“Más policías”
La provincia de Buenos Aires tiene alrededor de cien mil policías que perciben, según el ministro Arlía, un salario de doce mil pesos en promedio. Los maestros ganan la mitad. No está mal que los policías ganen ese sueldo o incluso más; lo que no está bien es que en momentos como éste en los hechos se haya priorizado la seguridad sobre la educación. No debería ser así: la inseguridad es consecuencia del fracaso de la educación. El gobierno planteó que la educación experimentaría un salto cualitativo si se daba a cada alumno una computadorita y que la seguridad mejoraría con un aumento sustancial de los efectivos policiales, ¡así de simple y fácil! Un país en el que fuera normal premiar al bueno y castigar al malo no necesitaría un número tan desmesurado de policías; se supone que tendrían la capacitación deseable para ser eficaces auxiliares de la Justicia y que el número de delitos sería inferior. Si los diputados y senadores, por temor a ser tildados de “fachos”, se niegan a sancionar reglas claras, necesarias y de sentido común para combatir el delito, tanto la Justicia como la policía seguirán dejando indefensa a la población por tener las manos atadas y, siendo así, el aumento del número de efectivos sería sólo una forma de disfrazar la desocupación juvenil. La gran mayoría de nuestros legisladores son demagogos y facilistas y jamás tomarían medidas que, aunque necesarias, pudieran afectar su barata popularidad. Esta cobarde actitud, disfrazada de garantismo intelectualoide, alimenta la sospecha de que en las altas esferas no quieren aplicar la “dura lex” a los de abajo por temor a que se reclame lo mismo para los políticos que ocupan puestos de jerarquía y delinquen. Pareciera que lo que este gobierno llama “presencia del Estado” se limita sólo al manejo, frecuentemente sospechoso, de los dineros públicos. Si los políticos no tratan de impedir con legislación adecuada este festival de impunidad para los delincuentes de arriba y de abajo, sucederá que lo que no hace el Estado lo harán los ciudadanos, tomando la justicia por mano propia, y eso será la prueba de que el Estado ha dejado de existir por completo. La paz se basa en la Justicia y ésta debe tener leyes justas y brazos vigorosos, entre ellos el policial; no alcanza sólo con poner presencia uniformada. Humberto Guglielmin, DNI 10.401.180 Bahía Blanca
Humberto Guglielmin, DNI 10.401.180 Bahía Blanca
La provincia de Buenos Aires tiene alrededor de cien mil policías que perciben, según el ministro Arlía, un salario de doce mil pesos en promedio. Los maestros ganan la mitad. No está mal que los policías ganen ese sueldo o incluso más; lo que no está bien es que en momentos como éste en los hechos se haya priorizado la seguridad sobre la educación. No debería ser así: la inseguridad es consecuencia del fracaso de la educación. El gobierno planteó que la educación experimentaría un salto cualitativo si se daba a cada alumno una computadorita y que la seguridad mejoraría con un aumento sustancial de los efectivos policiales, ¡así de simple y fácil! Un país en el que fuera normal premiar al bueno y castigar al malo no necesitaría un número tan desmesurado de policías; se supone que tendrían la capacitación deseable para ser eficaces auxiliares de la Justicia y que el número de delitos sería inferior. Si los diputados y senadores, por temor a ser tildados de “fachos”, se niegan a sancionar reglas claras, necesarias y de sentido común para combatir el delito, tanto la Justicia como la policía seguirán dejando indefensa a la población por tener las manos atadas y, siendo así, el aumento del número de efectivos sería sólo una forma de disfrazar la desocupación juvenil. La gran mayoría de nuestros legisladores son demagogos y facilistas y jamás tomarían medidas que, aunque necesarias, pudieran afectar su barata popularidad. Esta cobarde actitud, disfrazada de garantismo intelectualoide, alimenta la sospecha de que en las altas esferas no quieren aplicar la “dura lex” a los de abajo por temor a que se reclame lo mismo para los políticos que ocupan puestos de jerarquía y delinquen. Pareciera que lo que este gobierno llama “presencia del Estado” se limita sólo al manejo, frecuentemente sospechoso, de los dineros públicos. Si los políticos no tratan de impedir con legislación adecuada este festival de impunidad para los delincuentes de arriba y de abajo, sucederá que lo que no hace el Estado lo harán los ciudadanos, tomando la justicia por mano propia, y eso será la prueba de que el Estado ha dejado de existir por completo. La paz se basa en la Justicia y ésta debe tener leyes justas y brazos vigorosos, entre ellos el policial; no alcanza sólo con poner presencia uniformada. Humberto Guglielmin, DNI 10.401.180 Bahía Blanca
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