El impacto del diluvio
La devastación que fue provocada por el temporal violento que la semana pasada azotó la Capital Federal y el noreste de la provincia de Buenos Aires ha suministrado al gobierno nacional una buena oportunidad para cambiar su estrategia tanto política como económica, sin brindar la impresión de estar batiéndose en retirada. Les guste o no a Cristina Fernández de Kirchner y a aquellos militantes que creen que la mejor forma de aumentar su propio poder consiste en avasallar a los rivales en potencia por los medios que fueran, hasta nuevo aviso les resultará contraproducente continuar privando de fondos al gobierno bonaerense con el propósito de castigar a Daniel Scioli por el delito de ser más popular que la jefa de Estado. Aunque es de suponer que la presidenta, el vicegobernador Gabriel Mariotto y los tristemente célebres ultras K seguirán tratando de ocasionarle dificultades, los más sensatos sabrán que les convendría un armisticio. Por cierto, cualquier manifestación de hostilidad contra los habitantes de las zonas más afectadas por el temporal sería considerada crasamente irresponsable y por lo tanto los perjudicará, ya que, como siempre ha sido el caso, las víctimas principales de las maniobras de los decididos a poner fin a la carrera política de Scioli no serían los funcionarios que responden al gobernador sino los millones de bonaerenses que viven al borde de la indigencia. El desastre, que en opinión de casi todos fue agravado por la imprevisión que es tan característica de los gobiernos populistas, se dio en un momento económico muy delicado. Si bien el famoso “modelo” de Cristina comenzó a agotarse hace varios años, con la ayuda del Indec intervenido, un gran esfuerzo propagandístico y un gasto público inflado a fin de estimular el consumo, el gobierno logró ocultar los síntomas hasta verse constreñido a tomar medidas draconianas para impedir el colapso; entre otras cosas, impuso un cepo cambiario, bloqueó importaciones y congeló los precios en los supermercados con la esperanza de demorar, por motivos electoralistas, el derrumbe definitivo del esquema adoptado por Néstor Kirchner al iniciar su gestión en mayo del 2003. Reconciliar esta realidad deprimente con el relato triunfalista de los oficialistas nunca fue fácil, pero es de prever que en adelante los encargados de manejar distintos ámbitos de la economía nacional intentarán hacerlo atribuyendo todos los problemas a las inundaciones que, se estima, causaron pérdidas de más de 5.000 millones de pesos, un monto sin duda significante pero uno que, en otras circunstancias, resultaría soportable e incluso podría ser positivo en términos económicos debido a los beneficios que arrojaría un programa “keynesiano” de reconstrucción. Así, pues, voceros de YPF no vacilaron en afirmar que el incendio que el martes pasado ocasionó daños importantes en la destilería de Ensenada, la mayor del país, se debió al temporal, aunque a juicio de muchos expertos lo habría desatado un desperfecto eléctrico. Sea como fuere, una consecuencia del siniestro es que la empresa tendrá que gastar aproximadamente 900 millones de dólares para importar nafta, aumentando todavía más los costos ya enormes del déficit energético que está en vías de eliminar uno de los pilares del “modelo”, el superávit comercial. A los costos materiales inmediatos de las inundaciones, será necesario agregar los perjuicios ocasionados a la agricultura. Aunque no resulte afectado el producto más importante del país, la soja, la caída sostenida del precio del “yuyo” en los mercados internacionales es motivo de preocupación. La semana pasada, bajó a 500 dólares la tonelada, perdiendo 37 dólares en apenas diez días, lo que es una pésima noticia para el gobierno, y el país, ya que se preveía que durante el año actual el precio se mantendría en torno de 532 dólares. Por ser tan grande la incidencia de las ventas de la soja en la marcha de la economía, si sigue cayendo el precio el gobierno tendrá que prepararse para reducir drásticamente los gastos que se ha propuesto para enfrentar un año electoral, lo que haría so pretexto de que las lluvias catastróficas que cayeron sobre La Plata lo han obligado a emprender un ajuste solidario, aun cuando las causas reales de la situación en que se encuentra tienen más que ver con la gestión deficiente del gobierno kirchnerista que con un desastre natural.
La devastación que fue provocada por el temporal violento que la semana pasada azotó la Capital Federal y el noreste de la provincia de Buenos Aires ha suministrado al gobierno nacional una buena oportunidad para cambiar su estrategia tanto política como económica, sin brindar la impresión de estar batiéndose en retirada. Les guste o no a Cristina Fernández de Kirchner y a aquellos militantes que creen que la mejor forma de aumentar su propio poder consiste en avasallar a los rivales en potencia por los medios que fueran, hasta nuevo aviso les resultará contraproducente continuar privando de fondos al gobierno bonaerense con el propósito de castigar a Daniel Scioli por el delito de ser más popular que la jefa de Estado. Aunque es de suponer que la presidenta, el vicegobernador Gabriel Mariotto y los tristemente célebres ultras K seguirán tratando de ocasionarle dificultades, los más sensatos sabrán que les convendría un armisticio. Por cierto, cualquier manifestación de hostilidad contra los habitantes de las zonas más afectadas por el temporal sería considerada crasamente irresponsable y por lo tanto los perjudicará, ya que, como siempre ha sido el caso, las víctimas principales de las maniobras de los decididos a poner fin a la carrera política de Scioli no serían los funcionarios que responden al gobernador sino los millones de bonaerenses que viven al borde de la indigencia. El desastre, que en opinión de casi todos fue agravado por la imprevisión que es tan característica de los gobiernos populistas, se dio en un momento económico muy delicado. Si bien el famoso “modelo” de Cristina comenzó a agotarse hace varios años, con la ayuda del Indec intervenido, un gran esfuerzo propagandístico y un gasto público inflado a fin de estimular el consumo, el gobierno logró ocultar los síntomas hasta verse constreñido a tomar medidas draconianas para impedir el colapso; entre otras cosas, impuso un cepo cambiario, bloqueó importaciones y congeló los precios en los supermercados con la esperanza de demorar, por motivos electoralistas, el derrumbe definitivo del esquema adoptado por Néstor Kirchner al iniciar su gestión en mayo del 2003. Reconciliar esta realidad deprimente con el relato triunfalista de los oficialistas nunca fue fácil, pero es de prever que en adelante los encargados de manejar distintos ámbitos de la economía nacional intentarán hacerlo atribuyendo todos los problemas a las inundaciones que, se estima, causaron pérdidas de más de 5.000 millones de pesos, un monto sin duda significante pero uno que, en otras circunstancias, resultaría soportable e incluso podría ser positivo en términos económicos debido a los beneficios que arrojaría un programa “keynesiano” de reconstrucción. Así, pues, voceros de YPF no vacilaron en afirmar que el incendio que el martes pasado ocasionó daños importantes en la destilería de Ensenada, la mayor del país, se debió al temporal, aunque a juicio de muchos expertos lo habría desatado un desperfecto eléctrico. Sea como fuere, una consecuencia del siniestro es que la empresa tendrá que gastar aproximadamente 900 millones de dólares para importar nafta, aumentando todavía más los costos ya enormes del déficit energético que está en vías de eliminar uno de los pilares del “modelo”, el superávit comercial. A los costos materiales inmediatos de las inundaciones, será necesario agregar los perjuicios ocasionados a la agricultura. Aunque no resulte afectado el producto más importante del país, la soja, la caída sostenida del precio del “yuyo” en los mercados internacionales es motivo de preocupación. La semana pasada, bajó a 500 dólares la tonelada, perdiendo 37 dólares en apenas diez días, lo que es una pésima noticia para el gobierno, y el país, ya que se preveía que durante el año actual el precio se mantendría en torno de 532 dólares. Por ser tan grande la incidencia de las ventas de la soja en la marcha de la economía, si sigue cayendo el precio el gobierno tendrá que prepararse para reducir drásticamente los gastos que se ha propuesto para enfrentar un año electoral, lo que haría so pretexto de que las lluvias catastróficas que cayeron sobre La Plata lo han obligado a emprender un ajuste solidario, aun cuando las causas reales de la situación en que se encuentra tienen más que ver con la gestión deficiente del gobierno kirchnerista que con un desastre natural.
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