Derecho a la tierra y usurpaciones en Bariloche

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GUSTAVO GENNUSO (*)

Lo primero es lo primero y sobre eso no hay discusión. El derecho a la tierra, al “10 x 30” como decía un querido amigo, es fundamental y no puede haber persona que no lo alcance y menos en un país como el nuestro donde podemos ver bastante vacío. Estamos hablando de un bien que no es escaso y que se limita a una parte importante de la población por la escasez que produce la desigualdad, la injusticia, las leyes de un mercado desbocado. Hoy en Bariloche ni la clase media, como para poner un parámetro, puede asegurar que sus hijos puedan acceder a la tierra del lugar que los vio nacer y eso en términos de reproducción de la vida, que es parte de la esencia del humano, es un dato fundamental. Una cuestión más que no quiero soslayar porque es parte central de la problemática y la aclaración es necesaria: cuando se habla de acceso a la tierra, se habla de acceso a la tierra con infraestructura. Analizaré la cuestión de las usurpaciones y nuestra experiencia frente al Instituto de Tierras y Viviendas para el Hábitat Social (Imtvhs) al respecto. Una política de tierras se basa en lograr que todos puedan acceder a la misma mediante un conjunto de acciones y leyes. En algunos casos son legislaciones promulgadas que se empezaron a aplicar (por ejemplo, la plusvalía urbana) y, en otros, procesos iniciados que están para desarrollarse (por ejemplo, la ordenanza sobre bienes abandonados). Las acciones pasan por disponer de un banco de tierras a través de compras, expropiaciones, canjes, de promover iniciativas público-privadas a través de cooperativas o empresas, etcétera (ver informe de gestión en www.tierrasyvivienda.gob.ar). Yendo al punto, hay que decir que todas las acciones y políticas deben cumplirse dentro de un marco normativo legal. Las tierras públicas en nuestra ciudad están afectadas al banco de tierras o están destinadas a espacios públicos. En el banco de tierras están las que sirven para loteos y las reservas necesarias para futuros usos públicos (escuelas, gimnasios, etcétera). Una usurpación de lo destinado a loteos afecta el derecho a la tierra de una familia que está anotada en la lista de demanda con criterios claros de prioridad. La usurpación de las reservas fiscales afecta el conjunto de la comunidad que necesita los servicios que en ella se instalarán. Nuestra política en el Imtvhs fue la preservación de los predios municipales para los fines preestablecidos. En primer lugar se ordenó y se dio transparencia al registro de demanda, lo que implica reglas claras. Cada uno de los anotados podía ver su ubicación hasta en la página web del Instituto. Respecto de los casos de ocupaciones, elaboramos un protocolo muy simple que se basaba en la consigna “las primeras 12 horas son claves”. Desarrollamos un sistema de alertas con lo que teníamos a mano: defensa civil, policías, juntas vecinales, vecinos. Personal del Imtvhs trataba de llegar rápidamente al lugar en conjunto con la policía y entablar diálogo. Se los convocaba mediante nota preelaborada a una reunión en la sede del Instituto con parte del directorio. De llegar a esa reunión –se dio en la mayor parte de los casos– se les exponía a los vecinos las posibilidades que teníamos de que accedan a un lote en forma legal. La mayoría de las veces el obtener repuestas y proyecciones ciertas desalienta la ocupación. Mientras esta persistiera realizábamos, porque es nuestra obligación como funcionarios públicos, la denuncia en sede judicial. Esto lleva a un mecanismo de conciliación que es una segunda instancia de diálogo. Sin embargo, el solo hecho del relevamiento de los ocupantes, que impone la ley por parte de la policía, hacía desistir a aquellos que llegaron más por la oportunidad que por la necesidad. Tuvimos algunos casos emblemáticos que reforzaron frente a la sociedad nuestra determinación: • A los dos días de asumir nuestra función se ocupó por parte de una cooperativa llamada Cerro Ventana un predio junto al lago cercano al destacamento de la Policía Caminera. Ese predio está destinado en una parte, por ordenanza, a playa de maniobras municipal y el resto es un espacio público para esparcimiento y playa. Ante la negativa al abandono insistimos en la Justicia, que dictó una medida que no siempre es efectiva pero que aquí lo fue. La medida de no innovar hizo que se impidiera el acceso de más gente al lugar y también de materiales de construcción y máquinas. Luego de un año se recuperó el predio. Hay que aclarar que por primera vez también se hizo la denuncia al profesional agrimensor que parceló el predio para la ocupación. • También a los dos días de asumir se ocupó un predio público en el barrio San Francisco III, que estaba destinado en parte al traslado de un grupo de vecinos desde una vieja ocupación. Allí se llegó hasta la instancia del desalojo, que fue suspendido por el juez en el momento que estaba siendo efectivo para evitar hechos de violencia que se empezaron a desarrollar. Esto posibilitó el diálogo que hizo que se liberara la tierra para lo que ya estaba acordado y que el grupo de ocupantes pudiera conformarse en una cooperativa que pudiera comprar la tierra que el municipio tenía destinada para este tipo de operatoria. • Al acercarse la entrega de viviendas de barrios del IPPV, los vecinos adjudicados mostraban mucha preocupación por las tomas que se pudieran dar. Desde el Imtvhs decidimos no lavarnos las manos al respecto –en general se le echa el fardo a la Provincia– y trabajar con los vecinos y las empresas para evitarlas. • En unos de los barrios construidos por IPPV pero de amplia participación municipal (“las 270”), por el traslado de vecinos de la barda, armamos con los vecinos un sistema de alertas que dio resultado óptimo en las cinco viviendas que se intentaron ocupar. Con una tarea disuasoria con participación de personal del Instituto y la policía, todas se desalojaron pacíficamente. En particular una vivienda que preservábamos para un par de abuelos con una cuidadora y que se estaba acondicionando, que fue ocupada por una integrante de una ahora conocida cooperativa local. Luego de que saliera del lugar con la respuesta de que nada se obtiene por la fuerza, se presentó al otro día con todo su grupo en el Instituto con la intención de que se le devolviera el lugar u otro en compensación. Nuestra negativa trajo desmanes, pintadas, roturas y hasta robo (ver diario “Río Negro”), pero quedó en claro que no lograron su objetivo. Un par de ocupaciones nos jugaron en contra en esto de comunicar con hechos la política de terminar con estos hechos. Si bien ocurrieron en predios privados que no eran de nuestra competencia, el mensaje para los vecinos es que se puede ocupar sin problemas. Uno es la ocupación del predio de calle La Habana, que se dio días antes de que asumiéramos, perteneciente a una empresa constructora, y otro un predio que había sido vendido por el exsecretario local de UPCN de manera ilegal a un grupo de vecinos que fueron estafados pero que seguía perteneciendo al propietario original, que fue el damnificado. Aquí no sirvió la medida de no innovar porque hubo falta del control necesario por parte de lo indicado por la Justicia y algún nivel de complicidad policial, ya que entre los estafados había policías. Como último conjunto de casos me quiero referir al más importante. Se trata de lo que alguna vez denominé “ocupaciones VIP”. Son personas o empresas que hacen de la posesión de la tierra un negocio y que acceden a ella a base de una red de complicidades que les permite tener muy buena información y acceso. Se instalan en tierras con litigios –generalmente en estado sucesorio– e inician un camino que termina en la usucapión. Aquí no hay necesidad, no hay un derecho incumplido. Simplemente se trata de un robo para el que generalmente contratan matones. En estos casos muy poco hemos podido hacer, sobre todo porque nos faltó tiempo para terminar de investigar en profundidad, pero es un problema de fondo a atacar porque, además del hecho en sí mismo, afecta la reserva de tierra en el ejido. Hay decenas de casos más, cada uno deja un aprendizaje. Nuestro convencimiento surgió de que evitar las ocupaciones protegía el derecho de los más necesitados. También es justo comentar que en algunos casos en lotes aislados nos ha sido muy difícil proceder a la desocupación y hasta ahora se mantiene el litigio. En el caso de los lotes privados debemos aclarar que es deber de ese privado el cuidar de su bien y que la Justicia sólo acepta las presentaciones que vienen de los propietarios. Sin embargo aquellos que siguieron nuestro protocolo tuvieron buenos resultados en la mayoría de los casos. Decía al principio que la tierra es un derecho de todas las personas, esa claridad no evita la complejidad del problema que abordamos. (*) Dirigente de Pueblo. Extitular del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social. Bariloche