Crimen e impunidad
Puesto que durante años el exjefe de Gabinete y actual senador Aníbal Fernández insistió en que la inseguridad ciudadana era “una sensación” difundida por políticos y medios opositores, muchos reaccionaron con cierta fruición al enterarse de que tres delincuentes armados le habían robado su auto BMW importado, aunque pudo recuperarlo casi enseguida merced al sistema de rastreo satelital incorporado al vehículo. Si bien Fernández trató de minimizar la importancia del episodio, señalando que “le puede pasar a cualquiera”, como si a su entender los robos a mano armada fueran perfectamente normales en un país como la Argentina, el que una figura pública tan notoria haya sido víctima de un delito de ese tipo ha servido para intensificar “la sensación” de que bandas criminales están librando una guerra sin cuartel contra la ciudadanía sin que las autoridades hayan querido enfrentarlas hasta que, hace apenas un par de semanas, el gobernador bonaerense Daniel Scioli se animó a declarar una “emergencia de seguridad” en la provincia más poblada del país. Con la excepción del secretario de Seguridad, Sergio Berni, los dirigentes kirchneristas han criticado la iniciativa de Scioli, dando a entender que a su juicio se debió menos a su voluntad de combatir el delito con mayor eficacia que a su resistencia a permitir que su rival más peligroso, el diputado Sergio Massa, monopolizara un tema que, según las encuestas de opinión, encabeza la lista de preocupaciones populares. En adelante no les será tan fácil acusar a Scioli, Massa y los medios de exagerar la gravedad del desafío planteado por la inseguridad, ya que el percance sufrido por Fernández ha puesto en ridículo la idea de que sólo sea cuestión de una especie de psicosis colectiva. Así y todo, hace poco la tesis gubernamental se vio avalada por un informe de la ONU en que la tasa de homicidios en los países del Cono Sur, entre ellos la Argentina, era llamativamente inferior a la registrada en el resto de la región, aproximándose a la habitual en buena parte de Europa. En cambio, según otro informe de una repartición de la ONU, la del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que se difundió hacia fines del año pasado, la Argentina es el país latinoamericano con más robos por habitante, lo que haría suponer que los ladrones locales son menos violentos que sus congéneres de países como Venezuela y Brasil. Sin embargo, sucede que los responsables de ambos informes dependían de estadísticas ya anticuadas: del 2010 en el de los homicidios y del 2008 en el de los robos. En vista de que recopilar los datos relacionados con el delito no debería ser difícil, es legítimo sospechar que, como sucede en tantos otros ámbitos de la vida nacional, el gobierno kirchnerista ha preferido no publicar estadísticas actualizadas por entender que tendrían un impacto político muy negativo. Además de temer que le perjudique reconocer que el clima de inseguridad se debe a algo más que el sensacionalismo mediático o el oportunismo de políticos inescrupulosos, el gobierno nacional se ve cohibido por su propia ideología. Al atribuir el delito a la “exclusión”, o sea, a la falta de solidaridad del grueso de la sociedad hacia los sectores marginados, cualquier aumento reflejaría el fracaso de su “modelo” supuestamente inclusive basado en la expansión llamativa del aparato clientelista oficial. Parecería que la multiplicación de las dádivas sociales no han servido en absoluto para convencer a todos los beneficiados de que se han visto “incluidos” y que por lo tanto les corresponde respetar los derechos fundamentales ajenos; para muchos, la alternativa brindada por el menudeo narcotraficante es mucho más tentadora que la presuntamente propuesta por quienes les ofrecen dinero a cambio de un esfuerzo por adquirir una educación rudimentaria. Tampoco ha ayudado la teoría de que la inseguridad sea un tema predilecto de la derecha que la aprovecha con el propósito de desacreditar a progresistas deseosos de mejorar las condiciones de vida de los más pobres. La seguridad es una aspiración universal que comparten plenamente los ciudadanos de menos recursos que, a diferencia de personajes como Aníbal Fernández, no pueden recuperar pronto los bienes robados gracias al rastreo satelital.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.124.965 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Miércoles 23 de abril de 2014
Puesto que durante años el exjefe de Gabinete y actual senador Aníbal Fernández insistió en que la inseguridad ciudadana era “una sensación” difundida por políticos y medios opositores, muchos reaccionaron con cierta fruición al enterarse de que tres delincuentes armados le habían robado su auto BMW importado, aunque pudo recuperarlo casi enseguida merced al sistema de rastreo satelital incorporado al vehículo. Si bien Fernández trató de minimizar la importancia del episodio, señalando que “le puede pasar a cualquiera”, como si a su entender los robos a mano armada fueran perfectamente normales en un país como la Argentina, el que una figura pública tan notoria haya sido víctima de un delito de ese tipo ha servido para intensificar “la sensación” de que bandas criminales están librando una guerra sin cuartel contra la ciudadanía sin que las autoridades hayan querido enfrentarlas hasta que, hace apenas un par de semanas, el gobernador bonaerense Daniel Scioli se animó a declarar una “emergencia de seguridad” en la provincia más poblada del país. Con la excepción del secretario de Seguridad, Sergio Berni, los dirigentes kirchneristas han criticado la iniciativa de Scioli, dando a entender que a su juicio se debió menos a su voluntad de combatir el delito con mayor eficacia que a su resistencia a permitir que su rival más peligroso, el diputado Sergio Massa, monopolizara un tema que, según las encuestas de opinión, encabeza la lista de preocupaciones populares. En adelante no les será tan fácil acusar a Scioli, Massa y los medios de exagerar la gravedad del desafío planteado por la inseguridad, ya que el percance sufrido por Fernández ha puesto en ridículo la idea de que sólo sea cuestión de una especie de psicosis colectiva. Así y todo, hace poco la tesis gubernamental se vio avalada por un informe de la ONU en que la tasa de homicidios en los países del Cono Sur, entre ellos la Argentina, era llamativamente inferior a la registrada en el resto de la región, aproximándose a la habitual en buena parte de Europa. En cambio, según otro informe de una repartición de la ONU, la del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que se difundió hacia fines del año pasado, la Argentina es el país latinoamericano con más robos por habitante, lo que haría suponer que los ladrones locales son menos violentos que sus congéneres de países como Venezuela y Brasil. Sin embargo, sucede que los responsables de ambos informes dependían de estadísticas ya anticuadas: del 2010 en el de los homicidios y del 2008 en el de los robos. En vista de que recopilar los datos relacionados con el delito no debería ser difícil, es legítimo sospechar que, como sucede en tantos otros ámbitos de la vida nacional, el gobierno kirchnerista ha preferido no publicar estadísticas actualizadas por entender que tendrían un impacto político muy negativo. Además de temer que le perjudique reconocer que el clima de inseguridad se debe a algo más que el sensacionalismo mediático o el oportunismo de políticos inescrupulosos, el gobierno nacional se ve cohibido por su propia ideología. Al atribuir el delito a la “exclusión”, o sea, a la falta de solidaridad del grueso de la sociedad hacia los sectores marginados, cualquier aumento reflejaría el fracaso de su “modelo” supuestamente inclusive basado en la expansión llamativa del aparato clientelista oficial. Parecería que la multiplicación de las dádivas sociales no han servido en absoluto para convencer a todos los beneficiados de que se han visto “incluidos” y que por lo tanto les corresponde respetar los derechos fundamentales ajenos; para muchos, la alternativa brindada por el menudeo narcotraficante es mucho más tentadora que la presuntamente propuesta por quienes les ofrecen dinero a cambio de un esfuerzo por adquirir una educación rudimentaria. Tampoco ha ayudado la teoría de que la inseguridad sea un tema predilecto de la derecha que la aprovecha con el propósito de desacreditar a progresistas deseosos de mejorar las condiciones de vida de los más pobres. La seguridad es una aspiración universal que comparten plenamente los ciudadanos de menos recursos que, a diferencia de personajes como Aníbal Fernández, no pueden recuperar pronto los bienes robados gracias al rastreo satelital.
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