La sombra de la corrupción

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Algunos políticos y comentaristas que se sienten impresionados por el aumento de la popularidad de la presidenta brasileña Dilma Rousseff –según las encuestas, hasta el 77% de sus compatriotas aprueba su gestión– sugieren que a Cristina Fernández de Kirchner le convendría emularla declarando la guerra a la corrupción, lo que, aventuran, le permitiría recuperar lo mucho que ha perdido a partir de la reelección triunfal de octubre pasado. Se trata de una idea atractiva, pero, por desgracia, es virtualmente nula la posibilidad de que Cristina la encuentre tentadora. A diferencia de Dilma, está en el poder desde hace más de cuatro años, acompañó a su marido durante el período presidencial anterior y, para colmo, el crecimiento llamativo de su propio patrimonio ha motivado muchas sospechas. Así y todo, de creerse obligada a elegir entre renovar el gobierno, y su propia imagen, echando lastre, por un lado y, por el otro, hacer frente al riesgo que le supondría verse vinculada con personajes tan poco creíbles como el vicepresidente Amado Boudou, Cristina podría sorprendernos asumiendo una postura más severa. En tal caso, la ayudaría el hecho de que virtualmente nadie quisiera que el país sufriera una crisis institucional de consecuencias inciertas y que por lo tanto muchos opositores estarían dispuestos a darle el beneficio de todas las dudas concebibles. Como es notorio, la mayoría suele minimizar la importancia de la corrupción mientras persiste la sensación de que la economía continuará expandiéndose por mucho tiempo más, pero cuando “el modelo” de turno muestra síntomas de agotamiento, modifica radicalmente su actitud: de repente, parece llegar a la conclusión de que la corrupción sí constituye un problema fundamental con el resultado de que asuntos que en otro momento hubiera considerado meramente anecdóticos se transforman en obsesiones. Es lo que está ocurriendo en la actualidad. Aunque el embrollo en que se ve involucrado Boudou no tiene nada que ver con las dificultades económicas que han surgido últimamente y, de todos modos, dista de ser grave conforme a las generosas pautas locales, el que su ordalía haya coincidido con el inicio de una etapa problemática ha sido suficiente como para que el público renovara su interés por el tema de la corrupción. Asimismo, son muchos los que atribuyen el trágico accidente ferroviario de Once, en que murieron más de cincuenta personas y resultaron heridas más de 700, a la corrupción, o sea a la supuesta propensión de funcionarios del gobierno nacional y de sus amigos empresarios a concentrarse tanto en aprovechar las oportunidades para enriquecerse personalmente que no se preocupan en absoluto por la seguridad de la gente. No se equivocan quienes piensan así, ya que la corrupción es incompatible con la eficacia, pero no cabe duda de que las acusaciones genéricas en tal sentido que se formularon en los días que siguieron a la catástrofe se debieron en buena medida al cambio de clima provocado por la evolución reciente de la economía nacional y por las medidas torpes con las que el gobierno ha procurado atenuar su incidencia en el consumo. Conforme a entidades mundialmente respetadas como Transparencia Internacional que, por cierto, distan de ser usinas propagandísticas opositoras, la situación en este ámbito turbio de la Argentina, que siempre ha sido uno de los países más corruptos de América Latina, ha empeorado mucho en los años últimos. Que lo haya hecho es lógico: el sistema de gobierno, personalista y discrecional, que se ha instituido con el beneplácito de más de la mitad del electorado, es estructuralmente corrupto, puesto que son impotentes los organismos de control y el Congreso se ve dominado por quienes se enorgullecen de su lealtad incondicional. Así las cosas, en el caso sumamente improbable de que Cristina procurara llevar a cabo una purga equiparable con la emprendida por Dilma, la que ya ha expulsado a siete ministros de su gabinete, el impacto sería mucho más fuerte en nuestro país que en el Brasil. Sería comprensible, pues, que la presidenta prefiriera dejar las cosas como están, pero de intensificarse el malestar ocasionado por los problemas económicos, no le sería del todo fácil seguir defendiendo a Boudou y otros integrantes de conducta cuestionable de su administración.