A horas del juicio por la asociación ilícita, crece la tensión por develar la verdad

CIPOLLETTI y ROCA (AC y AR).- No era la primera vez que en Río Negro se hablaba de una relación turbia entre policías y revendedores de autos. Pero nunca se había llegado a comprobar nada judicialmente. A partir de la muerte de María Emilia, Paula y Verónica, las sospechas reflotaron y se abrió una causa por «asociación ilícita», investigación que desembocó en procesamientos, detenciones, y que ahora llega a juicio.

El martes a las 9, los jueces de la Cámara Tercera comenzarán a desentrañar la supuesta «banda mixta» que se dedicaba a cometer distintos delitos en el Alto Valle, relacionados principalmente con la compra-venta de automóviles. Un total de 106 testigos deberán comparecer en Roca durante las audiencias.

Varios de ellos ya expusieron la «estrecha» relación que existía entre el «reventa» Guillermo González Pino y el comisario José Luis Torres; entre González Pino y los policías que estaban en la brigada de Allen José Reyes y Mario Pérez; y de González Pino con los distintos revendedores de autos y de estos entre sí.

Pero ninguno -según puntualiza Eves Tejeda, defensor de tres de los nueve imputados en la causa- los vincula a todos en un mismo hecho. «La asociación ilícita no existe», recalca el abogado.

La causa, sin embargo, tiene «sobradas declaraciones de damnificados», indican otras fuentes judiciales, que dan cuenta de una vinculación que iría más allá de la relación policía-«informante». Hay escuchas telefónicas y hechos narrados en los que queda en evidencia cómo Torres, por ejemplo, intercedía ante diferentes autoridades para que González Pino pudiera seguir su camino si era detenido.

Ahora habrá que ver hasta dónde llegaban estas relaciones, y quiénes formaban parte. Si los siete detenidos y dos procesados, algunos de ellos, ellos y más integrantes o ninguno.

La investigación de la asociación ilícita se inició por una denuncia que realizó el cuestionado ex ministro de Gobierno de Río Negro, Horacio Jouliá.

Su presentación cayó justo en un momento de tensión y sirvió para descomprimir posibles desbordes por la falta de respuestas que aclararan los puntos oscuros del triple crimen. Pero la cosa prosperó.

El por entonces fiscal Alvaro Meynet promovió acción penal y finalmente el juez Pablo Iribarren -el mismo que tiene la investigación del triple crimen- ordenó las detenciones.

En marzo del `99, la Cámara confirmó el procesamiento y prisión preventiva a siete de los sospechosos: el comisario José Luis Torres, el oficial Mario Pérez y el cabo Mario Reyes; y los revendedores de autos de Cipolletti, Guillermo González Pino, Héctor Montecino, Miguel Angel Fernández y Sergio Rubén Dávila.

Tiempo después, Daniel Reyes, que había sido detenido pero liberado por la Cámara, volvió tras las rejas. Ahora espera el juicio procesado, pero en la calle; al igual que el policía Carlos Brites.

De acuerdo a la investigación realizada por la Justicia, se cree que los sospechosos integraban una banda que habría cometido distintos delitos en el Alto Valle, especialmente con estafas de automóviles que eran comercializados en las ciudades de la región. Los hechos se habrían concretado desde el «96 al «98.

¿Cómo era la relación entre ellos?. La justicia estima que los civiles «actuaban» cumpliendo distintos roles según la ocasión y que los efectivos les brindaban su apoyo intercediendo ante distintas autoridades.

Dice el auto de procesamiento: «A cambio de información o datos o antecedentes aportados por los civiles referidos al movimiento del narcotráfico y/u otros delitos que se cometían en la zona, les brindaban protección e impunidad en sus actividades delictivas, ya sea intercediendo a su favor ante autoridades policiales o judiciales; y/o no promoviendo la investigación de delitos en que aquellos estuvieran involucrados u omitiendo las denuncias correspondientes; y/o no realizando los controles sobre los vehículos que los primeros mencionados tenían a la venta, ya sea verificando su documentación o el origen de los mismos; y/o cobrando comisiones en dinero o bienes».

Es por eso que se cree que el personal policial brindaba a la asociación «una ayuda indispensable» para su funcionamiento.

Después del encubrimiento

De las causas que se desprendieron de la investigación del triple crimen, la asociación ilícita es la segunda en llegar al debate oral. La primera que se juzgó fue la de encubrimiento, que culminó en la condena del ex jefe de la Policía de Río Negro, Rubén Elosegui.

La muerte de María Emilia, Paula y Verónica generó una importante ramificación de causas. De todos modos, los familiares aún tienen sus sospechas, sobre todo teniendo en cuenta que los nombres se repiten. (AC/AR)