Pertenecer

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Río Negro

ALICIA MILLER amiller@rionegro.com.ar

Es claro que la política es mucho más –o mucho menos, según se mire– que un arte. El regreso de Alberto Weretilneck al abrigo del gobierno nacional no tuvo la elegancia de un paso de baile, pero a nadie pareció importarle. Antes de las elecciones del 14 de junio, era “político” responsabilizar a la Nación de la crisis frutícola y del resto de los males de la provincia. Ya no. No es el único cambio de parecer en estos tiempos. A La Cámpora de Río Negro hace unos meses le daba “asco” el “apriete” de Weretilneck a los intendentes del Frente para la Victoria con los fondos de los contratos petroleros. Ahora, celebra que el gobernador haya “recapacitado y sumado su apoyo a un proyecto de país”. Cosas del pasado, bien pisado. Es que pertenecer tiene sus privilegios. La frase ganó celebridad como publicidad de una tarjeta de crédito que aspiraba a un target alto y representa como pocas el argumento político por excelencia: la tibieza está siempre cerca del poder. Hoy, Weretilneck cambia elogios en la Rosada, como hijo pródigo, sin reproches y con una sonrisa mansa. Se acerca a Scioli en la antesala de las elecciones de octubre y disfruta del dinero petrolero como si fuera propio, en plena crisis por la baja del precio internacional de los hidrocarburos. La incertidumbre, el quiebre en la cadena de pagos y los ajustes en empresas del sector no parecen inquietarlo. Esta semana, el anuncio de que Chevron quiere dejar sus yacimientos en Río Negro alteró el ambiente, justo en vísperas de la sesión en la cual la Legislatura prorrogó otras tres concesiones. Nadie en el Ejecutivo dijo nada. La oferta de Chevron por sus áreas y el secreto a voces de que Petrobras quiere irse de la región antes de fin de año fortalecen la peor sospecha de la oposición: que ampliar el plazo de los contratos antes de su vencimiento multiplica el precio de los activos en una eventual venta. El Estado provincial tiene pocas herramientas para exigir el cumplimiento de un plan de inversiones que, en casos como éstos, no se hizo para ser acatado sino para brillar como espejos al sol. A Weretilneck le sirvieron, pero ¿a la provincia? El viernes, más debilitado que nunca, el Frente para la Victoria votó a favor, aun con las críticas de Silvia Horne a la falta de control ambiental que incluya manuales de procedimientos y un cuerpo de inspectores independientes de las empresas. Su par Ariel Rivero clamó sin respuesta reclamando que parte del dinero petrolero vaya a asistir a la fruticultura. Es que el “relato” de la provincia petrolera que crece es la contracara de la Río Negro frutícola que decae. En el medio, un Estado en el que conviven la escasez y la abundancia, sin lógica aparente. Técnicamente, Río Negro no necesita renegociar su deuda. Al contrario, está en inmejorables condiciones de pagarla. Tiene un superávit generoso por la inyección de dinero petrolero. Aun si el gobierno ganara en ejecutividad, le llevaría años gastarlo. Pero la lógica de este particular “federalismo de amigos” indica que la renegociación de los pasivos provinciales se ha convertido en un derecho –casi en una obligación– más que en una ayuda de emergencia. Siempre y cuando sean amigables con el gobierno nacional, los gobernadores pueden seguir gastando a discreción. Y la Nación –la misma que concentra la mayor parte de los recursos que antes se coparticipaban– se hace cargo de quitas directas y de las indirectas resultantes de aplicar a los saldos deudores un interés del 6% anual. Eso, en un país con inflación de casi el 30% y en el que no existe el crédito productivo –o, al menos, no a tasas posibles de pagar–, habla de que la prioridad es política, no ciudadana. Mientras tanto, poco ha cambiado para el Río Negro real. Los fruticultores continúan padeciendo una crisis que modificará para siempre estos valles. El jueves, en la sede de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, fueron parte del plenario nacional que pidió la declaración de emergencia para las economías regionales del país. La situación de los productores de peras y manzanas no es diferente a la que atraviesan la vitivinicultura, los tabacaleros, apicultores, productores de frutas finas, de granos, de citrus, los arroceros, yerbateros, horticultores, azucareros y lecheros. Más de 300 dirigentes de 220 entidades pidieron “un nuevo pacto fiscal” que los tenga en cuenta y les permita recuperar rentabilidad. En concreto: menos presión tributaria y un tipo de cambio diferenciado. Del gobierno provincial no hubo más que silencio. Tampoco habló la gestión Weretilneck del retraso en las obras nacionales de ampliación de las rutas 22 y 23, ni del abandono del camino a Playas Doradas. Perdidoso y abatido, el senador Miguel Pichetto se corrió de su tradicional función de gestor y calló. El silencio también fue la única respuesta a las revelaciones de este diario sobre los negociados, falencias e incumplimientos del titular y del tesorero del Sindicato de Obreros Empacadores de Río Negro y Neuquén y de la Obra Social del sector, Héctor Rubén López y Juan Lescano. Fueron el comentario de la gente común en toda la provincia, pero la dirigencia política enmudeció. El gobernador, aliado político del titular de la Mesa Sindical, nada dijo. Su ministro de Hacienda y electo legislador, Alejandro Palmieri, lo calificó de “asunto personal” de López. En reserva, desde el gobierno alentaron cierto alivio, porque la investigación periodística frenó la pretención de López de imponer la candidatura de su hermana en Fernández Oro y de convertir la Secretaría de Trabajo en ministerio, bajo su control. El tema terminó alimentando la interna peronista. El bloque del FpV pidió a la Justicia que investigue y se mostró dispuesto a aprobar el desafuero de su par. Fue sólo un episodio de una semana cargada de cruces feroces en el peronismo. El reclamo de Martín Soria por el atraso en la Ruta 22 abrió la compuerta para críticas contenidas desde la elección de junio, que desbarrancaron hacia rencores personales. Silvina García Larraburu volvió a descargar su verba filosa, esta vez contra la reconocida economista Anahí Tappatá. En el fondo, creció en el PJ la convicción de que la senadora pichettista ha vuelto a acercarse al gobierno de Weretilneck y busca, en realidad, despegarse de la campaña y el resultado del inminente comicio municipal. En todo ese mar de fondo, la gravísima revelación de Sergio Wisky casi pasó inadvertida. El candidato a diputado nacional por Cambiemos en las recientes PASO dijo que, al abrir 58 urnas a su pedido, la Justicia Electoral detectó 4.000 votos a su favor que no fueron computados por las autoridades de mesa en las actas ni en los telegramas. ¿Error por ignorancia o fraude intencionado? Igualmente grave. Sin ciudadanía ni capacitación política no hay democracia posible.