Un caso sintomático

Puede que sólo haya sido una coincidencia que, horas después de verse acusado formalmente el vicepresidente Amado Boudou de enriquecimiento ilícito por el juez federal Jorge Di Lello, otro juez federal, en esta ocasión Norberto Oyarbide, ordenara la detención de los hermanos Schoklender por presuntamente haber organizado una banda que se las arreglaría para defraudar al Estado de más de 280 millones de pesos, pero es tal la reputación del Poder Judicial que es natural que muchos propendan a interpretar en clave política todas las decisiones de este tipo. Sea como fuere, aunque la reaparición del caso Schoklender haya servido para “tapar” pasajeramente el protagonizado por Boudou, no es demasiado probable que beneficie al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por el contrario, en buena lógica debería perjudicarlo ya que el embrollo muy feo que se ha producido parece sintomático de un gobierno cuyos integrantes están tan obsesionados por la politiquería y por la difusión de su “relato” que no les queda tiempo para las tareas a su juicio humildes relacionadas con la gestión. Tal actitud podría entenderse si se tratara de “neoliberales” convencidos de la necesidad de reducir drásticamente las dimensiones del sector público, pero sucede que se imaginan partidarios decididos de la presencia del Estado en todos los ámbitos. Que los Kirchner hayan querido congraciarse con las Madres de Plaza de Mayo con el propósito de hacer creer que, no obstante las apariencias, siempre fueron paladines de los derechos humanos puede comprenderse, pero acaso les hubiera convenido pensar en una forma un tanto mejor de homenajearlas que la de ponerlas a cargo de un programa costoso de viviendas sociales subsidiadas. Asimismo, sería razonable suponer que el gobierno procuraría ayudar a las Madres constructoras a defenderse contra los inescrupulosos que abundan en el sector inmobiliario nombrando a funcionarios confiables para que los mantuvieran a raya. Sin embargo, parecería que no se les ocurrió advertir a sus protegidas de los riesgos que les supondría la participación como apoderado en su fundación de un ex presidiario. Tampoco resultó preocupante para el gobierno el que los Schoklender compraran varias embarcaciones, inmuebles y otros bienes muy costosos. Además de involucrar a las Madres de Plaza de Mayo, aliadas “estratégicas” de un gobierno que, un tanto tardíamente, aspira a figurar como defensor de los derechos humanos concentrándose en las violaciones que fueron cometidas por el régimen castrense más de treinta años atrás, en la raíz del asunto que está investigando el juez Oyarbide se encuentra la inoperancia apenas concebible del Estado nacional que, en opinión de los kirchneristas, debería encargarse de una lista cada más larga de actividades económicas y sociales. Al fin y al cabo, de haber obrado con un mínimo de eficacia los funcionarios responsables de manejar los centenares de millones de dólares aportados por los contribuyentes que recibió la Fundación Madres de Plaza de Mayo, ninguna “asociación ilícita”, por astutos que fueran sus jefes, hubiera podido desviar a los bolsillos de sus integrantes la auténtica fortuna que se ha atribuido a los Schoklender y sus cómplices. Por motivos evidentes, el gobierno nacional quiere desvincular tanto al Estado que ha colonizado de militantes propios como a las Madres emblemáticas de la estafa en gran escala que supuestamente fue perpetrada por Sergio y Pablo Schoklender. Con todo, si bien algunas personas benevolentes estarán dispuestas a creer que un grupo de ancianas, sin experiencia alguna en el mundo de los negocios inmobiliarios, que de repente se encontraron a cargo de una gran constructora de viviendas, sí resultarían ser víctimas fáciles de un estafador de alto vuelo, sorprendería que muchos aceptaran extender el mismo beneficio de la duda a funcionarios jerárquicos del gobierno nacional, entre ellos el ministro de Planificación Julio De Vido. Aunque es notorio que a los kirchneristas no les interesen los organismos de control por sospechar que podrían manipularlos sus enemigos, sería de suponer que entienden que les corresponde asegurar que el dinero público no caiga en manos de delincuentes y que por lo tanto les es necesario tomar todos los recaudos que hagan falta.