El día después

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COLUMNISTAS

El gobierno es tan primitivo en la gestión de nuestros problemas políticos, sociales o económicos, y tan autoritario en sus formas de imponer sus decisiones, que ha terminado envolviendo en su rusticidad al grueso del debate público. Incluso le ha venido facilitando a la oposición parte de su trabajo, aunque este favor empieza a revelarse como más aparente que real.

Por de pronto partamos de una premisa básica: mientras el kirchnerismo tiene en el horizonte un solo problema estratégico, la oposición tiene al menos dos, y muy distintos entre sí.

El desafío del oficialismo se resume en cómo llegar al 10 de diciembre con la mayor cuota de poder posible. La táctica que viene desplegando involucra hasta ahora varios movimientos convergentes: abroquelar su propia tropa para enfrentar la batalla electoral apelando a todos los mecanismos legales y paralegales que le permitan manipular en su propio beneficio el proceso eleccionario (hay que estar atentos a eventuales sorpresas en esta línea); fragmentar a (contribuir a la fragmentación de) la oposición con vistas a la conformación de un próximo gobierno débil; dejar como herencia no sólo una enormidad de problemas sin resolver sino también “enclaves” de poder kirchneristas en los distintos pliegues del Estado bajo una nueva épica de la resistencia: “Nos vamos del gobierno pero no renunciamos a la lucha contra la nueva derecha que regresa”.

En cambio la oposición (valgan aquí los plurales que correspondan) enfrenta un panorama más complicado porque está obligada a dividir su cabeza en dos: por un lado, debe empeñarse para derrotar a los candidatos K en las urnas y, por otro, está obligada a levantar su mirada hacia un futuro extremadamente complejo que deberá atender a partir del 10 de diciembre.

Es precisamente en esta fisura entre el momento electoral y el momento gubernamental por donde se cuela la efectiva tosquedad kirchnerista, la cual termina postergando para mejores días un debate serio acerca del modo en cómo se abordarán el cúmulo de problemas a heredar. Y para que la serpiente se muerda la cola en un círculo perverso, no son pocos los dirigentes opositores que prefieren seguir flotando en esa zona de confort.

El ejemplo obvio es el tratamiento de la inflación: la patoteril manipulación del Indec, y el consecuente reclamo por su regularización, exime a la oposición de entablar una discusión responsable -técnica y política- acerca de las características que tendría un ineludible plan de estabilización. Estas discusiones, en el mejor de los casos, se limitan a estrechísimos círculos de especialistas, pero raramente trascienden a los ciudadanos de a pie. El resultado objetivo es la pérdida de densidad del espacio público como ámbito propio de deliberación de las orientaciones de políticas.

Pero hay cuestiones menos evidentes, como las que trágicamente puso de manifiesto la oscura muerte del fiscal Nisman. En tal sentido, la multitudinaria marcha del 18F ubicó el problema de la construcción política e institucional de la autonomía judicial en el centro de una agenda republicana y progresista que está en las antípodas de los manejos plebiscitarios del oficialismo. Pero dar vueltas como un guante las groseras posiciones oficiales no da por resultado la solución de tan espinoso asunto. Esas negaciones de apuro suelen tomar tres formas básicas y, a la postre, insatisfactorias.

La primera es la repuesta que podríamos llamar “principista”. Consiste en zanjar la cuestión invocando “un respeto irrestricto a la Constitución y las leyes”. Se trata de una linda “frase” -en el sentido que detestaba Ortega y Gasset a la hora de pensar seriamente un problema político (y casi cualquier problema)-, ya que oculta una dificultad mayúscula. Sin perjuicio del fondo de verdad que conlleva, podríamos recitar con enjundia el credo liberal-republicano (al que por cierto adscribo) acerca de la necesidad de mantener el equilibrio de poderes y sus controles cruzados, pero este ideario es sólo el punto de partida para enfrentar nuestros problemas políticos e institucionales concretos, no el punto de llegada. De aquí a la materialidad de los hechos nos queda un larguísimo trecho por donde habrá que hacer circular las “efectividades conducentes” de las que trata, específicamente, la política.

La segunda es la respuesta “derogatoria”. Nos promete desmantelar el tinglado jurídico que el kirchnerismo montó en diferentes áreas de política (ley antiterrorista, Consejo de la Magistratura, reglamentación de los DNU, etc.). Sin perjuicio de la validez de estas iniciativas, la promesa nos deriva hacia un tobogán de sucesivos desplazamientos: ¿derogar lo actual para volver a la situación anterior? Y si éste no fuera el caso, ¿con qué nueva normativa superaremos la pesada herencia oficialista? Pero la eventual definición de un nuevo marco legal apenas nos deja en la puerta de un desafío más importante: el ríspido trayecto que une (o separa) las reglas de las acciones. Sin ir muy lejos, buena parte de las leyes puestas en discusión en los últimos días (defensa, seguridad interior, inteligencia), con ser claramente mejorables, no son tan malas en muchos de sus aspectos, pero el problema central ha sido su incumplimiento a nivel de las prácticas. Dicho en otros términos: casi todo lo que hacía cotidianamente el Sr. Stiuso (por ponerle un nombre fácil a un subterráneo archipiélago de individuos, fondos reservados, rutinas organizacionales o microfísicas carroñeras), y casi todo lo que hoy hace sistemáticamente el Gral. Milani, está reñido con la normativa actual. Pero a menos que confiemos en alguna súbita conversión espiritual a partir del 10 de diciembre (cosa que parece poco creíble), más nos vale que empecemos a considerar las razones por los cuales esta normativa no ha sido capaz de proveer los mecanismos institucionales para su efectivo cumplimiento.

Nos queda finalmente la respuesta más fácil pero también la más insidiosa para la calidad de la democracia que queremos construir: la solución “delegativa”. En su versión ingenua nos alienta a creer que un nuevo elenco gubernamental operará un cambio fundamental en las políticas (renunciada Gils Carbó, o quien fuere, se acabó la rabia). En su versión algo más cínica, nos promete que la (buena) voluntad política de un nuevo presidente obrará el cambio.

De entrada podría admitirse que casi cualquier gabinete alternativo sería mejor que el actual, aunque se olvide con facilidad que la voluntad política es una condición necesaria pero raramente suficiente para la reforma institucional. De todos modos, lo más preocupante de esta visión hay que buscarlo por el lado de las condiciones políticas que la viabilizan, cuyas implícitas banderas proselitistas muy pocos se atreven a arriar: “Síganme, que no los voy a defraudar”.

Por cierto, estos sobreentendidos se llevan demasiado bien con los manuales al uso del mercadeo político, el trapicheo de las encuestas y la onerosa venta de humo de los asesores de imagen. De acuerdo con las recomendaciones de moda, un buen candidato habla todo el tiempo de lo que le “preocupa a la gente”, se muestra confiable y natural, no hace olas sobre lo que realmente piensa hacer y no se define en nada. En el caso particular de la economía, la perversidad de esta estrategia hace juego con el mecanismo de la crisis terminal de un modelo como disparador disciplinario del cambio. El detalle que a nadie le cuentan son los terribles costos que paga la sociedad en su conjunto y cuyos efectos más deletéreos los sufren siempre los sectores de menores recursos.

No me quiero adelantar porque hay mucho que hacer todavía para lograr la derrota electoral del oficialismo. Pero alguien tendría que empezar a discutir seriamente los colosales desafíos del día después y adelantarnos lo que piensa hacer para enfrentarlos. Sobre todo para no desembocar en una nueva frustración. Y al doblar la esquina de ese desengaño, toparnos otra vez con algo muy parecido al kirchnerismo.

ANTONIO CAMOU

Profesor en Filosofía y licenciado en Sociología. Miembro del Club Político Argentino

ANTONIO CAMOU