Alguien tiene que pagar

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Según el jefe del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, sin los subsidios a los que tantos porteños y bonaerenses se han acostumbrado el costo del boleto mínimo de colectivos saltaría de $ 1,10 a por lo menos $ 4, de ahí la alarma que siente ante el propósito del gobierno nacional de hacerlo responsable de ellos. Lo mismo puede decirse de las tarifas energéticas, que en muchas zonas de la capital federal y el conurbano han subido mucho últimamente o están por hacerlo, y el costo de viajar en subte o en tren. Luego de impedir durante años que la realidad económica impactara en los presupuestos de quienes viven en distritos electoralmente sensibles, lo que entre otras cosas ha significado que los más pobres pagaran mucho más por el gas que los relativamente acomodados, el gobierno nacional se ha visto obligado a iniciar un proceso de sinceramiento que con toda seguridad tendrá repercusiones políticas negativas. Desde el punto de vista de muchos que ya han visto mermar su poder adquisitivo a causa de los cambios que están en marcha, el gobierno kirchnerista quiere castigarlos con la esperanza de perjudicar así a Macri. Estarán en lo cierto, ya que no cabe duda de que integrantes del gobierno nacional, como la ministra de Seguridad Nilda Garré, están procurando provocarle a Macri dificultades de toda clase, pero aun cuando quisieran ayudarlo no tendrán más alternativa que la de comenzar a desmantelar el sistema insostenible de subsidios que crearon a base de los ingresos procedentes del campo. Se trata de algo que el gobierno debió haber hecho hace seis años o más para que los aumentos fueran menos abruptos, pero por motivos políticos se resistió a tomar medidas que podrían costarle votos o que serían tomadas por un intento de enfriar una economía sobrecalentada y por lo tanto febrilmente inflacionaria. De resultas de la demora en hacer frente a las distorsiones gravísimas propias del “modelo” populista, de un día para otro los largamente beneficiados por tarifas absurdamente reducidas se ven constreñidos a pagar tres, cuatro o cinco veces más por servicios que les son imprescindibles. Por lo demás, la ilusión de que en distintas partes de la Argentina la electricidad, el gas y la nafta seguirían siendo llamativamente más baratos que en los países vecinos posibilitó la compra de un gran número de artefactos como acondicionadores de aire o calentadores que consumen mucha energía. Por desgracia, cuando de bienes materiales y servicios públicos se trata, no hay nada gratis. Todos quieren que se actualice la red ferroviaria, pero parecería que pocos están dispuestos a entender que lograrlo costaría muchos miles de millones de pesos que tendrían forzosamente que aportar los usuarios o los contribuyentes. Es verdad que la condición de los trenes es lamentable y que los pasajeros viajan hacinados como ganado, pero si tomamos en cuenta el precio del boleto, la red ferroviaria seguiría siendo un desastre aun cuando los encargados de manejarla fueran dechados de eficiencia y honestidad. Buena parte de los problemas económicos que están surgiendo puede atribuirse a la miopía que es tan típica de los populistas. Los gobiernos del presidente Néstor Kirchner primero y, a partir de diciembre del 2007, de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner optaron por mantener esquemas que acaso pudieron justificarse en medio de la emergencia que siguió al colapso de la convertibilidad y el default, por temor a las consecuencias políticas de modificarlos o porque suponían que merced a su propia habilidad y el aumento, al parecer permanente, de los precios internacionales de las commodities agrícolas siempre contarían con una caja inagotable. Se equivocaron, claro está. Para los preocupados por el bienestar material de cualquier comunidad, la cautela, combinada con la voluntad de invertir a fin de prepararse para el futuro, es en el fondo mucho más “progresista” que negarse a prestar atención a las advertencias de quienes dicen que tarde o temprano la fiesta de consumo llegará a su fin. De haber iniciado el gobierno kirchnerista “la sintonía fina” cinco años antes, el país hubiera crecido menos pero también se hubiera ahorrado un reencuentro con la realidad que, tal y como están las cosas, parece destinado a tener consecuencias sociales y políticas nada felices.