Contra la economía

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Por lo común, lo que quieren decir aquellos optimistas que hablan de la necesidad urgente de subordinar lo económico a lo político es que, a su entender, un buen gobierno debería estar en condiciones de defender el bienestar de la gente oponiéndose a las presiones de los odiados mercados. La actitud de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus colaboradores frente a la relación entre lo económico y lo político es otra. Coinciden con los progresistas y el clero católico en que hay que poner la economía al servicio de la política sin preocuparse demasiado por los números, pero tratan la economía nacional como un arma que puede usarse en contra de cualquier gobernador o intendente que, por los motivos que fueran, quisieran castigar, razón por la que les parece natural sabotear la gestión de mandatarios díscolos, rehusando enviarles dinero, impidiéndoles colocar deuda y movilizando a los empleados públicos. Están tan acostumbrados a actuar de esta manera que ya han dejado saber que están dispuestos a privar al gobernador bonaerense y a sus homólogos de Córdoba, Santa Fe y otras jurisdicciones de los fondos que les corresponden a menos que les rindan homenaje con la humildad que creen apropiada. Puede que no quieran provocar estallidos sociales en los distritos boicoteados, los más importantes del país, pero parecen dar por descontado que, en el caso de que los haya, los más perjudicados serán los mandatarios locales. No es nada frecuente que a un gobierno nacional se le ocurra declarar una guerra económica contra buena parte del país que está administrando, pero sucede que desde el punto de vista de los kirchneristas, destruir las aspiraciones presidenciales de Daniel Scioli, José Manuel de la Sota, Hermes Binner y Mauricio Macri es una prioridad absoluta. Lo demás –el nivel de vida de los habitantes de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y la Capital Federal– les es secundario. También lo es la educación. De estar convencidos de que los mandatarios provinciales tendrían que pagar todos los costos políticos de un paro nacional de docentes que durara muchos meses, los kirchneristas no vacilarían en ordenar a sus militantes postergar indefinidamente el inicio del año electivo. Se trata de un juego arriesgado. Scioli y sus simpatizantes saben muy bien lo que se ha propuesto la presidenta pero suponen que terminará girándoles los fondos que necesitan a fin de ahorrarse un problema mayúsculo en un año electoral. Después de todo, de producirse un estallido social protagonizado por estatales desesperados, algunos fragmentos de metralla, tal vez muchos, caerían sobre la Casa Rosada. Por lo tanto, son cada vez más reacios a ceder ante las exigencias de Cristina, quien, por su parte, también parece resuelta a hacer gala de su intransigencia. Siempre ha sido rutinario que los políticos procuren atribuirse todo lo positivo y responsabilizar a sus adversarios o rivales por lo negativo, pero en el mundo democrático pocos se han aferrado tanto al principio sencillo así supuesto como los kirchneristas. Al ingresar el país en una fase recesiva que podría resultar mucho más agitada de lo que la mayoría quisiera prever, el gobierno de Cristina parece estar más interesado en aprovechar las oportunidades planteadas por el deterioro rápido del estado de la economía nacional que en tratar de impedir que la crisis siga profundizándose. Tal estrategia podría brindarle los resultados deseados si ella y los funcionarios a cargo de distintas reparticiones del Poder Ejecutivo nacional tuvieran la reputación de ser administradores eficaces, pero, desgraciadamente para el oficialismo kirchnerista, a ojos del grueso de la clase media son tan inoperantes como torpes. Es por eso que, hasta ahora, los intentos del gobierno nacional por hundir a Scioli han resultado ser contraproducentes. Puede que el bonaerense diste de ser un dechado de eficiencia administrativa, pero han sido tan impúdicas las maniobras en su contra de Cristina, del vicegobernador camporista Gabriel Mariotto y otros, que una proporción significante de sus comprovincianos lo considera víctima de una campaña maliciosa, lo que le ha permitido conservar un índice de aprobación que es llamativamente superior a los ostentados por la presidenta misma o, es innecesario decirlo, por cualquier integrante de su entorno.