En tiempos de estanflación
Aunque durante mucho tiempo se resistió a entenderlo, a fines del año pasado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se dio cuenta de que, si bien siempre es bueno tratar de estimular la actividad económica, si el gobierno pierde el control de las variables financieras lo único que logrará será alimentar la inflación. Es lo que sucedió. Al negarse a enfriar una economía sobrecalentada, el gobierno kirchnerista aseguró que el país entrara en una etapa recesiva de la que le costará mucho salir. Según el Indec, en marzo el producto bruto fue un 0,9% menor que en el mismo mes del año pasado, pero a juicio de las consultoras privadas la contracción fue todavía peor. Mientras tanto, en dicho mes el costo de vida aumentó entre el 2,6% registrado por el Indec y el 3,3% del índice Congreso. Aunque el gobierno insiste en que la tasa de inflación propende a reducirse, los precios siguen subiendo más en un solo mes que en todo el año en los países desarrollados, a pesar del freno supuesto por la caída del consumo. En cuando a la recesión, amenaza con ser tan profunda y tan larga como las sufridas por muchas economías avanzadas a raíz del cataclismo financiero del 2008. Con cierta frecuencia se habla de conflictos entre el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, ya que aquél quiere una política monetaria expansiva y éste teme que en cualquier momento el dólar blue se le escape de las manos. Se trataría de la clase de enfrentamientos que se dan en virtualmente todos los gobiernos del mundo en que los emotivamente comprometidos con el crecimiento chocan contra los adustos defensores del valor de la moneda. En el contexto europeo, Kicillof se encontraría al lado del presidente francés François Hollande, que está harto del rigor fiscal, y la actitud de Fábrega se asemejaría más a la de la alemana Angela Merkel. No es cuestión de diferencias ideológicas sino de papeles distintos. Parecería que Kicillof ha convencido a la presidenta de que es el funcionario indicado para reanimar una economía alicaída, pero Fábrega no le permite hacerlo porque, para indignación del ala populista gubernamental, sabe que sería muy peligroso bajar la tasa de interés, que se mantiene alrededor del 25% anual que, con un índice de inflación diez puntos más alto, ya es negativa en términos reales, puesto que el resultado inevitable sería una nueva convulsión financiera. El gobierno, pues, está procurando navegar entre la Escila de una recesión penosa y el Caribdis de la inflación incontrolable. No le está resultando del todo fácil. La devaluación de enero le brindó algunos meses de tranquilidad relativa en los mercados cambiarios, pero hay señales de que la llamada “pax financiera” está acercándose a su fin, lo que, en buena lógica, debería obligar a Fábrega a tomar medidas aún más duras. Aunque es más difícil estimar el impacto de la recesión, ya que a diferencia de lo que sucede en el ámbito financiero no se difunden los números correspondientes todos los días, las novedades distan de ser reconfortantes. Un sector tras otro informa de caídas de producción y de ventas. Más alarmantes aún son los informes empresariales que hacen prever un aumento notable de la tasa de desempleo; además de multiplicarse las suspensiones, sobre todo en la duramente golpeada industria automotriz, escasean los empresarios interesados en crear más fuentes de trabajo, mientras que el sector público ya no está en condiciones de reemplazar al privado. Para modificar el panorama sombrío así supuesto, el gobierno tendría que cambiar drásticamente de rumbo, pero parecería que en opinión de Cristina ya hizo lo suficiente al echar a funcionarios tan polémicos como Guillermo Moreno y Mercedes Marcó del Pont. De ser así, se equivoca. Aunque los cambios que siguieron a la dura derrota electoral de octubre pasado ayudaron a tranquilizar un poco los ánimos, no sirvieron para restaurar la confianza de los agentes económicos que ya se manifiestan más interesados en lo que podrían tener en mente los aspirantes a suceder a Cristina en la Casa Rosada que en las ideas de Kicillof u otros funcionarios del Ministerio de Economía. Puesto que más de un año y medio nos separan del 11 de diciembre de 2015, el que tantos se hayan resignado a hacer lo mínimo imprescindible hasta entonces es de por sí motivo de preocupación.
Aunque durante mucho tiempo se resistió a entenderlo, a fines del año pasado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se dio cuenta de que, si bien siempre es bueno tratar de estimular la actividad económica, si el gobierno pierde el control de las variables financieras lo único que logrará será alimentar la inflación. Es lo que sucedió. Al negarse a enfriar una economía sobrecalentada, el gobierno kirchnerista aseguró que el país entrara en una etapa recesiva de la que le costará mucho salir. Según el Indec, en marzo el producto bruto fue un 0,9% menor que en el mismo mes del año pasado, pero a juicio de las consultoras privadas la contracción fue todavía peor. Mientras tanto, en dicho mes el costo de vida aumentó entre el 2,6% registrado por el Indec y el 3,3% del índice Congreso. Aunque el gobierno insiste en que la tasa de inflación propende a reducirse, los precios siguen subiendo más en un solo mes que en todo el año en los países desarrollados, a pesar del freno supuesto por la caída del consumo. En cuando a la recesión, amenaza con ser tan profunda y tan larga como las sufridas por muchas economías avanzadas a raíz del cataclismo financiero del 2008. Con cierta frecuencia se habla de conflictos entre el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, ya que aquél quiere una política monetaria expansiva y éste teme que en cualquier momento el dólar blue se le escape de las manos. Se trataría de la clase de enfrentamientos que se dan en virtualmente todos los gobiernos del mundo en que los emotivamente comprometidos con el crecimiento chocan contra los adustos defensores del valor de la moneda. En el contexto europeo, Kicillof se encontraría al lado del presidente francés François Hollande, que está harto del rigor fiscal, y la actitud de Fábrega se asemejaría más a la de la alemana Angela Merkel. No es cuestión de diferencias ideológicas sino de papeles distintos. Parecería que Kicillof ha convencido a la presidenta de que es el funcionario indicado para reanimar una economía alicaída, pero Fábrega no le permite hacerlo porque, para indignación del ala populista gubernamental, sabe que sería muy peligroso bajar la tasa de interés, que se mantiene alrededor del 25% anual que, con un índice de inflación diez puntos más alto, ya es negativa en términos reales, puesto que el resultado inevitable sería una nueva convulsión financiera. El gobierno, pues, está procurando navegar entre la Escila de una recesión penosa y el Caribdis de la inflación incontrolable. No le está resultando del todo fácil. La devaluación de enero le brindó algunos meses de tranquilidad relativa en los mercados cambiarios, pero hay señales de que la llamada “pax financiera” está acercándose a su fin, lo que, en buena lógica, debería obligar a Fábrega a tomar medidas aún más duras. Aunque es más difícil estimar el impacto de la recesión, ya que a diferencia de lo que sucede en el ámbito financiero no se difunden los números correspondientes todos los días, las novedades distan de ser reconfortantes. Un sector tras otro informa de caídas de producción y de ventas. Más alarmantes aún son los informes empresariales que hacen prever un aumento notable de la tasa de desempleo; además de multiplicarse las suspensiones, sobre todo en la duramente golpeada industria automotriz, escasean los empresarios interesados en crear más fuentes de trabajo, mientras que el sector público ya no está en condiciones de reemplazar al privado. Para modificar el panorama sombrío así supuesto, el gobierno tendría que cambiar drásticamente de rumbo, pero parecería que en opinión de Cristina ya hizo lo suficiente al echar a funcionarios tan polémicos como Guillermo Moreno y Mercedes Marcó del Pont. De ser así, se equivoca. Aunque los cambios que siguieron a la dura derrota electoral de octubre pasado ayudaron a tranquilizar un poco los ánimos, no sirvieron para restaurar la confianza de los agentes económicos que ya se manifiestan más interesados en lo que podrían tener en mente los aspirantes a suceder a Cristina en la Casa Rosada que en las ideas de Kicillof u otros funcionarios del Ministerio de Economía. Puesto que más de un año y medio nos separan del 11 de diciembre de 2015, el que tantos se hayan resignado a hacer lo mínimo imprescindible hasta entonces es de por sí motivo de preocupación.
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