Luces de alarma
De todos los muchos episodios delictivos que se han registrado últimamente, el que más estupor provocó fue el protagonizado hace poco no por criminales comunes sino por sindicalistas portuarios que, luego de golpear y robar a un discapacitado que trataba de llevar a su esposa embarazada a un hospital, lo arrojaron del puente que habían cortado en el transcurso de una disputa interna gremial. Como es habitual, la policía no intervino; los uniformados saben muy bien que podrían ser sancionados si se les ocurriera intentar reprimir una “protesta social”. A juicio de muchos, son igualmente reacios a enfrentar con la dureza necesaria a los delincuentes comunes. Se ha difundido la impresión de que el permisivismo predicado tanto por el gobierno kirchnerista como por otros sectores políticos se refleja no sólo en la negativa a impedir que cometan excesos los acostumbrados a pisotear los derechos ajenos por entender que de tal modo obligarán a las autoridades a prestar atención a sus propios reclamos sectoriales sino que también está detrás de la ola de salvajismo delictivo que el país está sufriendo. Se supone que en ambos casos, en el de la proliferación de protestas violentas en que la ciudadanía desempeña el papel de rehén y en aquel en que delincuentes, algunos vinculados con el crimen organizado en gran escala, creen poder actuar con impunidad, ha sido decisiva la influencia de un gobierno que, por motivos presuntamente ideológicos, se ha mantenido pasivo frente a la degradación progresiva de las normas sociales. He aquí la razón por la que el diputado y precandidato presidencial, Sergio Massa, pudo hundir en un par de días la reforma del Código Penal ensayada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el juez “garantista” Eugenio Zaffaroni, al calificarla de absurdamente permisiva. Puede que las críticas formuladas por Massa hayan sido un tanto prematuras, ya que sólo se trataba de un anteproyecto, pero, como se dio cuenta, en las circunstancias imperantes insinuar que a veces sería mejor hacer menos severas las penas motivaría el repudio mayoritario. Aunque el gobernador bonaerense Daniel Scioli acusó a su rival principal en la batalla por liderar el peronismo moderado de “sembrar miedo en la gente diciendo que vamos a abrir las cárceles y vamos a dejar a todos los delincuentes libres para que hagan lo que quieran”, en seguida comprendió que no le convendría del todo adoptar una postura menos dura, razón por la que dice que a él también lo indigna saber que los criminales “entran por una puerta y salen por la otra”, porque el país está viviendo “un momento dramático con mucha sangre derramada y mucha violencia”. Parecería, pues, que la etapa signada por la permisividad consentida por la clase política nacional tiene los días contados y que en adelante habrá más “represión”, ya que muchos temen que, caso contrario, la Argentina corra el peligro de terminar como Venezuela donde, de resultas de más de una década de populismo agresivo, la tasa de homicidios es más alta que en países como Irak y Afganistán. ¿Serviría una política de mano dura para que la seguridad ciudadana dejara de encabezar la lista de preocupaciones populares? Por desgracia, la experiencia hace pensar que es poco probable. Son contraproducentes tanto la propensión, casi institucionalizada por los kirchneristas, a tratar a los delincuentes como víctimas de un orden social muy injusto como la de confiar en que una política de mano dura sirva para limpiar las calles de los delincuentes que las infestan. Hasta hace poco, los alarmados por el “gatillo fácil” parecían querer que los policías actuaran como si fueran enfermeros bondadosos, pero pronto podrían hacerse oír nuevamente las voces de los tentados a ordenarles “meter bala”, o sea matar a los sospechosos sin perder el tiempo deteniéndolos. Huelga decir que no es una casualidad que el cambio de clima haya coincidido con las postrimerías de la hegemonía kirchnerista. La combinación de ineptitud administrativa y corrupción congénita que es tan característica del gobierno actual ha contribuido a la sensación de que el país está deslizándose hacia un período de desorden generalizado, de la que la prepotencia brutal de tantos delincuentes y el desprecio de los “luchadores sociales” por los derechos ajenos son manifestaciones.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.124.965 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Martes 18 de marzo de 2014
De todos los muchos episodios delictivos que se han registrado últimamente, el que más estupor provocó fue el protagonizado hace poco no por criminales comunes sino por sindicalistas portuarios que, luego de golpear y robar a un discapacitado que trataba de llevar a su esposa embarazada a un hospital, lo arrojaron del puente que habían cortado en el transcurso de una disputa interna gremial. Como es habitual, la policía no intervino; los uniformados saben muy bien que podrían ser sancionados si se les ocurriera intentar reprimir una “protesta social”. A juicio de muchos, son igualmente reacios a enfrentar con la dureza necesaria a los delincuentes comunes. Se ha difundido la impresión de que el permisivismo predicado tanto por el gobierno kirchnerista como por otros sectores políticos se refleja no sólo en la negativa a impedir que cometan excesos los acostumbrados a pisotear los derechos ajenos por entender que de tal modo obligarán a las autoridades a prestar atención a sus propios reclamos sectoriales sino que también está detrás de la ola de salvajismo delictivo que el país está sufriendo. Se supone que en ambos casos, en el de la proliferación de protestas violentas en que la ciudadanía desempeña el papel de rehén y en aquel en que delincuentes, algunos vinculados con el crimen organizado en gran escala, creen poder actuar con impunidad, ha sido decisiva la influencia de un gobierno que, por motivos presuntamente ideológicos, se ha mantenido pasivo frente a la degradación progresiva de las normas sociales. He aquí la razón por la que el diputado y precandidato presidencial, Sergio Massa, pudo hundir en un par de días la reforma del Código Penal ensayada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el juez “garantista” Eugenio Zaffaroni, al calificarla de absurdamente permisiva. Puede que las críticas formuladas por Massa hayan sido un tanto prematuras, ya que sólo se trataba de un anteproyecto, pero, como se dio cuenta, en las circunstancias imperantes insinuar que a veces sería mejor hacer menos severas las penas motivaría el repudio mayoritario. Aunque el gobernador bonaerense Daniel Scioli acusó a su rival principal en la batalla por liderar el peronismo moderado de “sembrar miedo en la gente diciendo que vamos a abrir las cárceles y vamos a dejar a todos los delincuentes libres para que hagan lo que quieran”, en seguida comprendió que no le convendría del todo adoptar una postura menos dura, razón por la que dice que a él también lo indigna saber que los criminales “entran por una puerta y salen por la otra”, porque el país está viviendo “un momento dramático con mucha sangre derramada y mucha violencia”. Parecería, pues, que la etapa signada por la permisividad consentida por la clase política nacional tiene los días contados y que en adelante habrá más “represión”, ya que muchos temen que, caso contrario, la Argentina corra el peligro de terminar como Venezuela donde, de resultas de más de una década de populismo agresivo, la tasa de homicidios es más alta que en países como Irak y Afganistán. ¿Serviría una política de mano dura para que la seguridad ciudadana dejara de encabezar la lista de preocupaciones populares? Por desgracia, la experiencia hace pensar que es poco probable. Son contraproducentes tanto la propensión, casi institucionalizada por los kirchneristas, a tratar a los delincuentes como víctimas de un orden social muy injusto como la de confiar en que una política de mano dura sirva para limpiar las calles de los delincuentes que las infestan. Hasta hace poco, los alarmados por el “gatillo fácil” parecían querer que los policías actuaran como si fueran enfermeros bondadosos, pero pronto podrían hacerse oír nuevamente las voces de los tentados a ordenarles “meter bala”, o sea matar a los sospechosos sin perder el tiempo deteniéndolos. Huelga decir que no es una casualidad que el cambio de clima haya coincidido con las postrimerías de la hegemonía kirchnerista. La combinación de ineptitud administrativa y corrupción congénita que es tan característica del gobierno actual ha contribuido a la sensación de que el país está deslizándose hacia un período de desorden generalizado, de la que la prepotencia brutal de tantos delincuentes y el desprecio de los “luchadores sociales” por los derechos ajenos son manifestaciones.
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