“De la Rúa no podía ignorar la plaza”

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CARLOS TORRENGO

carlostorrengo@hotmail.com

— En Río Negro se tardó 13 años en llevar a juicio una causa por corrupción en el manejo del Banco de la Provincia. Usted, por el CELS, es abogado querellante en las muertes por la represión de diciembre del 2001 en Capital Federal. Doce años después recién se inicia el juicio. Demoras similares definen la causa Embajada y Amia. ¿Cómo explicar estas demoras?

— Que no es justificarlas, que quede en claro… Mire, creo que dada la experiencia que se tiene acumulada, de hecho la dilatación de las causas, su demora en ir a juicio, es como mínimo una expresión que orilla la no justicia, condiciona, desalienta. Puede concluirse que es una cultura que expresa también intereses en juego, por supuesto. Es cierto, hay que reconocer que el fuero Federal está tapado de trabajo. Pero luego está como factor de dilación la propia tarea de muchos planos de los operadores que intervienen en una causa. Defensas que demoran, solicitan aclaraciones sobre lo que ya está claro, traban en algunos casos con argumentaciones que sólo tienen el fin de demorar… sectores de la Justicia que ante una causa compleja como los hechos de diciembre del 2001, se dejan ganar por la misma complejidad y entonces se dilatan decisiones. Toda una cultura.

— Reflexionado desde el CELS, ¿en qué causas prima definidamente la dilación?

— En todo lo concerniente a violaciones a los derechos humanos que conllevan delitos de lesa humanidad.

—Concretamente, ¿la Justicia argentina está en condiciones de procesar sin idas y vueltas causas de esta naturaleza?

— No en los términos de hacer valer, colocar en grado de eficiencia su autonomía o la autonomía de su poder. Yo le doy un caso relacionado con este juicio: la Justicia, en tren de investigar, requiere de colaboración de organismos auxiliares. Para el caso y concretamente, la Policía Federal, cuyos mandos de aquel diciembre estuvieron comprometidos en la represión y hoy bajo juicio. Y es la Policía Federal la que hace los peritajes. Conclusión: se entra en un terreno de sospechas, dilaciones, resultados a medias. Toda una madeja que siempre termina lesionando la investigación. No quiero con esto deslindar responsabilidades del sistema judicial, pero entre dilaciones de unos, renuencias de otros, el resultado es la ausencia de justicia.

— No se entiende por qué la jueza Servini de Cubría, que en la tarde del 20 de diciembre intervino directamente en Plaza de Mayo para frenar la represión, luego dejó de lado el caso cuando ya estaba en curso…

— Alegó desde situaciones que le generaban violencia moral. Pero ese proceso que conduce a que se separe del caso, ejemplifica nítidamente la demora en iniciarse el juicio. Porque de hecho, se perdió un año.

— En relación a la represión en Capital Federal del 20 de diciembre del 2001, ¿qué dato expresa toda esa cultura de la demora?

— Muchos, pero tomo uno. Acá se está juzgando -entre los 17 acusados vinculados a la represión del 20 y los alcances en términos de muertes y heridos- a dos funcionarios de máxima responsabilidad del gobierno de Fernando de la Rúa: Enrique Mathov, entonces secretario de Seguridad, y Rubén Santos, exjefe de la Policía Federal. Ambos fueron procesados en el 2002, pero los procesamientos fueron confirmados una década después: 2012. Recién entonces se liberó el camino para el juicio oral.

— Mirada desde la historia de la violencia política en el país, ¿esta causa qué tiene como naturaleza distintiva?

— Y, están en el banquillo funcionarios políticos y mandos decisivos en el manejo del sistema de seguridad: Mathov, Santos, como ya le dije, gran parte de la cúpula de la Policía Federal de aquel momento, y no olvidemos que la imputación también alcanzó al entonces ministro del Interior Ramón Mestre, pero murió. En democracia, por hechos de violencia en los que participa el Estado, este juicio no tiene precedentes en términos de colocar toda una estructura de poder bajo imputación de haber generado una sangrienta represión.

— ¿Los asesinatos de Kosteki y Santillán no se encuadran en esos términos?

— No. En ese hecho no se imputó, no se pudo llegar a imputar, a planos políticos, por ejemplo el entonces presidente Eduardo Duhalde. El proceso quedó centrado y se concretó en términos de acción de la Justicia, en los planos operativos de la Policía de la provincia de Buenos Aires, que fueron juzgados y condenados…

— ¿Fernando de La Rúa tendría que estar entre los acusados?

— Por supuesto, pero la Cámara Federal lo desligó de responsabilidades en el caso. Nosotros hemos elevado recursos de apelación y la Corte los remitió a la Procuración General de la Nación. Ahora se espera el dictamen de ésta. Luego será la hora de la Corte, tendrá que fallar. Y esperamos que el máximo tribunal defina en favor de llevar al expresidente a juicio.

— ¿En razón de qué?

— Cómo mínimo, mínimo, decirle: “Señor, explíquese: usted era presidente de la Nación. No podía ignorar lo que estaba sucediendo a menos de 100 metros de su despacho”.

— En el pedido de elevación a juicio oral de la causa por las muertes del 20 de diciembre, el CELS detalla una reunión que en la mañana de ese día hubo en Olivos donde Mestre, Mathov y García Batallán, segundo de Interior, deciden despejar Plaza de Mayo para negociar sin presiones con el peronismo un gobierno de superación de la crisis. Pero esa reunión es negada por los acusados. ¿Cómo es esta cuestión?

— La reunión existió y es absolutamente verosímil con la línea que había comenzado a seguir De la Rúa en horas anteriores: instar al peronismo para un gobierno de coalición ante el momento que vivía el país. Los máximos mandos estaban, el 20, reunidos en San Luis para definir qué hacer ante el momento.

— ¿Pero qué necesitaba De la Rúa en relación a esa negociación?

— Lo que le sugirió su círculo íntimo en la reunión de Olivos: sacar a la gente de la Plaza porque, con ella ahí, el peronismo no negociaría…

— ¿Quién es la fuente de lo decidido en Olivos?

— Lautaro García Batallán. Incluso se lo cuenta (y esto consta en nuestro pedido a elevación a juicio) al diputado Luis Zamora y a Roselli, con quienes se entrevista ese día en tanto segundo de Interior.

— ¿O sea que la orden de represión y desalojo salen del gobierno?

— Y la policía obedece. Pero ya Santos, el jefe de la Federal, había actuado arbitrariamente. En un momento, antes de que se profundizaran los hechos, había ordenado detener a todo el que cruzara Plaza de Mayo. Luego a las Madres y de ahí en más… “Quiero 50 detenidos”, había dicho a la plana mayor de la Federal, avalada por el estado de sitio. Esas decisiones las toma tras un llamado de Mathov destinado a actuar. También lo llama a Santos y en la misma dirección de mensaje, el secretario privado de De la Rúa. También lo llama Jorge de la Rúa, ministro de Justicia.

— Desbordada, ¿la policía enloquece?

— No es eso lo que señala el Instituto Balseiro de Bariloche, que se encargó de sincronizar las imágenes de aquella jornada. Señala una cuestión interesante: los movimientos de la Federal no eran desordenados, anárquicos, ausentes de coordinación, sino coordinados, lo cual habla de existencia de órdenes.

— De la Rúa pasa todo el 20 en la Rosada. Renuncia al caer la tarde. Pero la Cámara Federal lo sobresee prácticamente diciendo que De la Rúa no se había enterado de lo que estaba sucediendo. ¿Podía no saber?

— Supongamos que fuera verdad, porque sí… la argumentación de la Cámara marchó por ese lado. Yo estuve ese día de comisaría en comisaría en comisaría y los hechos se sentían desde tres o cuatro cuadras de Plaza de Mayo… ¡No embromemos!” Pero admitamos como ejercicio intelectual incluso que De la Rúa estaba tan encerrado, sin radio, televisión, sin nada, y no sabía entonces lo que sucedía.

Eso no le resta responsabilidad, porque él tenía deberes positivos, cosas por las que estaba obligado a hacer después de que en la noche anterior dictara el estado de sitio. Cómo mínimo tenía que seguir el desarrollo de la situación nacional en ese marco normativo… No podía, por así decir, dormir la siesta o tomar Clonazepam. ¡No podía ignorar la Plaza de Mayo! Quizá no se lo pueda acusar de dolo, de ordenar matar. Pero aun la reflexión más suave lo torna responsable por negligencia.