“Se llamaba, se llamaba…”

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Más de medio siglo atrás. El fervor de la Revolución Cubana exaltado a su máxima expresión. “Se llamaba”, repetían en coro miles de voces, al tiempo que Fidel Castro, líder absoluto de esa Revolución, nombraba a cada una de las 26 empresas que serían nacionalizadas en aquel momento en la isla. En su edición del 6 de agosto de este año, el diario “Gramma” recordó el aniversario del histórico discurso ante el Primer Congreso Latinoamericano de Juventudes, cuando informó sobre la decisión de proceder a la “expropiación forzosa” de propiedades y bienes extranjeros en función de la “defensa del interés nacional”. Fueron precisamente las nacionalizaciones de propiedades estadounidenses las que detonaron el embargo norteamericano a Cuba. Una sanción contenida en la denominada ley Helms-Burton, que se ha mantenido ya por más de cincuenta años. Y a pesar de la condena de la comunidad internacional y del reciente proceso de normalización de relaciones bilaterales, todo indica que está aún lejos de resolverse. El levantamiento del embargo cuenta con el visto bueno del presidente Barack Obama, aunque no todavía del Congreso de los Estados Unidos, que es el que tiene la última palabra en la materia. Pero el problema de fondo, y cuya resolución es la condición previa para la finalización del embargo, son las compensaciones pendientes por las nacionalizaciones de propiedades estadounidenses. Fábricas, centrales azucareras, granjas agrícolas, edificaciones y casas, nacionalizadas por la Revolución en la década de los 60. Hay cerca de seis mil compañías y ciudadanos estadounidenses cuyas demandas fueron certificadas por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones en el Exterior del Departamento de Justicia estadounidense, como la de Coca-Cola, Exxon Mobil, Starwood Hotels & Resorts Worldwide y Colgate-Palmolive, entre otras. Se trata de un monto cercano a los 8.000 millones de dólares, si se calculan con intereses. Los reclamos de otras corporaciones expropiadas que hoy ya no existen perduran a través de las compañías por las que fueron absorbidas a lo largo de este medio siglo. El caso más notable es el de Office Depot, una empresa de papelería y suministros de oficina. Si bien al momento de las nacionalizaciones no existía, se involucró en el asunto cuando, en 2013, compró una empresa competidora, Office Max, que a su vez había heredado de su antigua propietaria, la firma maderera Boise Cascade, intereses en la Cuban Electric Co., una empresa de energía expropiada por la Revolución Cubana. Las estadounidenses no fueron las únicas empresas que vieron cómo tras la subida al poder de Fidel Castro el 1 de enero de 1959 se procedía a expropiar y nacionalizar sus intereses en Cuba sin una compensación inmediata. Pero, progresivamente, Cuba cerró acuerdos compensatorios con países como España, Suiza y Francia en 1967, Reino Unido en 1978 y Canadá en 1980. Se trató de sumas globales, bajo los denominados acuerdos Lump Sum o montos pagados de una sola vez y de forma colectiva al Estado, no a título individual a cada una de las empresas con reclamos. Los pagos además fueron realizados a plazos y, parte de ellos al menos, en especie. A medida que se normalizan otros ámbitos de las relaciones entre La Habana y Washington crece la expectativa por saber qué rumbo tomarán esos reclamos y cuál sería el modo de llegar a un acuerdo. Las negociaciones para identificar las alternativas de posibles soluciones se iniciaron hace unos días y auguran ser complejas y difíciles, ya que se incluyen los reclamos de Cuba por los daños que el bloqueo económico ha causado a la economía del país. Y también, los daños por lesiones y muertes resultantes de supuestos actos de terrorismo estadounidense contra Cuba, como la invasión de Bahía de Cochinos, la explosión del buque La Coubre en marzo de 1960, agresiones desde la base de Guantánamo, entre otros. Este tipo de demandas fueron planteadas exitosamente por Estados Unidos contra Irán y Libia. La isla presentó hace apenas dos meses un informe ante Naciones Unidas en el que aseguró que, hasta abril de 2015, los daños acumulados sólo por el bloqueo ascenderían, según el valor del oro en el mercado internacional, a 833.755 millones de dólares. Hasta ahora, ambos gobiernos han coincidido en dos puntos centrales: los Estados tienen el derecho de expropiar la propiedad extranjera en razón del interés público, aun cuando deben compensar por ello, y los reclamos mutuos presentados tienen legitimidad para ser negociados. Habrá que ver si, como consideró un diplomático cubano, la cuestión puede resolverse con una solución salomónica y compensar los reclamos estadounidenses con los contrarreclamos cubanos. De lo contrario este asunto podría continuar por años. (*) Abogado y diplomático

Opiniones

Eduardo Tempone – Abogado y diplomático.