El muro temporal

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Martín Lozada (*)

Días atrás las autoridades del Estado de Israel comenzaron a construir un muro de cemento en Jerusalén Este destinado a separar el barrio judío de Armon HaNatziv, luego de que dos palestinos asesinaran a dos israelíes que viajaban a bordo de un colectivo por la zona. Se trata de un minimuro transportable de cinco metros de alto que alcanza una dimensión política que va más allá del aviso escrito a sus pies: “Barrera policial movible y temporal”. En su defensa, la Policía israelí sostiene que el muro tiene como objetivo evitar los ataques con piedras y cócteles molotov que suelen efectuarse en contra de los residentes del barrio. Jerusalén, la ciudad sagrada para las tres grandes religiones monoteístas del planeta y cuya historia tantas luchas y sangre han marcado, ahora sufre una nueva cicatriz que las autoridades definen como “temporal”. Se trata de una pequeña si se tiene en cuenta aquella otra que corre a través de 413 kilómetros de extensión de hormigón y alambrados que discurre en un 85% de su trazado por el territorio ocupado de Palestina, que en los hechos supone la apropiación del 9,5% de su territorio por parte del Estado constructor. Tanto es así que atraviesa 171 pueblos o ciudades de Cisjordania, ha desplazado a 28.000 personas y supuesto la confiscación de 5.000 hectáreas y el aislamiento de otras 27.000. El llamado “muro de la vergüenza” comenzó a construirse en el 2002 y dos años más tarde la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya declaró su ilegalidad al señalar que “la construcción del muro viola las obligaciones de Israel a tenor de la ley internacional. (…) Israel tiene la obligación de detener su construcción y derribar las partes ya levantadas en los territorios ocupados”. Por su parte, a comienzos del 2013 una comisión especial de juristas internacionales auspiciada por las Naciones Unidas concluyó que la construcción de asentamientos de colonos israelíes para anexionar de forma lenta e inexorable las zonas ocupadas en Cisjordania y el Este de Jerusalén supone una violación de múltiples leyes internacionales. La comisión integrada por las juristas Christiane Chanet (Francia), Asma Jahangir (Pakistán) y Unity Dow (Botsuana) presentó en Ginebra un extenso informe sobre los hechos que entonces consiguió documentar durante seis meses de trabajo. Unas 250 colonias israelíes fueron levantadas en Cisjordania y Jerusalén Este desde 1967, con o sin autorización oficial, y se calcula que hay 520.000 colonos que residen allí. Según el informe encargado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la última década la población de colonos creció a un ritmo anual mucho más alto (5,3%) que la población en Israel (1,8%). El documento destaca que desde aquel año los gobiernos israelíes “dirigieron abiertamente, participaron y tuvieron un control pleno sobre la planificación, construcción, desarrollo, consolidación y promoción de los asentamientos en Palestina”, todos ellos creados para su exclusivo beneficio, cuya existencia reposa en un sistema de total segregación entre los colonos y la población palestina local. El establecimiento de asentamientos en Cisjordania, incluido el Este de Jerusalén, ha creado una red de construcciones e infraestructuras que conducen a una progresiva anexión, la cual impide el establecimiento de un Estado palestino unitario y viable, a la que vez que menoscaba el derecho de la ciudadanía palestina a la autodeterminación. Según explicó la jurista Christiane Chanet, “para mantener ese sistema de segregación se necesita un sistema policial estricto y control militar. Se requieren puestos de control, violación de la libertad de movimiento, privación del acceso a los recursos naturales, demolición de casas y a veces incluso la destrucción de árboles”. Acaso el nuevo muro “temporal” esté llamado a idéntica función: escindir geografías, expulsar poblaciones y consolidar la ocupación ilegal sobre el territorio palestino. (*) Catedrático Unesco. Profesor regular de la Universidad Nacional de Río Negro