El costo de nuestros legisladores

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Emilio J. Cárdenas (*)

El Centro Regional de Estrategias Económicas y Sensibles acaba de investigar –y publicar– cuánto nos cuestan, en toda América Latina, nuestros numerosos legisladores. Algunos de los datos obtenidos merecen ser difundidos por todo lo que significan, como información sobre lo que es una auténtica carga pública que pesa sobre los hombros de nuestros sufridos ciudadanos y ciudadanas. Pese a la ineficiencia general propia de nuestros sobredimensionados parlamentos. Aunque lo cierto sea que, en rigor, todo se vuelve aún menos atractivo si pensamos en el nivel de calidad promedio de nuestro elefantiásico lote de parlamentarios, fenómeno triste que el estudio referido deja de lado. Y, peor aún, si advertimos además que, en algunos casos, como el de nuestra propia República Argentina, los legisladores delegan –sin mayor empacho– muchas de sus facultades más importantes (entre ellas, nada menos que las presupuestarias) al Poder Ejecutivo (en violación mayúscula de los equilibrios y contrapesos entre poderes previstos en nuestras respectivas Cartas Magnas). Sin por ello disminuir un ápice sus propios ingresos, ante lo que por cierto es una notoria caída de su labor y responsabilidades. Menos trabajo y más ingresos, entonces. Curiosa receta, que debiera estar prohibida. Por ser una fórmula para generar abundancia en los bolsillos de los legisladores y más tiempo libre para desatender sus deberes, obviamente. El país latinoamericano que más gasta anualmente –por habitante– en mantener a sus legisladores es nuestro vecino Uruguay. Dedica a ellos unos 40,87 dólares por cabeza y por año. Los orientales son, asimismo, quienes tienen más legisladores por habitante. Unos 38,2 por cada millón de habitantes. La Argentina está relativamente cerca, segunda en el ranking de la región. Tiene 7,8 legisladores por millón de habitantes y gasta en sus legisladores unos 22,63 dólares por año y por habitante. Tiene asimismo, cabe destacar, un altísimo grado de nepotismo, que se manifiesta en la presencia abundante de los familiares de los funcionarios públicos en puestos legislativos. Hablamos de esposas, hijos, sobrinos, primos, hermanos o hasta amigos de los funcionarios públicos que ocupan, muy orondos, las bancas parlamentarias sin que se les mueva un músculo de la cara. Por derecho de sangre, apellido o cercanía, creen. El país que menos gasta en sus legisladores de toda nuestra región es México, que dedica tan sólo unos 1,52 dólares por habitante y por año a mantener conformes a sus parlamentarios. Uruguay tiene, en total, unos 130 legisladores nacionales; México, unos 628; Brasil unos 594, y la República Argentina unos 342. Costa Rica, en el otro extremo, tiene solamente 57. Y dejamos de lado los legisladores provinciales y municipales, para mantener un mínimo de buen humor y no deprimirnos demasiado. ¿Habrá alguna vez tiempo para hacer más eficiente –y menos cara– la labor de nuestros Poderes Legislativos? ¿Podrá medirse adecuadamente su eficiencia real? Quizás, es la respuesta, desde el descreimiento ciertamente. (*) Exembajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas