Anestesia
La noticia relevante de las últimas semanas, en el ámbito sudamericano, resulta sin duda la virtual rebelión de una cantidad muy importante del pueblo brasileño, demostrando profunda indignación por la corrupción que se imputa a prácticamente todo el entorno de la presidenta Dilma Rousseff, alcanzando a Lula, quien había culminado exitosamente sus dos períodos. Los reclamos hasta piden la renuncia o de algún modo la salida de Dilma, en multitudinarias manifestaciones. Llama especialmente la atención que el reclamo no se extienda a otros países de la zona, con gobiernos también imputados del mismo mal, entre ellos el nuestro, el que precisamente es internacionalmente calificado como de muy alta corrupción y en donde, a diferencia de Brasil, las acusaciones se extienden también a la propia presidenta y su familia. Puede quizás explicarse por el fanatismo de sus seguidores, todos o casi todos consustanciados con el antiguo eslogan “roba pero hace”, o acostumbrados consuetudinariamente a la ciega obediencia al líder. Y quizás la misma opinión pública general del país se encuentra como anestesiada por la sucesión ininterrumpida de gobiernos corruptos y por la pasividad de la Justicia, siempre dispuesta a hacer la vista gorda al manifiesto, palpable e indisimulado enriquecimiento sin medida de quienes ostentan el poder, o a la convicción, también generalizada, de que los opositores están cortados por la misma tijera. La anomia (falta de normas o desprecio por las que hay) es característica del pueblo argentino en su conjunto. Quizás la raíz de la misma puede remontarse a uno de los primeros adelantados, quien recibiendo un decreto del rey de España lo puso por sobre su cabeza y proclamó: “Acato pero no cumplo”; desde entonces, el argentino entiende legítima la inobservancia de las leyes. Por eso no se explica la reacción de orgullo herido con que se recibió la (exagerada y poco diplomática) declaración de un presidente uruguayo años atrás, que dijo: “Los argentinos son todos ladrones”. Es cierto que no lo somos, pero nuestra pasividad ante el delito y la corrupción efectivamente nos hace parecerlo… La tasa de accidentes mortales de tránsito en el país es porcentualmente la más elevada del mundo, porque cualquier conductor se siente habilitado o justificado a desoír siempre o casi siempre las ordenanzas respectivas. La Justicia represiva (o sea la penal) se ha procurado un arsenal de doctrinas y teorías que, so capa de garantizar los derechos humanos y evitar la condena de inocentes acusados, no hace más que facilitar, día tras día, la acción y la libertad de los culpables, consagrando una impunidad generalizada que se acentúa cuando los presuntos culpables resultan ostentar altos cargos públicos, para cuya exculpación los jueces no dudan en torcer con interpretaciones especiosas las leyes respectivas; cuando ello no es posible, la Justicia acentúa su proverbial lentitud hasta que las causas prescriben por el transcurso del tiempo. Obvio es decir que, salvo muy honrosas excepciones, la independencia de la Justicia es casi inexistente, al igual que el “federalismo”, pues constituimos sin duda un país unitario con una Constitución proclamada federal. Últimamente nos encontramos con que la fuerza ha sustituido al derecho; comenzó con la transformación del derecho de huelga en la toma de las fábricas e instalaciones, a punto tal de obtener, en algunos casos de la demagogia política generalizada, hasta la expropiación de las plantas en beneficio de sus ocupantes. Después de que ningún juez ni autoridad ejecutiva fue capaz de desalojar el primer “piquete” que cortó una ruta, se ha hecho costumbre que un sindicato o cualquier grupo de personas, detentando supuestos intereses legítimos, corten cualquier ruta o puente a veces hasta por varios días, perjudicando a todos los viandantes, conductores, comercio en general y cuantos más quieran ejercer el libre tránsito consagrado por la Constitución; no sólo la Policía consiente tales atropellos, más bien en muchas ocasiones colabora evitando choques y respetando la intención de los “piqueteros”, que muchas veces son muy pocos. El gobernante o cualquier autoridad judicial o de otro orden que quieran forzar el desalojo son inmediatamente atacados y gravemente injuriados por “no respetar los derechos humanos” de los usurpadores de la ruta, a quienes tal parece se ha llegado a considerar con derecho a semejante abuso. Obviamente, no faltarán los políticos prestos a secundar tales acusaciones y a justificar esos pretendidos “derechos” de los insurgentes. Es decir que la mera fuerza (a veces poca…) se constituyó en derecho y desplaza a la ley. Capítulo aparte merece el tema de las usurpaciones o “tomas”, como se ha dado en llamarlas. Son grupos de personas que se apoderan de una propiedad privada o de varias, para instalar allí viviendas precarias, colgándose impunemente de las redes de agua, luz, etc. Acaban teniendo un cuasi reconocimiento oficial y una disimulada aceptación generalizada. Los respectivos propietarios claman al cielo por sus derechos, siendo inútiles los esfuerzos, vía interdictos posesorios, desalojos, reivindicaciones, denuncias por usurpación o lo que fuere, sin obtener de la administración de justicia una solución, viendo postergada indefinidamente la restitución de lo malamente despojado. Antes de ordenar o efectivizar un desalojo, los jueces procuran una y otra vez soluciones conciliatorias a cuyos fines piden la comparecencia de autoridades municipales, provinciales y/o nacionales (faltan la OEA y la ONU…), a quienes requieren que lo eviten de algún modo, interponiendo sus buenos oficios o su acción, que rara vez llegan…; cuando esos jueces aceptan disponer el desahucio, lo rodean de una serie de recaudos y requisitos formales de casi imposible cumplimiento en los hechos, para finalmente no concretarlo nunca… No queríamos referirnos a las “barras bravas”, esas hordas de delincuentes salvajes con mal disimulada protección de los dirigentes del deporte y los políticos (a quienes ayudan en sus campañas), transformando el hermoso espectáculo que es el fútbol en un peligro para quienes de buena fe quieren presenciarlo y corrompiendo aún más de lo que está la organización del mismo. Basta recordar como rompen, roban, abusan, lastiman y hasta matan en forma impune. Y no queríamos hacerlo por lo deprimente de la situación. El paso del Estado medieval al moderno se caracterizó por la consagración del monopolio de la fuerza en favor del Estado, suprimiendo las fuerzas armadas particulares (especialmente las de los señores feudales) y garantizando esos Estados nacionales, con mayor o menor éxito, el imperio de la ley, consagrándose después de la Revolución Francesa la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, complementada a partir de mediados del siglo XX con la igualdad de las mujeres. El desprecio de la ley al que nos hemos referido (y faltándonos de seguro algunos ejemplos) nos retrocede históricamente al feudalismo. (*) Abogado
Félix Eduardo Sosa (*)
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