Cierran la investigación por la fortuna secreta de Pinochet

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SANTIAGO, Chile.- La Justicia chilena cerró la investigación por el enriquecimiento ilícito del fallecido dictador Augusto Pinochet, sin acusar a sus familiares. “Es una frustración que esto quede en la impunidad”, reclamó la abogada querellante Carmen Hertz, quien fustigó que la justicia no avanzó en indagar los nexos de Pinochet con el tráfico de armas tras nueve años de investigaciones. “En la arista de coimas (sobornos) por transferencia de armas se encuentran acreditadas irregularidades que no siguieron siendo investigadas, porque para investigar esa trama hay que tener mucho coraje y mucha independencia”, aseveró la jurista. Hertz, exfuncionaria de la Cancillería chilena, anunció que los querellantes recurrirán hasta la Corte Suprema para revertir la decisión del juez Manuel Valderrama, a quien acusó de no hacer nada los últimos años. En la vereda opuesta, la familia del exdictador expresó su satisfacción con la resolución, la que puede ser apelada a la Corte Suprema. Rodrigo García Pinochet, nieto del general, dijo que “todo lo que se dijo, lo que se argumentó, se acusó… mancha’’. Pinochet murió el 10 de diciembre de 2006, a los 91 años, mientras estaba bajo arresto domiciliario y enfrentaba tres juicios por violaciones a los derechos humanos durante su régimen (1973-1990) y otra causa por fraude al fisco y falsificación de pasaportes. Estos dos últimos casos están relacionados con la fortuna secreta del general. El dictador juró que el dinero descubierto en cuentas secretas de bancos extranjeros, especialmente en la sucursal del Riggs, en Washington, era producto de sus ahorros. Sin embargo, una auditoría encargada a la Universidad de Chile determinó que Pinochet poseía 21,32 millones de dólares de los cuales 17,86 millones de dólares no estaban justificados y se desconocía su origen. Una fuente de ese dinero fueron los gastos reservados que Pinochet recibió en su calidad de presidente. Unos pocos millones de dólares fueron ubicados y congelados. Parte de ellos se usaron para pagar impuestos territoriales de las casas de la familia Pinochet. El Consejo de Defensa del Estado, que vela por los dineros públicos, tiene 15 días de plazo para apelar de la decisión; de lo contrario, el juez Manuel Antonio Valderrama seguirá con la etapa acusatoria contra los inculpados que podrían recibir penas de entre cinco y diez años de prisión. El abogado querellante, Alfonso Insunza, no se extrañó por el cierre de la causa y de que quedaran fuera de ella los familiares de Pinochet. (DPA/AFP)