Saqueos de arriba
Decía Juan Domingo Perón que “la violencia de arriba engendra la violencia de abajo”, de tal forma justificando lo que cuarenta años atrás hacía “la juventud maravillosa” que lo creía un revolucionario izquierdista. Según el expresidente interino Eduardo Duhalde, “los saqueos de arriba generan saqueos de abajo”, pero, a diferencia del fundador del movimiento en el que aún milita, no es su intención minimizar la gravedad de los delitos que perpetran turbas que aprovechan la ausencia de efectivos policiales para vaciar comercios y, a veces, casas particulares. Antes bien, Duhalde supone que hay un vínculo directo entre la conducta de los gobernantes por un lado y, por el otro, el código de valores de los gobernados. No se trata de una tesis novedosa, ya que siempre se ha dado por descontado que es deber de los líderes brindar un buen ejemplo, pero en nuestro país los acostumbrados a ver todo cuanto sucede a través de un prisma ideológico suelen argüir que, por motivos políticos, es necesario pasar por alto la corrupción de dirigentes a su juicio progresistas. Es por eso que personajes que denunciaban con vehemencia el enriquecimiento sorprendente de funcionarios menemistas no sólo reaccionaron con indiferencia frente al crecimiento asombroso del patrimonio de Néstor Kirchner y su esposa, sino que también acusaron a quienes pedían explicaciones de ser golpistas que querían restaurar el sistema económico vigente en los años noventa del siglo pasado. En otras partes del mundo es habitual que los dirigentes se sientan obligados a respetar valores éticos mucho más severos que los considerados apropiados para la gente común, de ahí los escándalos que periódicamente estallan cuando uno comete una infracción que, de tratarse de un ciudadano privado, apenas llamaría la atención. Huelga decir que en este ámbito, como en tantos otros, la Argentina es diferente. Con razón o sin ella, muchos están convencidos de que el vicepresidente de la República, Amado Boudou, ha adquirido una auténtica fortuna por medios ilícitos y que otros funcionarios han obrado igual, si bien de manera menos ostentosa. Por lo demás, al hacer suya la consigna de La Cámpora “vamos por todo”, la mismísima presidenta Cristina Fernández de Kirchner nos advirtió que el gobierno nacional no se permitiría frenar por los anticuados conceptos en que se basa una Constitución “burguesa”. Y, como si no fueran suficiente tales manifestaciones de desprecio por las normas, el gobierno kirchnerista nunca ha vacilado en respaldar a grupos de piqueteros oficialistas que cortan calles y carreteras. Incluso llegó al extremo de apadrinar a los asambleístas de Gualeguaychú cuando procuraron cerrar las vías de acceso a la república vecina de Uruguay. No cabe duda de que el estilo transgresor favorecido por el kirchnerismo ha incidido en la mentalidad de muchas personas, comenzando con las que integran su clientela electoral subsidiada. Desde hace más de diez años, el gobierno y sus simpatizantes las bombardean con mensajes destinados a convencerlas de que son víctimas de un sistema social y económico sumamente injusto, con la implicación de que las leyes sólo sirven para sostener un statu quo inicuo. Así y todo, el impacto de la ofensiva propagandística oficialista no ha sido tan destructivo como hubiera sido legítimo prever. Lo sorprendente no es que todos los años se produzcan saqueos en vísperas de las fiestas navideñas, sino que el país entero no sea un aquelarre permanente. Parecería que la mayoría abrumadora, incluyendo a millones que viven al borde de la indigencia o que ya han caído en ella, sigue aferrándose a un conjunto de valores que son muy superiores a los insinuados por los militantes kirchneristas o por aquellos funcionarios que privilegian sus propios intereses materiales por encima de los del resto de la comunidad. Pero, por desgracia, la minoría que comparte el desdén de individuos relacionados con el oficialismo por normas sin las cuales la convivencia pacífica sería imposible es más que capaz de provocar el caos, como acaba de hacer en una veintena de provincias. Es que Duhalde tiene razón: la violencia “de abajo” se ve potenciada cuando la gente “de arriba”, o sea la clase dirigente, carece de autoridad moral o, lo que es peor todavía, reivindica, por lo que hace y por lo que dicen sus representantes, un código de valores que es incompatible con la paz social.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.124.965 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Sábado 14 de diciembre de 2013
Decía Juan Domingo Perón que “la violencia de arriba engendra la violencia de abajo”, de tal forma justificando lo que cuarenta años atrás hacía “la juventud maravillosa” que lo creía un revolucionario izquierdista. Según el expresidente interino Eduardo Duhalde, “los saqueos de arriba generan saqueos de abajo”, pero, a diferencia del fundador del movimiento en el que aún milita, no es su intención minimizar la gravedad de los delitos que perpetran turbas que aprovechan la ausencia de efectivos policiales para vaciar comercios y, a veces, casas particulares. Antes bien, Duhalde supone que hay un vínculo directo entre la conducta de los gobernantes por un lado y, por el otro, el código de valores de los gobernados. No se trata de una tesis novedosa, ya que siempre se ha dado por descontado que es deber de los líderes brindar un buen ejemplo, pero en nuestro país los acostumbrados a ver todo cuanto sucede a través de un prisma ideológico suelen argüir que, por motivos políticos, es necesario pasar por alto la corrupción de dirigentes a su juicio progresistas. Es por eso que personajes que denunciaban con vehemencia el enriquecimiento sorprendente de funcionarios menemistas no sólo reaccionaron con indiferencia frente al crecimiento asombroso del patrimonio de Néstor Kirchner y su esposa, sino que también acusaron a quienes pedían explicaciones de ser golpistas que querían restaurar el sistema económico vigente en los años noventa del siglo pasado. En otras partes del mundo es habitual que los dirigentes se sientan obligados a respetar valores éticos mucho más severos que los considerados apropiados para la gente común, de ahí los escándalos que periódicamente estallan cuando uno comete una infracción que, de tratarse de un ciudadano privado, apenas llamaría la atención. Huelga decir que en este ámbito, como en tantos otros, la Argentina es diferente. Con razón o sin ella, muchos están convencidos de que el vicepresidente de la República, Amado Boudou, ha adquirido una auténtica fortuna por medios ilícitos y que otros funcionarios han obrado igual, si bien de manera menos ostentosa. Por lo demás, al hacer suya la consigna de La Cámpora “vamos por todo”, la mismísima presidenta Cristina Fernández de Kirchner nos advirtió que el gobierno nacional no se permitiría frenar por los anticuados conceptos en que se basa una Constitución “burguesa”. Y, como si no fueran suficiente tales manifestaciones de desprecio por las normas, el gobierno kirchnerista nunca ha vacilado en respaldar a grupos de piqueteros oficialistas que cortan calles y carreteras. Incluso llegó al extremo de apadrinar a los asambleístas de Gualeguaychú cuando procuraron cerrar las vías de acceso a la república vecina de Uruguay. No cabe duda de que el estilo transgresor favorecido por el kirchnerismo ha incidido en la mentalidad de muchas personas, comenzando con las que integran su clientela electoral subsidiada. Desde hace más de diez años, el gobierno y sus simpatizantes las bombardean con mensajes destinados a convencerlas de que son víctimas de un sistema social y económico sumamente injusto, con la implicación de que las leyes sólo sirven para sostener un statu quo inicuo. Así y todo, el impacto de la ofensiva propagandística oficialista no ha sido tan destructivo como hubiera sido legítimo prever. Lo sorprendente no es que todos los años se produzcan saqueos en vísperas de las fiestas navideñas, sino que el país entero no sea un aquelarre permanente. Parecería que la mayoría abrumadora, incluyendo a millones que viven al borde de la indigencia o que ya han caído en ella, sigue aferrándose a un conjunto de valores que son muy superiores a los insinuados por los militantes kirchneristas o por aquellos funcionarios que privilegian sus propios intereses materiales por encima de los del resto de la comunidad. Pero, por desgracia, la minoría que comparte el desdén de individuos relacionados con el oficialismo por normas sin las cuales la convivencia pacífica sería imposible es más que capaz de provocar el caos, como acaba de hacer en una veintena de provincias. Es que Duhalde tiene razón: la violencia “de abajo” se ve potenciada cuando la gente “de arriba”, o sea la clase dirigente, carece de autoridad moral o, lo que es peor todavía, reivindica, por lo que hace y por lo que dicen sus representantes, un código de valores que es incompatible con la paz social.
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