Juzgan a Romero por presunto desvío millonario

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Patricio Rodriguez

SAN MARTÍN DE LOS ANDES (ASM).- El extitular de las oficinas del Registro Nacional de la Propiedad Automotor de San Martín de los Andes, Fernando Romero, es sometido desde ayer a juicio oral y público por el presunto delito de peculado, que involucra un monto de casi 1,8 millones pesos en perjuicio del Estado provincial. El debate se planificó en dos jornadas aunque podría extenderse a una tercera ante la previsión de una veintena de testigos, casi todos convocados por la Fiscalía. El juicio se desarrolla en la sala de audiencias de la Oficina Judicial de calle Perito Moreno al 1120 de esta ciudad y el tribunal está integrado por los jueces Raúl Aufranc, Juan Balderrama y Beatriz Martínez. El fiscal del caso es Fernando Rubio, mientras que la defensa de Romero está a cargo del abogado Gustavo Olivera. A Romero se le atribuyen 29 presuntos hechos de peculado perpetrados de manera sistemática entre enero de 2007 y abril de 2010, cuando era el titular del Registro del Automotor local, con carácter de funcionario público y agente de percepción del Impuesto de Sellos. La acusación sostiene que Romero sustrajo, en concepto de Impuesto de Sellos no depositados en la cuenta oficial respectiva, la suma de 1.790.000 pesos cuya percepción le estaba confiada en razón de su cargo según la Resolución N°203 de la Dirección General de Recaudaciones del Neuquén y su anexo I. Ese dinero debió ser rendido en su totalidad a la Dirección Provincial de Rentas, señala la imputación, pero se habría realizado una maniobra para adulterar el registro de los depósitos. Fernando Romero es hijo de la exdiputada justicialista Norma Miralles y hermano del actual diputado provincial Gabriel “Tom” Romero. El juicio que comenzó ayer había sido programado por la Oficina Judicial para mayo pasado, pero 48 horas antes de la fecha prevista la defensa planteó la incompetencia provincial y la derivación del caso al fuero Federal. A esa postura, en la misma audiencia, adhirió el fiscal Rubio. Pero los planteos fueron rechazados por la jueza Carolina González, porque el Tribunal Superior de Justicia ya se había pronunciado en contrario sobre ese punto. En tanto que el martes último hubo una nueva presentación de la defensa para pedir la suspensión del juicio por razones climáticas, planteo que también denegado pero esta vez por vía administrativa desde la Oficina Judicial. El delito de peculado está previsto en el artículo 261 del Código Penal. En términos llanos implica el desvío de bienes del estado o del tesoro público por parte del funcionario público que sea el encargado de la administración, percepción y/o custodia de aquello sustraído, en un ejercicio abusivo de sus funciones. La pena prevista es de reclusión o prisión de 2 a 10 años, más inhabilitación perpetua y absoluta para el desempeño de cargos públicos.

SAN MARTÍN DE LOS ANDES