La Justicia en tiempos de cambio
Convencidos como están de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene pleno derecho no sólo a gobernar sino también a incorporar todo lo relacionado con el Estado a su proyecto personal, sus seguidores no han vacilado en usar dinero público para financiar el enorme y muy costoso aparato propagandístico que han creado. Puesto que se suponen impunes, los kirchneristas nunca se han preocupado por el destino de los centenares de millones de pesos que repartían entre los dispuestos a cantar loas a la presidenta y denigrar a los reacios a sumarse al coro de aplaudidores que suele acompañarla. Puede entenderse, pues, la alarma que sentían los oficialistas por la voluntad del juez Claudio Bonadío de investigar la forma arbitraria de manejar la pauta publicitaria gubernamental. Según parece, el magistrado, que había iniciado la investigación que tanto molestaba al gobierno a partir de una denuncia motivada por un spot televisivo de Fútbol para Todos en que se ensañó con el jefe de Gobierno porteño y líder de PRO, Mauricio Macri, detectó, entre otras cosas, una diferencia de más de 200 millones de pesos entre la pauta ordenada y el dinero efectivamente entregado. Para que no avanzara una causa de presunta malversación de fondos que afectaba a gente de La Cámpora, el Consejo de la Magistratura, organismo que se ve dominado por kirchneristas, se las arregló para frenarla separando a Bonadío del expediente y citándolo para que aclarara su actuación en la década de los noventa. El mismo día, el Consejo otorgó a otro juez, Norberto Oyarbide, un mes en que explicar su decisión de suspender el allanamiento de una financiera que estaba en marcha luego de recibir una llamada telefónica del subjefe de la Secretaría Legal y Técnica de la presidencia. Hasta hace aproximadamente un año, la costumbre kirchnerista de premiar a los jueces sumisos y castigar a los tentados a hacer gala de cierta independencia no ocasionaba demasiada preocupación entre los miembros de la “familia judicial”. Sabían que, si bien Cristina y sus incondicionales exageraban, casi todas las fracciones políticas, tanto peronistas como radicales, coyunturalmente hegemónicas habían actuado de la misma manera. Pero el clima ha cambiado. De acuerdo común, es virtualmente nula la posibilidad de que el kirchnerismo conserve más de una parte mínima del poder que logró construir después de diciembre del 2015. Puede que aún escaseen los jueces dispuestos a arriesgarse hurgando en asuntos que el gobierno preferiría mantener en secreto, pero con cada mes que transcurre las actitudes propenden a modificarse. Con todo, aunque a los halcones del kirchnerismo les convendría operar con más cuidado, no podrán dejar de intentar presionar a los jueces. Tarde o temprano, muchos tendrán que rendir cuentas ante la Justicia por el sinnúmero de irregularidades que se han denunciado, pero por razones nada misteriosas quieren demorar la hora de la verdad hasta la fase final de la gestión de Cristina, con la esperanza de estar en condiciones de que un pacto tácito de no agresión con sus eventuales sucesores los salve de un futuro ingrato. Dadas las circunstancias, no les queda más alternativa que tratar de mantener a raya a quienes se hayan interesado prematuramente en ciertos detalles de la gestión kirchnerista, pero podría resultar incompatible la esperanza oficial de contar con la benevolencia de la mayoría de los jueces cuando ya estén en el llano con la necesidad inmediata de impedir que se investigue con excesivo vigor una larga serie de casos como el de la ex-Ciccone, que pende sobre la cabeza del vicepresidente Amado Boudou, y el que, merced a Oyarbide, acaba de plantear una amenaza al asesor presidencial más influyente, Carlos Zannini, y su segundo en la Secretaría Legal y Técnica, Carlos Liuzzi. Si los kirchneristas manifiestan demasiado celo en sus esfuerzos por hacer tropezar a magistrados como Bonadío y defender a Oyarbide u otros considerados oficialistas, se crearán más enemigos que querrán desquitarse en cuanto tengan la oportunidad, pero si optan por asumir una postura pasiva correrían el riesgo de ver multiplicarse las causas en su contra. Para ellos, se trata de un dilema sumamente espinoso que, a juzgar por su conducta hasta ahora, no les será dado resolver.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.124.965 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Martes 25 de marzo de 2014
Convencidos como están de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene pleno derecho no sólo a gobernar sino también a incorporar todo lo relacionado con el Estado a su proyecto personal, sus seguidores no han vacilado en usar dinero público para financiar el enorme y muy costoso aparato propagandístico que han creado. Puesto que se suponen impunes, los kirchneristas nunca se han preocupado por el destino de los centenares de millones de pesos que repartían entre los dispuestos a cantar loas a la presidenta y denigrar a los reacios a sumarse al coro de aplaudidores que suele acompañarla. Puede entenderse, pues, la alarma que sentían los oficialistas por la voluntad del juez Claudio Bonadío de investigar la forma arbitraria de manejar la pauta publicitaria gubernamental. Según parece, el magistrado, que había iniciado la investigación que tanto molestaba al gobierno a partir de una denuncia motivada por un spot televisivo de Fútbol para Todos en que se ensañó con el jefe de Gobierno porteño y líder de PRO, Mauricio Macri, detectó, entre otras cosas, una diferencia de más de 200 millones de pesos entre la pauta ordenada y el dinero efectivamente entregado. Para que no avanzara una causa de presunta malversación de fondos que afectaba a gente de La Cámpora, el Consejo de la Magistratura, organismo que se ve dominado por kirchneristas, se las arregló para frenarla separando a Bonadío del expediente y citándolo para que aclarara su actuación en la década de los noventa. El mismo día, el Consejo otorgó a otro juez, Norberto Oyarbide, un mes en que explicar su decisión de suspender el allanamiento de una financiera que estaba en marcha luego de recibir una llamada telefónica del subjefe de la Secretaría Legal y Técnica de la presidencia. Hasta hace aproximadamente un año, la costumbre kirchnerista de premiar a los jueces sumisos y castigar a los tentados a hacer gala de cierta independencia no ocasionaba demasiada preocupación entre los miembros de la “familia judicial”. Sabían que, si bien Cristina y sus incondicionales exageraban, casi todas las fracciones políticas, tanto peronistas como radicales, coyunturalmente hegemónicas habían actuado de la misma manera. Pero el clima ha cambiado. De acuerdo común, es virtualmente nula la posibilidad de que el kirchnerismo conserve más de una parte mínima del poder que logró construir después de diciembre del 2015. Puede que aún escaseen los jueces dispuestos a arriesgarse hurgando en asuntos que el gobierno preferiría mantener en secreto, pero con cada mes que transcurre las actitudes propenden a modificarse. Con todo, aunque a los halcones del kirchnerismo les convendría operar con más cuidado, no podrán dejar de intentar presionar a los jueces. Tarde o temprano, muchos tendrán que rendir cuentas ante la Justicia por el sinnúmero de irregularidades que se han denunciado, pero por razones nada misteriosas quieren demorar la hora de la verdad hasta la fase final de la gestión de Cristina, con la esperanza de estar en condiciones de que un pacto tácito de no agresión con sus eventuales sucesores los salve de un futuro ingrato. Dadas las circunstancias, no les queda más alternativa que tratar de mantener a raya a quienes se hayan interesado prematuramente en ciertos detalles de la gestión kirchnerista, pero podría resultar incompatible la esperanza oficial de contar con la benevolencia de la mayoría de los jueces cuando ya estén en el llano con la necesidad inmediata de impedir que se investigue con excesivo vigor una larga serie de casos como el de la ex-Ciccone, que pende sobre la cabeza del vicepresidente Amado Boudou, y el que, merced a Oyarbide, acaba de plantear una amenaza al asesor presidencial más influyente, Carlos Zannini, y su segundo en la Secretaría Legal y Técnica, Carlos Liuzzi. Si los kirchneristas manifiestan demasiado celo en sus esfuerzos por hacer tropezar a magistrados como Bonadío y defender a Oyarbide u otros considerados oficialistas, se crearán más enemigos que querrán desquitarse en cuanto tengan la oportunidad, pero si optan por asumir una postura pasiva correrían el riesgo de ver multiplicarse las causas en su contra. Para ellos, se trata de un dilema sumamente espinoso que, a juzgar por su conducta hasta ahora, no les será dado resolver.
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