Reacción tardía

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Desde el punto de vista de los cazadores de corruptos, la temporada que se ha iniciado promete ser aún mejor que la que siguió al colapso del menemismo. Si bien es tradicional que, al acercarse un gobierno antes “hegemónico” al final de su mandato, sus integrantes más conspicuos se vean acusados de actividades incompatibles con el ejercicio de la función pública, muy pocos han brindado más oportunidades a los deseosos de someterlos a la ley que el kirchnerista. Día a día, crece la lista ya larguísima de personajes que, tarde o temprano, tendrán que rendir cuentas frente a jueces adustos. La encabeza la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuya situación, por lo del eventual lavado de dinero, podría volverse aún más complicada que la del vicepresidente Amado Boudou, seguida por una cantidad impresionante de subordinados, entre ellos el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, el ministro de Justicia Julio Alak, el que acaba de ser llamado a declaración indagatoria, y el secretario de Seguridad Sergio Berni, que se ha visto imputado por enriquecimiento ilícito. Que ciertos jueces hayan decidido recordarles a los miembros del gobierno de Cristina que en la Argentina nadie está por encima de la ley es innegablemente positivo. En cambio, no lo es en absoluto que hayan demorado tanto la ofensiva. De haberla emprendido en mayo del 2003 cuando Néstor Kirchner, su esposa y su séquito de “pingüinos” procedentes de Santa Cruz se instalaban en la capital federal, les hubieran advertido que les convendría modificar radicalmente su forma particular de “hacer política”, ya que caso contrario terminarían entre rejas. Pero, por desgracia, parecería que nunca pensaron en amargar la luna de miel que disfrutaban los kirchneristas con una ciudadanía que se sentía agradecida por la presunta reafirmación de la autoridad de la presidencia y las señales de que la economía estaba recuperándose del derrumbe que había sufrido dos años antes. En nuestro país los jueces, lo mismo que los encargados de manejar la economía nacional, suelen ser “procíclicos”. Muchos, es de suponer porque les preocupan los riesgos que enfrentarían si se animaran a desafiar al gobierno de turno, se adaptan a las circunstancias imperantes con facilidad excesiva. Y, como sucede en el ámbito económico, nunca son buenas las consecuencias de la costumbre de tantos miembros de “la familia judicial” de dejarse llevar por las corrientes políticas coyunturalmente más fuertes hasta que ya sea demasiado tarde como para ahorrarnos una nueva crisis sistémica. Al Poder Judicial le corresponde una parte de la responsabilidad por la transformación de la Argentina en un país tan llamativamente corrupto que narcotraficantes del resto de América Latina, tentados por las oportunidades brindadas por funcionarios, policías y, dicen algunos, magistrados venales, han empezado a colonizarlo. Es factible que, antes de mudarse a la Casa Rosada y Olivos, los Kirchner hayan considerado la posibilidad de que les fuera necesario cambiar el “estilo” que les había permitido dominar la provincia escasamente poblada de Santa Cruz, pero pronto se habrán dado cuenta de que funcionaría igualmente bien en el escenario nacional, ya que en él regían los mismos “códigos de la política”. Desgraciadamente para Cristina, muchos miembros de su gobierno y, desde luego, para el país en su conjunto, gracias al apoyo interesado que recibieron de la parte sustancial de la clase política que se ha habituado a sacar provecho de la popularidad de líderes, como Carlos Menem en la década de los noventa, que resultan capaces de garantizarles los votos que necesitan, durante años los Kirchner y sus acompañantes gozaron de un grado de impunidad que sería inconcebible en países con instituciones menos precarias que las nuestras. Como los menemistas, creyeron que el período así supuesto duraría para siempre, pero ya tienen motivos de sobra para temer que haya llegado a su fin. De ser así, en los años próximos asistiremos a una serie de procesos nada edificantes protagonizados no sólo por Boudou sino también por otras estrellas del firmamento kirchnerista, incluyendo, a menos que un gobierno futuro opte por darle la protección jurídica que precisaría para mantenerse en libertad, a la mismísima presidenta Cristina.

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