Prioridades distintas
Puesto que el creciente déficit energético amenaza con hundir “el modelo” que sigue reivindicando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, es sin duda natural que tanto el gobierno nacional como los de las provincias petroleras quieran obligar a las empresas del sector a invertir más y producir más, de ahí la ofensiva que han emprendido contra YPF, pero tal y como están las cosas es escasa la posibilidad de que lo logren. Por cierto, ni YPF ni ninguna otra empresa estarían dispuestas a soportar pérdidas multimillonarias por sentirse comprometidas con un proyecto político determinado, detalle éste que los partidarios del “capitalismo de los amigos” suelen pasar por alto. Por lo demás, si, como algunos esperan con impaciencia, YPF termina nuevamente en manos del raquítico Estado nacional –es decir, en las de políticos, burócratas y “militantes”–, el resultado más probable no sería un aumento inmediato de la producción de petróleo sino la transformación de la empresa en otro monumento a la ineficiencia y, desde luego, a la corrupción que dependería de subsidios cuantiosos para mantenerse a flote. De todos modos, la forma xenófoba en que funcionarios nacionales y provinciales están manejando el asunto, hablando de “la dignidad de los santacruceños y chubutenses” que se han cansado “de que nos dirijan desde España”, virtualmente asegura que termine provocando un conflicto diplomático que, por cierto, no nos beneficiaría. Según se informa, el rey Juan Carlos de España ya ha advertido que a raíz de la batalla que se ha iniciado su país podría presionar para que la Argentina sea apartada del G20: de prosperar un eventual pedido en tal sentido, se asestaría un golpe brutal al prestigio internacional de Cristina, que se ha acostumbrado a participar en las reuniones de este club exclusivo. Si bien las autoridades españolas han procurado minimizar la importancia de las medidas en contra de YPF subrayando que fueron tomadas por los gobiernos provinciales, no por el nacional, saben muy bien que, como aclaró el secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron, “la Nación está presente porque esta decisión tomada no es un capricho”. Asimismo, el ministro de Planificación, Julio de Vido, insiste en que las medidas “tienen carácter nacional” ya que “responden a los intereses superiores del Estado argentino”. Dicho de otro modo, detrás de la quita de concesiones en Santa Cruz y Chubut y la posibilidad de que Mendoza y Neuquén las acompañen está, como no pudo ser de otra manera, el gobierno de Cristina, que tiene motivos de sobra para preocuparse por la merma constante de la producción de crudo y de gas ya que es en buena medida debido al costo cada vez mayor de importarlos a precios internacionales que se ha visto constreñido a dejar de subsidiar a los consumidores en diversas zonas del país. Para el país, aumentar la producción de energía a fin de recuperar el autoabastecimiento ha de ser una prioridad. ¿Lo es para quienes se han ensañado con YPF y otras empresas petroleras? ¿O es que están más interesados en aprovechar políticamente –y, en algunos casos, personalmente– las consecuencias previsibles de la estrategia contraproducente adoptada hace casi nueve años por el gobierno kirchnerista? Las respuestas a tales interrogantes son evidentes. Si lo que realmente quisieran los políticos fuera estimular a las empresas a redoblar sus esfuerzos, entenderían que, además de castigos, convendría ofrecerles algunos premios, pero no parecen tener ninguna intención de hacerlo. En cuanto a la idea de que los gobiernos de Santa Cruz y Chubut cuenten con los recursos financieros y técnicos necesarios para “recuperar la matriz energética”, como se comprometió a hacer el mandatario santacruceño Carlos Peralta, a juicio de muchos especialistas se trata de una ilusión. Señalan que las áreas “recuperadas” no están en condiciones de producir más y no creen que haya muchos inversores privados dispuestos a colaborar, ya que, además de tener que operar en zonas ya explotadas, enfrentarían los riesgos planteados por la voluntad de los accionistas de YPF, respaldados por el gobierno español, de defender sus intereses en los tribunales. Tampoco les motivaría mucho entusiasmo la necesidad de pactar con sindicatos notoriamente agresivos.
Puesto que el creciente déficit energético amenaza con hundir “el modelo” que sigue reivindicando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, es sin duda natural que tanto el gobierno nacional como los de las provincias petroleras quieran obligar a las empresas del sector a invertir más y producir más, de ahí la ofensiva que han emprendido contra YPF, pero tal y como están las cosas es escasa la posibilidad de que lo logren. Por cierto, ni YPF ni ninguna otra empresa estarían dispuestas a soportar pérdidas multimillonarias por sentirse comprometidas con un proyecto político determinado, detalle éste que los partidarios del “capitalismo de los amigos” suelen pasar por alto. Por lo demás, si, como algunos esperan con impaciencia, YPF termina nuevamente en manos del raquítico Estado nacional –es decir, en las de políticos, burócratas y “militantes”–, el resultado más probable no sería un aumento inmediato de la producción de petróleo sino la transformación de la empresa en otro monumento a la ineficiencia y, desde luego, a la corrupción que dependería de subsidios cuantiosos para mantenerse a flote. De todos modos, la forma xenófoba en que funcionarios nacionales y provinciales están manejando el asunto, hablando de “la dignidad de los santacruceños y chubutenses” que se han cansado “de que nos dirijan desde España”, virtualmente asegura que termine provocando un conflicto diplomático que, por cierto, no nos beneficiaría. Según se informa, el rey Juan Carlos de España ya ha advertido que a raíz de la batalla que se ha iniciado su país podría presionar para que la Argentina sea apartada del G20: de prosperar un eventual pedido en tal sentido, se asestaría un golpe brutal al prestigio internacional de Cristina, que se ha acostumbrado a participar en las reuniones de este club exclusivo. Si bien las autoridades españolas han procurado minimizar la importancia de las medidas en contra de YPF subrayando que fueron tomadas por los gobiernos provinciales, no por el nacional, saben muy bien que, como aclaró el secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron, “la Nación está presente porque esta decisión tomada no es un capricho”. Asimismo, el ministro de Planificación, Julio de Vido, insiste en que las medidas “tienen carácter nacional” ya que “responden a los intereses superiores del Estado argentino”. Dicho de otro modo, detrás de la quita de concesiones en Santa Cruz y Chubut y la posibilidad de que Mendoza y Neuquén las acompañen está, como no pudo ser de otra manera, el gobierno de Cristina, que tiene motivos de sobra para preocuparse por la merma constante de la producción de crudo y de gas ya que es en buena medida debido al costo cada vez mayor de importarlos a precios internacionales que se ha visto constreñido a dejar de subsidiar a los consumidores en diversas zonas del país. Para el país, aumentar la producción de energía a fin de recuperar el autoabastecimiento ha de ser una prioridad. ¿Lo es para quienes se han ensañado con YPF y otras empresas petroleras? ¿O es que están más interesados en aprovechar políticamente –y, en algunos casos, personalmente– las consecuencias previsibles de la estrategia contraproducente adoptada hace casi nueve años por el gobierno kirchnerista? Las respuestas a tales interrogantes son evidentes. Si lo que realmente quisieran los políticos fuera estimular a las empresas a redoblar sus esfuerzos, entenderían que, además de castigos, convendría ofrecerles algunos premios, pero no parecen tener ninguna intención de hacerlo. En cuanto a la idea de que los gobiernos de Santa Cruz y Chubut cuenten con los recursos financieros y técnicos necesarios para “recuperar la matriz energética”, como se comprometió a hacer el mandatario santacruceño Carlos Peralta, a juicio de muchos especialistas se trata de una ilusión. Señalan que las áreas “recuperadas” no están en condiciones de producir más y no creen que haya muchos inversores privados dispuestos a colaborar, ya que, además de tener que operar en zonas ya explotadas, enfrentarían los riesgos planteados por la voluntad de los accionistas de YPF, respaldados por el gobierno español, de defender sus intereses en los tribunales. Tampoco les motivaría mucho entusiasmo la necesidad de pactar con sindicatos notoriamente agresivos.
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