El temor a la inestabilidad

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En opinión del gobernador bonaerense Daniel Scioli, votar por los candidatos del Frente para la Victoria ayudaría a “cuidar la estabilidad institucional”, razón por la que supone que los muchos que temen que el país esté por experimentar otra crisis caótica deberían respaldarlo en las urnas. Se trata de un planteo interesado, uno rayano en el chantaje, que motivaría extrañeza, cuando no cierta indignación, en otros países democráticos en los que la alternancia en el poder es considerada normal y, de todos modos, resulta frecuente que hacia el fin de su ciclo el partido gobernante se vea en minoría en el Parlamento, pero en la Argentina dista de ser absurdo. Como Scioli sabe muy bien, aquí las instituciones son precarias y, para colmo, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se ha esforzado, con éxito, a debilitarlas aún más. Es por tales motivos que la derrota inapelable que sufrió el oficialismo en las primarias del mes pasado y la posibilidad de que le aguarde una aún más contundente en las elecciones verdaderas del 27 de octubre han cambiado tanto el panorama político que es legítimo preocuparse por el futuro de la “estabilidad institucional”. Si bien la idea de que la mejor forma de asegurarla consistiría en optar por subir al vehículo electoral que fue improvisado por el matrimonio Kirchner y cuyo conductor principal actual es Scioli, sólo convencerá a una minoría, no cabe duda alguna de que la implosión del poder presidencial podría crear una situación difícilmente manejable. La estabilidad institucional se ve frente a dos amenazas, de origen común: Cristina y la falta de escrúpulos o, si se prefiere, el pragmatismo de casi todos los caciques peronistas. En vista de que la presidenta se ha acostumbrado a gobernar de manera autocrática, sin prestar atención a nadie fuera de su pequeño círculo áulico, no le será exactamente fácil adaptarse a las exigencias de la nueva realidad surgida de las urnas. Parecería que se ha propuesto seguir como si el cambio de clima político que se ha registrado careciera de importancia, pretensión que, desde luego, el grueso de la ciudadanía no estaría dispuesto a tolerar. Por reacios que sean los legisladores de la oposición, la que se ha visto fortalecida últimamente por la llegada subrepticia de exkirchneristas, a provocarle problemas innecesarios, no podrán cohonestar aquellos proyectos de ley que les parezcan insensatos. Así, pues, de tratar Cristina de continuar impulsando medidas tan polémicas como las supuestas por el pacto con Irán y el blanqueo de capitales, el Poder Ejecutivo no tardaría en chocar con el Legislativo. También sería de prever más conflictos con el Poder Judicial que ya antes de las primarias bloqueaba iniciativas oficiales de legalidad dudosa. Puesto que, según Cristina, hasta intentar “contener” el kirchnerismo, como corresponde en un Estado de derecho, es de por sí golpista, parece virtualmente inevitable que dentro de poco el orden constitucional se vea amenazado no por la oposición sino por el gobierno mismo. Con escasas excepciones, los integrantes de la clase política nacional juran estar decididos a colaborar con el gobierno para que termine su mandato con tranquilidad, pero no les será del todo sencillo defender la estabilidad a menos que Cristina modifique radicalmente su conducta. ¿Estará dispuesta a hacerlo una mandataria de instintos autoritarios que acaba de perder buena parte del apoyo popular en el que se había basado su autoridad? Puede que sí, pero aun cuando Cristina sorprenda a los escépticos adaptándose a las circunstancias, muchos peronistas podrían decidir que les convendría alejarse cuanto antes de ella porque de otro modo correrían el riesgo de tener que compartir la responsabilidad por los contratiempos que ven acercándose. Aunque el peronismo en su conjunto ha madurado luego de que fracciones del movimiento protagonizaran una larga serie de desastres, entre ellos los que hicieron tan aciaga la década de los setenta del siglo pasado, todavía hay amplios sectores que no sienten ningún respeto por la Constitución existente y que, por lo tanto, no vacilarían en procurar forzar a la presidenta a abandonar el poder antes de la fecha prevista si creyeran que, para ellos, sería la alternativa menos peligrosa.