Derechos y privilegios

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Neuquén

héctor mauriño

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Ocurrió en Olivos, apenas después de la expropiación del 51% de las acciones de YPF. Sentados a la mesa estaban la presidenta, los gobernadores de las provincias petroleras, Zannini, De Vido, Kicillof, Cameron y Galuccio. El tema era la recuperada empresa estatal y el autoabastecimiento energético. El secretario legal y técnico tomó la palabra para plantear sin vueltas la necesidad de que en el 2027, cuando expire la mayoría de las concesiones, los yacimientos pasen a manos de YPF.

La cara de Sapag debe haber sido elocuente porque Cristina le pidió que aclarara su posición. El gobernador pasó revista a la Constitución del 94 y a la “ley corta” de hidrocarburos, que reconocen la propiedad de los recursos del subsuelo a las provincias, y rechazó la teoría de “acumular superficie”. “Tenemos el segundo lugar del mundo en kilómetros cuadrados de áreas. Hay lugar para todos”, sintetizó Sapag, tensando al límite su habitual estilo diplomático.

La pelea actual se veía venir. Sin exagerar demasiado, se podría afirmar que el leit motiv del gobierno de Sapag ha sido el petróleo y que en ese tren el gobernador diseñó una estrategia para captar la mayor porción posible de la renta petrolera. Así, bajo el lema “con las regalías no alcanza, hay que participar del negocio”, creó Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), una empresa provincial capaz de asociarse con las grandes multinacionales del sector.

Este esquema es previo a lo de YPF pero mantuvo su vigencia después de la expropiación. Sólo que fue el gobierno nacional el que produjo un vuelco en su política al lanzar la ley de “Soberanía hidrocarburífera”, que traspasa el 49% del paquete adquirido a las provincias a cambio de que se encolumnen detrás de una política centralizada a través de una sindicación de acciones “por el plazo mínimo de 50 años”.

Es en ese contexto que el gobierno kirchnerista aspira a que YPF centralice la mayor parte de los recursos, en particular los de la inmensa formación Vaca Muerta, capaz por sí misma de revertir el déficit energético actual y solventar con creces el desarrollo del país.

Pero la estrategia del gobierno nacional no alcanza. Primero porque la Provincia conserva una cantidad de áreas que antes eran marginales y ahora se han revalorizado en forma exponencial y también porque sigue teniendo la potestad de renovar las concesiones que en su mayoría vencen en el 2027.

Esta puja soterrada salió esta semana a la superficie con el intercambio de fusilería entre el ministro de Energía Guillermo Coco y la conducción de YPF e inmediatamente se mezcló con la disputa política dentro y fuera del MPN.

La senadora del MPN Lucila Crexell, sobrina del gobernador pero muy crítica de éste, deslizó que GyP tiene “privilegios porque se le otorgan áreas por decreto” y terció a favor de YPF al señalar que, a diferencia de la firma provincial, “accede a las áreas por licitación”.

La réplica de Coco no se hizo esperar: “Me extraña que una senadora por Neuquén tenga ese pensamiento”, disparó y aclaró que “el Estado le da áreas por decreto a GyP porque es el dueño de los recursos”.

De paso le pegó a YPF al denunciar que obtiene beneficios del gobierno nacional como la quita del impuesto a la transferencia de combustibles y créditos del Banco Central, lo que mereció una inmediata desmentida de la petrolera nacional.

Al día siguiente, el principal competidor del gobernador, el sindicalista y senador Guillermo Pereyra, advirtió que si bien la Provincia es propietaria de los hidrocarburos, no está de acuerdo con que las áreas pasen automáticamente a GyP. Y abogó por dar la posibilidad a las empresas del sector de renovar las concesiones para evitar una caída de las inversiones.

El que salió a disparar con munición gruesa al gobierno local fue el intendente de Cutral Co y candidato a gobernador Ramón Rioseco, quien reclamó mecanismos transparentes de traspaso de los yacimientos. “Lo contrario es arbitrario, discrecional y favorece los negocios”, advirtió.

Así las cosas, Sapag tuvo que salir a aclarar que desde su punto de vista “GyP no tiene privilegios sino derechos” y le bajó el tono al enfrentamiento con Nación al deslizar que “con YPF estamos en el mismo barco”.

En su momento, casi nadie entendió muy bien por qué existiendo Hidenesa se creó GyP. Pero en diciembre del 2012, cuando se transformó a esa empresa estatal en sociedad anónima, el argumento del gobierno fue la necesidad de avanzar sobre la renta petrolera “convergiendo sobre lo que hace el gobierno nacional con YPF” con una compañía que pudiera cotizar en bolsa.

En un país con una clase dirigente tan voluble y vulnerable como la argentina, lo mejor sería que el petróleo –un recurso estratégico para el desarrollo y no un mero commodity, como se vio con el fracaso a toda orquesta de la privatización– estuviera en manos de un Estado centralizado. Sería la mejor manera de negociar con las poderosísimas empresas del sector. Pero la Constitución del 94 reconoce a las provincias la titularidad del recurso y eso convierte a los neuquinos en sus legítimos propietarios. Con todo, una cosa es el pueblo de Neuquén y otra muy distinta una sociedad anónima que sólo rinde cuentas a unos pocos.

Cuando caduquen las concesiones, los yacimientos deberían revertir en su legítimo propietario, que es el Estado neuquino, y éste otorgar de manera transparente nuevos contratos, no importa a qué empresa. En un Estado de derecho existen mecanismos claros para tratar con los bienes y recursos del Estado, como son las licitaciones públicas. Sin contar con que rige el control legislativo inherente al equilibrio de poderes. Éstas parecen ser las únicas garantías de que los recursos del subsuelo sirvan efectivamente a todos los neuquinos.