El oficialismo trata de frenar el juicio a Dilma

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AP

BRASILIA.- El gobierno de Brasil busca frenar el pedido de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff por adulterar las cuentas públicas, un proceso que deja el futuro político del país más poderoso de Latinoamérica en manos del Congreso.

Como parte del dispositivo puesto en marcha para la lucha desatada entre la mandataria y el jefe de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, legisladores y aliados del Partido de los Trabajadores pidieron ayer a la Corte Suprema que suspenda el trámite y conceda derecho de defensa a la mandataria antes de darle inicio al proceso en la cámara baja.

“La mera apertura del procedimiento es capaz de causar una verdadera tormenta política, administrativa, económica y social, con derivaciones internacionales. (…) El perjuicio que causa la falta de garantías procesales es evidente”, señala el escrito presentado ante el máximo tribunal por el diputado Rubens Pereira.

Según explicó el diputado del PT Paulo Pimenta, habrá varias solicitudes más para detener el proceso. En simultáneo, en el Congreso fue leído el extenso pedido de impeachment, paso inicial de una saga que podría destituir a Rousseff.

Objeciones de Lula

El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) se manifestó “indignado” con Cunha. “Me siento indignado con lo que están haciendo con el país. La presidenta está haciendo un esfuerzo para hacer crecer la economía. El presidente de la Cámara tomó la decisión de no preocuparse por Brasil”, dijo el exmandatario, citado por el portal de noticias UOL.

Fuentes de los principales partidos reconocen que un proceso político de esta magnitud no podrá ser controlado por ninguna fuerza y tendrá una dinámica propia e imprevisible.

La agonía que vive en 2015 el gobierno de Rousseff, reelegida hace poco más de un año con más de 54,5 millones de votos, con sus proyectos obstaculizados por Cunha en el Congreso, la economía barranca abajo y el escándalo de corrupción en Petrobras regando a buena parte de la élite empresaria y política, tendrá un nuevo capítulo ahora en el Congreso.

Cunha, un legislador evangélico afecto al cálculo y a jugar fuerte, fundamentó su decisión pro impeachment en unos gastos autorizados por decreto que indican una violación a la ley de presupuesto y constituyen un “delito de responsabilidad”, figura que solo atañe a funcionarios públicos.

Cunha dio encarnadura a los peores temores del Palacio de Planalto: investigado por la fiscalía por haber cobrado sobornos para facilitar negocios en Petrobras, decidió “morir disparando”, en palabras de asesores de Rousseff.

Irónicamente, el jefe de la cámara pertenece al centrista PMDB en cuyas filas figura también el vicepresidente Michel Temer. Pero fiel a su estilo independiente apretó el gatillo tras saber que los tres diputados del PT en el consejo de ética del Congreso apoyarían una investigación en su contra por ocultar multimillonarias cuentas en Suiza, lo que podría terminar con su mandato. (AFP/DPA)