En Río Negro los trabajadores estatales podrán elegir su obra social desde 2027

La Legislatura de Río Negro aprobó la iniciativa del Poder Ejecutivo que modifica el régimen de afiliación obligatoria a la obra social Ipross por parte de los agentes de los estados Provincial y Municipal.

En la votación en general el proyecto contó con el respaldo de 35 legisladores y el rechazo de 9, mientras que en particular los artículos 2, 3 y 4 sumaron 17 rechazos y los artículos 4 y 5 10 votos.

Una vez reglamentada la Ley, en un plazo de 120 días, los estatales tendrán la opción de «afiliación voluntaria u optativa» que será extensivo a los afiliados actuales, futuros y pasivos.

La iniciativa fue presentada por la legisladora Andrea Escudero, exfuncionaria en la obra social, quien remarcó que la iniciativa «es darle a los afiliados la posibilidad de elegir» y aclaró que no se trata de un vaciamiento ni el desfinanciamiento del organismo.

«Que no estén por obligación» dijo la parlamentaria, habló del sistema solidario porque «todos los afiliados tienen la misma cobertura y reciben las mismas prestaciones» y remarcó que «Ipross hoy es una obra social competitiva».

Escudero señaló que la iniciativa tiene «tres propósitos: libertad para el afiliado, fortalecimiento para la obra social y la mejora obligado por parte de los prestadores».

Al mismo tiempo dijo que «necesitamos prestadores de calidad», que «cubran las expectativas de los afiliados» y anticipó que «cambiará la relación del Ipross con sus afiliados porque van a estar por voluntad, no por obligación» y la obra social «tendrá que seguir trabajando para ser más eficiente y atractiva».

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Aprobada la Ley que modifica la afiliación al Ipross, el Ejecutivo dispondrá de 120 días para su reglamentación. La opción se aplicará recién desde 2027.

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Durante el debate Gabriela Picotti dijo que «es un reclamo desde hace años», cuestionó «por qué ahora» y anticipó su voto «a favor de las libertades pero no de las restricciones» y en el mismo sentido se explayó Martina Lacour, porque dijo que «no es un proyecto de libre elección», recordó proyectos propios anteriores que «no tuvieron tratamiento» y habló de «una estafa a los empleados».

Por su parte Ayelén Spósito dijo que «es marketing libertario», adelantó el voto negativo del bloque Vamos con Todos y pidió «un sistema de salud acorde a su población, que los que más tienen aporten para los que menos tienen».

Daniel Sanguinetti señaló que «esta ley es puro marketing político a modo electoral, con asesores estrellas y manipulación de la opinión pública».

César Domínguez ratificó su defensa de «las libertades» y dijo que «el Estado no debe dictar normas que le impidan a los ciudadanos elegir por su cuenta».

Magdalena Odarda indicó que «en este debate se juega el futuro de la obra social que pertenece a los trabajadores» y agregó que «la presentación del proyecto tiene que ver con estos nuevos aires libertarios» del gobierno.

En el cierre del debate se contabilizó el apoyo de los bloques de Juntos Somos Río Negro, Primero Río Negro, UCR, CC-ARI Cambiemos y PRO Unión Republicana; y el rechazo del PJ-Nuevo Encuentro y Vamos con Todos.

El proyecto original llegó con cambios al recinto

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Las principales modificaciones propuestas para la afiliación a la obra social provincial incluyen que el afiliado obligatorio tiene derecho a «optar por derivar la cobertura de salud propia y la de su grupo familiar primario» y aclara que «la opción se ejerce por la persona, y comprende necesariamente a la totalidad del grupo familiar a su cargo, produciendo efecto desde el primer día del segundo mes siguiente al de su presentación».

Además, quien opte por el cambio «deberá permanecer en la entidad receptora por un plazo mínimo de doce (12) meses» y «vencido dicho plazo, podrá optar por otra entidad» mientras que «transcurridos treinta y seis (36) meses desde el primer ejercicio de la opción, podrá solicitar su reincorporación al Instituto como afiliado o afiliada obligatorio directo, sin períodos de carencia, conforme lo determine la reglamentación».

El afiliado «cuya cobertura en la entidad receptora cese por causas que no le son imputables, incluidas la rescisión dispuesta por la entidad, o la pérdida de su capacidad prestacional, se reincorpora de pleno derecho al Instituto, sin carencias, desde la fecha del cese, aun antes del vencimiento del plazo de permanencia».

Se fija también que «no podrán acceder al derecho de opción» quienes «ejerzan cargos electivos, cargos de designación política, magistrados/as, funcionariado judicial y de ley, así como quienes revistan como autoridades superiores en cualquiera de los tres poderes del Estado, organismos de control y empresas del Estado».

Por último, «el ejercicio de la opción implica la asunción total por parte del afiliado o afiliada de los costos, cuotas o diferencias arancelarias que la entidad receptora exija por sobre el aporte personal transferido. El Estado Provincial, los Municipios y el Ipross quedan eximidos de toda responsabilidad frente a la interrupción, insuficiencia o falta de cobertura prestacional derivada de la relación entre el optante y la entidad receptora».

En cuanto a la totalidad de los aportes -el 4% para el personal activo y el 5,5% para el personal pasivo- se transferirá mensualmente a la entidad receptora elegida.