El papel del empresariado
El futuro de virtualmente todos los habitantes del país no dependerá de las elucubraciones, por valiosas que sean, de los intelectuales ni de la militancia de los sindicalistas o los sentimientos solidarios de los dirigentes religiosos. Dependerá de la capacidad para generar riqueza del sector privado. Sería de suponer, pues, que la mayoría abrumadora de los políticos estaría pensando en cómo ayudar a dicho sector a producir más, a hacerse más eficiente, a aprovechar mejor los avances tecnológicos. ¿Es así? Claro que no. Para muchos políticos, los fabricantes industriales, los proveedores de servicios y los agricultores son personas peligrosas que sólo quieren saquear el país y por lo tanto es su deber oponérseles, impulsando medidas destinadas a hacerles la vida imposible. Pueden hacerlo porque en nuestro país, a diferencia de los más prósperos, el empresariado tiene mala fama. Los izquierdistas lo desdeñan por razones ideológicas, ya que forma parte del odiado orden capitalista, otros lo condenan por materialista. No lo ayuda el hecho de ser débil en comparación con sus equivalentes de otras latitudes. Por el contrario, la falta de competitividad internacional que caracteriza al empresariado local brinda a quienes lo desprecian un pretexto adicional para atacarlo. Con escasas excepciones, los empresarios mismos parecen compartir la opinión generalizada de que deberían actuar con humildad, limitándose a desempeñar un papel subordinado. Fue por este motivo que ocasionó extrañeza la osadía de representantes de las cámaras empresariales más importantes del país que, la semana pasada, se animaron a firmar un documento en el que pedían que se consensuara un conjunto de políticas de Estado. Los participantes del Foro de Convergencia Empresarial no tenían en mente nada que pudiera considerarse extremista o “neoliberal”; sólo querían que se respetaran los derechos constitucionales, la independencia de la Justicia y la libertad de prensa, que se hiciera algo más para estimular la inversión, lo que necesitaría reglas de juego previsibles, y que se intentara “mejorar fuertemente la calidad educativa”, además de tratar de salir de la “constante vorágine inflacionaria”. Al enterarse de la lista de pedidos muy razonables que le entregó el Foro, el gobierno kirchnerista reaccionó descalificándola; según el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, “el mejor aporte que pueden realizar los empresarios es no aumentar los precios”, consejo que podría tener algún sentido para el almacenero de la esquina pero que, dirigido al sector responsable de la mayor parte de lo que produce el país, nos dice más sobre la fatuidad del principal vocero gubernamental que sobre lo que es legítimo exigirle al empresariado nacional. El que la Argentina sea un país pobre y subdesarrollado no es culpa de los empresarios. No existen motivos para suponer que, por algún accidente genético rarísimo, sean menos capaces que sus homólogos de América del Norte, Europa occidental, el este de Asia u Oceanía. Son producto de la sociedad en la que se formaron, una en la que carecen de prestigio y en que parecería que, desde hace al menos un siglo, la mayoría ha estado más interesada en impedirles funcionar que en crear condiciones que les serían propicias. Puesto que no hay ninguna alternativa viable al sector privado cuando de generar riqueza se trata –aun cuando Vaca Muerta, combinada con el complejo sojero, nos proporcionara una cantidad fenomenal de dinero, de por sí no sería suficiente como para hacer de la Argentina un país desarrollado en el que todos tuvieran oportunidades para abrirse camino–, los próximos gobiernos tendrán que elegir entre aferrarse a los prejuicios tradicionales y seguir obstaculizando a los emprendedores por un lado y, por el otro, llevar a cabo una serie de reformas drásticas para que, por fin, los empresarios locales puedan tratar de emular a sus rivales extranjeros. Los adversarios populistas, izquierdistas y reaccionarios de la libre empresa ganaron hace mucho tiempo la batalla cultural que han librado contra ella. Así y todo, parecen decididos a continuar la lucha para asegurar que la mayoría nunca disfrute de los beneficios que le posibilitaría el surgimiento de un sector privado pujante y competitivo como los que tanto han aportado a los países ricos.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.124.965 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Lunes 28 de abril de 2014
El futuro de virtualmente todos los habitantes del país no dependerá de las elucubraciones, por valiosas que sean, de los intelectuales ni de la militancia de los sindicalistas o los sentimientos solidarios de los dirigentes religiosos. Dependerá de la capacidad para generar riqueza del sector privado. Sería de suponer, pues, que la mayoría abrumadora de los políticos estaría pensando en cómo ayudar a dicho sector a producir más, a hacerse más eficiente, a aprovechar mejor los avances tecnológicos. ¿Es así? Claro que no. Para muchos políticos, los fabricantes industriales, los proveedores de servicios y los agricultores son personas peligrosas que sólo quieren saquear el país y por lo tanto es su deber oponérseles, impulsando medidas destinadas a hacerles la vida imposible. Pueden hacerlo porque en nuestro país, a diferencia de los más prósperos, el empresariado tiene mala fama. Los izquierdistas lo desdeñan por razones ideológicas, ya que forma parte del odiado orden capitalista, otros lo condenan por materialista. No lo ayuda el hecho de ser débil en comparación con sus equivalentes de otras latitudes. Por el contrario, la falta de competitividad internacional que caracteriza al empresariado local brinda a quienes lo desprecian un pretexto adicional para atacarlo. Con escasas excepciones, los empresarios mismos parecen compartir la opinión generalizada de que deberían actuar con humildad, limitándose a desempeñar un papel subordinado. Fue por este motivo que ocasionó extrañeza la osadía de representantes de las cámaras empresariales más importantes del país que, la semana pasada, se animaron a firmar un documento en el que pedían que se consensuara un conjunto de políticas de Estado. Los participantes del Foro de Convergencia Empresarial no tenían en mente nada que pudiera considerarse extremista o “neoliberal”; sólo querían que se respetaran los derechos constitucionales, la independencia de la Justicia y la libertad de prensa, que se hiciera algo más para estimular la inversión, lo que necesitaría reglas de juego previsibles, y que se intentara “mejorar fuertemente la calidad educativa”, además de tratar de salir de la “constante vorágine inflacionaria”. Al enterarse de la lista de pedidos muy razonables que le entregó el Foro, el gobierno kirchnerista reaccionó descalificándola; según el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, “el mejor aporte que pueden realizar los empresarios es no aumentar los precios”, consejo que podría tener algún sentido para el almacenero de la esquina pero que, dirigido al sector responsable de la mayor parte de lo que produce el país, nos dice más sobre la fatuidad del principal vocero gubernamental que sobre lo que es legítimo exigirle al empresariado nacional. El que la Argentina sea un país pobre y subdesarrollado no es culpa de los empresarios. No existen motivos para suponer que, por algún accidente genético rarísimo, sean menos capaces que sus homólogos de América del Norte, Europa occidental, el este de Asia u Oceanía. Son producto de la sociedad en la que se formaron, una en la que carecen de prestigio y en que parecería que, desde hace al menos un siglo, la mayoría ha estado más interesada en impedirles funcionar que en crear condiciones que les serían propicias. Puesto que no hay ninguna alternativa viable al sector privado cuando de generar riqueza se trata –aun cuando Vaca Muerta, combinada con el complejo sojero, nos proporcionara una cantidad fenomenal de dinero, de por sí no sería suficiente como para hacer de la Argentina un país desarrollado en el que todos tuvieran oportunidades para abrirse camino–, los próximos gobiernos tendrán que elegir entre aferrarse a los prejuicios tradicionales y seguir obstaculizando a los emprendedores por un lado y, por el otro, llevar a cabo una serie de reformas drásticas para que, por fin, los empresarios locales puedan tratar de emular a sus rivales extranjeros. Los adversarios populistas, izquierdistas y reaccionarios de la libre empresa ganaron hace mucho tiempo la batalla cultural que han librado contra ella. Así y todo, parecen decididos a continuar la lucha para asegurar que la mayoría nunca disfrute de los beneficios que le posibilitaría el surgimiento de un sector privado pujante y competitivo como los que tanto han aportado a los países ricos.
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