Con la imagen en picada, Dilma lanza un paquete anticorrupción
SAO PAULO (AP/AFP) .- La presidenta Dilma Rousseff anunció una serie de medidas contra la corrupción tras las masivas manifestaciones contra los sobornos rampantes en el mayor país de América Latina . En un discurso trasmitido a todo el país, Rousseff dijo que “tenemos el deber y la obligación de combatir la impunidad y la corrupción’’. La popularidad de la presidenta cayó en picada tras las manifestaciones. De acuerdo con una encuesta del Instituto Datafolha la popularidad de Rousseff cayó incluso entre los más pobres, donde gozaba del mayor apoyo. El 62% de los encuestados dijeron que el gobierno de Rousseff era “malo’’ o “pésimo’’, comparado con 44% hace un mes. El 13% lo consideró “bueno’’ o “muy bueno’’. Algunas de las propuestas de la presidenta ya están en tratamiento legislativo . • Endurece la pena por el delito de ocultamiento o la adulteración de información ante los organismos de fiscalización electoral con el fin de esconder el origen, destino o aplicación de valores, bienes y servicios en los partidos políticos o las campañas proselitistas. Pena de 3 a 6 años. • Criminalización del ocultamiento o disimulación del origen, la localización y los movimientos de valores o bienes para fines electorales provenientes de fuentes prohibidas por la legislación vigente. Pena: de 3 a 10 años. • Extensión de las condenas a los donantes, tanto de naturaleza personal como jurídica, como a los partidos políticos. La multa prevista es de 5 a 10 veces el valor donado y no declarado. • Estipula la confiscación de los bienes, propiedades o valores que provengan de actos criminales o de improbidad administrativa, o que su naturaleza los haga incompatibles con la renta o la evolución patrimonial de la persona en cuestión. • Castiga la posesión, adquisición o el uso de bienes incompatibles con la renta o la evolución patrimonial de los funcionarios. Pena: de 3 a 8 años. • Instala la adopción de programas para empresas privadas que contemplen códigos de ética y políticas para detectar desvíos contra la administración pública. • Agilizar los procesos judiciales en delitos contra el patrimonio público. “Es un paso decisivo para ampliar la capacidad y la autoridad del gobierno para evitar y combatir la corrupción y la impunidad’’, dijo Rousseff.
SAO PAULO (AP/AFP) .- La presidenta Dilma Rousseff anunció una serie de medidas contra la corrupción tras las masivas manifestaciones contra los sobornos rampantes en el mayor país de América Latina . En un discurso trasmitido a todo el país, Rousseff dijo que “tenemos el deber y la obligación de combatir la impunidad y la corrupción’’. La popularidad de la presidenta cayó en picada tras las manifestaciones. De acuerdo con una encuesta del Instituto Datafolha la popularidad de Rousseff cayó incluso entre los más pobres, donde gozaba del mayor apoyo. El 62% de los encuestados dijeron que el gobierno de Rousseff era “malo’’ o “pésimo’’, comparado con 44% hace un mes. El 13% lo consideró “bueno’’ o “muy bueno’’. Algunas de las propuestas de la presidenta ya están en tratamiento legislativo . • Endurece la pena por el delito de ocultamiento o la adulteración de información ante los organismos de fiscalización electoral con el fin de esconder el origen, destino o aplicación de valores, bienes y servicios en los partidos políticos o las campañas proselitistas. Pena de 3 a 6 años. • Criminalización del ocultamiento o disimulación del origen, la localización y los movimientos de valores o bienes para fines electorales provenientes de fuentes prohibidas por la legislación vigente. Pena: de 3 a 10 años. • Extensión de las condenas a los donantes, tanto de naturaleza personal como jurídica, como a los partidos políticos. La multa prevista es de 5 a 10 veces el valor donado y no declarado. • Estipula la confiscación de los bienes, propiedades o valores que provengan de actos criminales o de improbidad administrativa, o que su naturaleza los haga incompatibles con la renta o la evolución patrimonial de la persona en cuestión. • Castiga la posesión, adquisición o el uso de bienes incompatibles con la renta o la evolución patrimonial de los funcionarios. Pena: de 3 a 8 años. • Instala la adopción de programas para empresas privadas que contemplen códigos de ética y políticas para detectar desvíos contra la administración pública. • Agilizar los procesos judiciales en delitos contra el patrimonio público. “Es un paso decisivo para ampliar la capacidad y la autoridad del gobierno para evitar y combatir la corrupción y la impunidad’’, dijo Rousseff.
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