Contra el FMI
A juzgar por sus declaraciones públicas, todos los líderes políticos europeos más importantes, además del presidente norteamericano George W. Bush, están resueltos a virtualmente obligar al FMI a firmar cuanto antes un acuerdo con la Argentina, actitud que ha sido celebrada tanto por el presidente Néstor Kirchner como por sus colaboradores, algunos de los cuales parecen creer que les será dado forzar a los «técnicos» a aceptar sus propios puntos de vista. Exageran, claro está. Por razones evidentes, al FMI no le interesa en absoluto avalar una política económica que a su juicio no sea «sustentable» por entender sus directivos que de hundirse nuevamente la Argentina a causa de la resistencia del gobierno a emprender ciertas reformas serían ellos, no los primeros ministros, jefes de gobierno y presidentes de los países ricos, los que se verían acusados de haber provocado el desastre cohonestando las medidas que resultaran inapropiadas. Al fin y al cabo, es lo que les ocurrió cuando, a raíz de las fuertes presiones políticas de gobernantes deseosos de hacer gala de su solidaridad para con la Argentina, el FMI respaldó hasta último momento la estrategia del presidente Fernando de la Rúa a pesar de su incapacidad para concretar lo que había prometido. Puesto que según el presidente Kirchner la»flexibilidad» del FMI antes de la llegada al poder de Eduardo Duhalde lo hizo en buena medida responsable del colapso que finalmente se dio, debería esperar que los funcionarios del organismo hayan aprendido lo bastante de aquella experiencia ingrata como para negociar con mayor «dureza» que antes, negándose a minimizar la importancia de la eventual brecha entre las previsiones habitualmente optimistas del Ministerio de Economía y lo que efectivamente suceda en el país. La noción de que el FMI sea un nido de neoliberales tercos que por fanatismo casi religioso insisten en martirizar a países como la Argentina, condenándolos a la miseria al negarse a entender que los oficialistas de turno saben mucho más de economía que ellos, está tan enquistada en las mentes de los políticos, comentaristas y «la gente», que ya parece imposible modificarla. Por supuesto, si realmente fuera así, los gobiernos que en última instancia lo mantienen no vacilarían en reemplazar a los directivos actuales por otros en su opinión un tanto más sensatos. Sin embargo, no obstante sus manifestaciones de apoyo a presidentes como Kirchner en sus batallas «contra» el FMI, siguen insistiendo en subordinar su futura relación económica con los países bajo la tutela del organismo internacional a los resultados de las «negociaciones» con el gobierno local porque, a pesar de lo que dicen, consideran más confiables a los tan criticados «técnicos» que cualquier otra fuente de información y, en términos generales, comparten su fe en ciertos principios básicos. Pues bien: si el FMI, abrumado por las presiones políticas de los europeos, norteamericanos y japoneses, cuando no por la retórica de los integrantes del gobierno de Kirchner, aceptara rubricar todo lo hecho y por hacer de éste, los festejos por tamaño triunfo serían con toda seguridad breves y las consecuencias muy negativas. Aunque no cabe duda de que nuestros gobernantes son mucho más sobrios cuando del gasto público se trata de lo que eran en el pasado no muy remoto, lo mismo que sus homólogos del resto del mundo siguen siendo propensos a sobreestimar los méritos de sus propias corazonadas, motivo por el que es necesario que se vean constreñidos a enfrentarse de forma permanente con quienes no tienen por qué compartir su optimismo congénito. Mal que bien, aquí el FMI desempeña el papel que en lo que Kirchner calificaría de un «país normal» cumplirían una administración pública profesional y una oposición coherente. Aunque el FMI, como cualquier otro grupo de seres humanos, puede equivocarse en ocasiones y es legítimo, si bien a esta altura poco útil, acusarlo de encarnar una corriente político-económica determinada, su mera presencia significa que los funcionarios estén obligados a defender sus propuestas y tratar de asegurar que los datos que manejan se basen en mucho más que sus esperanzas o su propio interés, deber éste que de otro modo muchos estarían más que dispuestos a pasar por alto.
A juzgar por sus declaraciones públicas, todos los líderes políticos europeos más importantes, además del presidente norteamericano George W. Bush, están resueltos a virtualmente obligar al FMI a firmar cuanto antes un acuerdo con la Argentina, actitud que ha sido celebrada tanto por el presidente Néstor Kirchner como por sus colaboradores, algunos de los cuales parecen creer que les será dado forzar a los "técnicos" a aceptar sus propios puntos de vista. Exageran, claro está. Por razones evidentes, al FMI no le interesa en absoluto avalar una política económica que a su juicio no sea "sustentable" por entender sus directivos que de hundirse nuevamente la Argentina a causa de la resistencia del gobierno a emprender ciertas reformas serían ellos, no los primeros ministros, jefes de gobierno y presidentes de los países ricos, los que se verían acusados de haber provocado el desastre cohonestando las medidas que resultaran inapropiadas. Al fin y al cabo, es lo que les ocurrió cuando, a raíz de las fuertes presiones políticas de gobernantes deseosos de hacer gala de su solidaridad para con la Argentina, el FMI respaldó hasta último momento la estrategia del presidente Fernando de la Rúa a pesar de su incapacidad para concretar lo que había prometido. Puesto que según el presidente Kirchner la"flexibilidad" del FMI antes de la llegada al poder de Eduardo Duhalde lo hizo en buena medida responsable del colapso que finalmente se dio, debería esperar que los funcionarios del organismo hayan aprendido lo bastante de aquella experiencia ingrata como para negociar con mayor "dureza" que antes, negándose a minimizar la importancia de la eventual brecha entre las previsiones habitualmente optimistas del Ministerio de Economía y lo que efectivamente suceda en el país. La noción de que el FMI sea un nido de neoliberales tercos que por fanatismo casi religioso insisten en martirizar a países como la Argentina, condenándolos a la miseria al negarse a entender que los oficialistas de turno saben mucho más de economía que ellos, está tan enquistada en las mentes de los políticos, comentaristas y "la gente", que ya parece imposible modificarla. Por supuesto, si realmente fuera así, los gobiernos que en última instancia lo mantienen no vacilarían en reemplazar a los directivos actuales por otros en su opinión un tanto más sensatos. Sin embargo, no obstante sus manifestaciones de apoyo a presidentes como Kirchner en sus batallas "contra" el FMI, siguen insistiendo en subordinar su futura relación económica con los países bajo la tutela del organismo internacional a los resultados de las "negociaciones" con el gobierno local porque, a pesar de lo que dicen, consideran más confiables a los tan criticados "técnicos" que cualquier otra fuente de información y, en términos generales, comparten su fe en ciertos principios básicos. Pues bien: si el FMI, abrumado por las presiones políticas de los europeos, norteamericanos y japoneses, cuando no por la retórica de los integrantes del gobierno de Kirchner, aceptara rubricar todo lo hecho y por hacer de éste, los festejos por tamaño triunfo serían con toda seguridad breves y las consecuencias muy negativas. Aunque no cabe duda de que nuestros gobernantes son mucho más sobrios cuando del gasto público se trata de lo que eran en el pasado no muy remoto, lo mismo que sus homólogos del resto del mundo siguen siendo propensos a sobreestimar los méritos de sus propias corazonadas, motivo por el que es necesario que se vean constreñidos a enfrentarse de forma permanente con quienes no tienen por qué compartir su optimismo congénito. Mal que bien, aquí el FMI desempeña el papel que en lo que Kirchner calificaría de un "país normal" cumplirían una administración pública profesional y una oposición coherente. Aunque el FMI, como cualquier otro grupo de seres humanos, puede equivocarse en ocasiones y es legítimo, si bien a esta altura poco útil, acusarlo de encarnar una corriente político-económica determinada, su mera presencia significa que los funcionarios estén obligados a defender sus propuestas y tratar de asegurar que los datos que manejan se basen en mucho más que sus esperanzas o su propio interés, deber éste que de otro modo muchos estarían más que dispuestos a pasar por alto.
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