Un gobierno con miedo
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, acompañada por diputados de su bloque personal, quiere regular las protestas callejeras por una razón muy sencilla: ya no le sirven. Luego de haberlas consentido durante más de diez años por suponer que les convenía que la clase media se sintiera amenazada por los “excluidos”, los kirchneristas temen en adelante ser ellos mismos el blanco de la ira popular. Si bien prefieren no decirlo sin ambages, en opinión de la presidenta y sus partidarios incondicionales, las “protestas sociales” son legítimas si quienes las protagonizan se afirman a favor del presunto proyecto gubernamental e ilegítimas si le son contrarios. Así, pues, so pretexto de querer defender el derecho a la libre circulación, los diputados oficialistas, encabezados por Carlos Kunkel y Diana Conti, han presentado un proyecto de ley para obligar a los deseosos de celebrar manifestaciones públicas cortando calles a notificar a la policía dos días antes. Lo que tienen en mente los kirchneristas es encontrar una forma de distinguir entre las protestas organizadas por agrupaciones de piqueteros que creen estar en condiciones de manejar, por un lado, y, por el otro, las protestas espontáneas, sobre todo los cacerolazos, que suelen ser incontrolables. Desde el punto de vista del oficialismo, el cambio repentino de actitud de una presidenta que, hasta fines del año pasado, se había negado a “criminalizar la protesta social”, es lógico. La tolerancia a todas luces excesiva de los cortes de calle que tantos problemas han provocado en la mayormente opositora Capital Federal y otros centros urbanos no se debió a los hipotéticos sentimientos solidarios de los kirchneristas sino a la convicción de que sería de su interés que “la burguesía” creyera que sólo un gobierno aliado con los piqueteros podría protegerla contra los eventuales desmanes de los marginados. Se trataba de una forma de chantaje que durante mucho tiempo les resultó provechosa al ayudarlos a “construir poder” pero, como acaban de confirmar los saqueos de diciembre del año pasado y el paro sindical del 10 de este mes, ya no les es dado manejar el malestar social cooptando a los revoltosos. En principio, sería innegablemente positivo que todos se acostumbraran a acatar la ley, absteniéndose de pisotear los derechos ajenos, como vienen haciendo desde hace más de diez años grupos organizados que, en muchos casos, han sido subsidiados por un gobierno que nunca ha vacilado en incorporarlos a su propio movimiento político, pero a esta altura poner fin a la cultura del desorden kirchnerista requeriría mucho más que algunas leyes claramente discriminatorias. Gracias al gobierno, en la actualidad virtualmente cualquier grupo que, por los motivos que fueran, se siente víctima de algo se cree con derecho a tomar de rehenes a los demás ciudadanos, como han hecho no sólo los piqueteros sino también estudiantes secundarios, presuntos ecologistas, integrantes de las barras bravas, vecinos que sufren apagones prolongados, matones de Quebracho y, huelga decirlo, muchos militantes de las diversas sectas izquierdistas que pululan en el país. Por desgracia, en los meses venideros a los tentados a movilizarse de la manera ya habitual no les faltarán motivos para bloquear el tránsito y, como quisieran prohibir los artífices del proyecto de ley kirchnerista, impedir “el normal funcionamiento de servicios públicos, especialmente los relativos a la educación, la seguridad y la salud”. Como suele suceder cuando un ciclo político se acerca a su fin, el gobierno nacional carece de autoridad moral pero sus esfuerzos por recuperarla están resultando contraproducentes. Mientras tanto, día tras día la inflación reduce el poder adquisitivo de millones de familias, la recesión amenaza con hacer subir el nivel de desempleo y la sensación de que un gobierno corrupto ha perdido el rumbo incide de manera sumamente negativa en el estado de ánimo popular. Es natural, pues, que el gobierno tema que ya se haya iniciado una etapa sumamente difícil en que los indignados por la gestión de Cristina incluyan a muchos que hasta hace apenas un año formaban parte de su enorme reserva electoral y que los próximos cacerolazos sean todavía mayores que los que anunciaron el fin de la hegemonía política kirchnerista.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.124.965 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Martes 24 de septiembre de 2013
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, acompañada por diputados de su bloque personal, quiere regular las protestas callejeras por una razón muy sencilla: ya no le sirven. Luego de haberlas consentido durante más de diez años por suponer que les convenía que la clase media se sintiera amenazada por los “excluidos”, los kirchneristas temen en adelante ser ellos mismos el blanco de la ira popular. Si bien prefieren no decirlo sin ambages, en opinión de la presidenta y sus partidarios incondicionales, las “protestas sociales” son legítimas si quienes las protagonizan se afirman a favor del presunto proyecto gubernamental e ilegítimas si le son contrarios. Así, pues, so pretexto de querer defender el derecho a la libre circulación, los diputados oficialistas, encabezados por Carlos Kunkel y Diana Conti, han presentado un proyecto de ley para obligar a los deseosos de celebrar manifestaciones públicas cortando calles a notificar a la policía dos días antes. Lo que tienen en mente los kirchneristas es encontrar una forma de distinguir entre las protestas organizadas por agrupaciones de piqueteros que creen estar en condiciones de manejar, por un lado, y, por el otro, las protestas espontáneas, sobre todo los cacerolazos, que suelen ser incontrolables. Desde el punto de vista del oficialismo, el cambio repentino de actitud de una presidenta que, hasta fines del año pasado, se había negado a “criminalizar la protesta social”, es lógico. La tolerancia a todas luces excesiva de los cortes de calle que tantos problemas han provocado en la mayormente opositora Capital Federal y otros centros urbanos no se debió a los hipotéticos sentimientos solidarios de los kirchneristas sino a la convicción de que sería de su interés que “la burguesía” creyera que sólo un gobierno aliado con los piqueteros podría protegerla contra los eventuales desmanes de los marginados. Se trataba de una forma de chantaje que durante mucho tiempo les resultó provechosa al ayudarlos a “construir poder” pero, como acaban de confirmar los saqueos de diciembre del año pasado y el paro sindical del 10 de este mes, ya no les es dado manejar el malestar social cooptando a los revoltosos. En principio, sería innegablemente positivo que todos se acostumbraran a acatar la ley, absteniéndose de pisotear los derechos ajenos, como vienen haciendo desde hace más de diez años grupos organizados que, en muchos casos, han sido subsidiados por un gobierno que nunca ha vacilado en incorporarlos a su propio movimiento político, pero a esta altura poner fin a la cultura del desorden kirchnerista requeriría mucho más que algunas leyes claramente discriminatorias. Gracias al gobierno, en la actualidad virtualmente cualquier grupo que, por los motivos que fueran, se siente víctima de algo se cree con derecho a tomar de rehenes a los demás ciudadanos, como han hecho no sólo los piqueteros sino también estudiantes secundarios, presuntos ecologistas, integrantes de las barras bravas, vecinos que sufren apagones prolongados, matones de Quebracho y, huelga decirlo, muchos militantes de las diversas sectas izquierdistas que pululan en el país. Por desgracia, en los meses venideros a los tentados a movilizarse de la manera ya habitual no les faltarán motivos para bloquear el tránsito y, como quisieran prohibir los artífices del proyecto de ley kirchnerista, impedir “el normal funcionamiento de servicios públicos, especialmente los relativos a la educación, la seguridad y la salud”. Como suele suceder cuando un ciclo político se acerca a su fin, el gobierno nacional carece de autoridad moral pero sus esfuerzos por recuperarla están resultando contraproducentes. Mientras tanto, día tras día la inflación reduce el poder adquisitivo de millones de familias, la recesión amenaza con hacer subir el nivel de desempleo y la sensación de que un gobierno corrupto ha perdido el rumbo incide de manera sumamente negativa en el estado de ánimo popular. Es natural, pues, que el gobierno tema que ya se haya iniciado una etapa sumamente difícil en que los indignados por la gestión de Cristina incluyan a muchos que hasta hace apenas un año formaban parte de su enorme reserva electoral y que los próximos cacerolazos sean todavía mayores que los que anunciaron el fin de la hegemonía política kirchnerista.
Registrate gratis
Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento
Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora
