante marzo, julio y septiembre, tomando como base los sueldos de diciembre de 2025.
Además, obliga al Ejecutivo a convocar a paritarias con una periodicidad no mayor a tres meses.
Acuerdos de libre comercio en la mira
La agenda legislativa se completa con una fuerte apuesta a la política exterior. Tras avanzar con la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, el Gobierno trabaja contrarreloj para enviar a la Cámara de Diputados el tratado comercial con los Estados Unidos.
Este último proyecto conlleva una complejidad técnica mayor, ya que requerirá la modificación de diversas leyes locales para armonizar las normativas comerciales.
En las filas del oficialismo confían en que los gobernadores aportarán los votos necesarios en ambas cámaras, priorizando la apertura de nuevos mercados internacionales para las economías regionales y la llegada de capitales que generen empleo en sus provincias.
El Gobierno nacional busca capitalizar el impulso obtenido durante las sesiones extraordinarias en el Congreso. Luego de lograr los consensos necesarios para avanzar con la reforma laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil, que estipula la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, el oficialismo prepara el terreno para debatir un nuevo paquete de leyes antes de la apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo.
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