A treinta años de la guerra

Por Redacción

Ya han transcurrido treinta años desde el inicio de la guerra del Atlántico Sur, pero apenas ha cambiado la actitud de buena parte de la clase política nacional frente al conflicto que procuró aprovechar la dictadura militar para mantenerse en el poder. Fue de prever, pues, que el aniversario brindaría al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner una oportunidad para intentar recrear el clima de unidad patriótica –y de hostilidad hacia el Reino Unido– que imperaba en el país hasta poco antes de la derrota con la esperanza apenas disimulada de que serviría para distraer la atención de la ciudadanía de problemas más inmediatos, en especial los planteados por el deterioro de la situación económica, pero parecería que sus esfuerzos en tal sentido no han sido muy exitosos, razón por la que optó por celebrar el acto conmemorativo principal en Ushuaia. Si bien casi todos dicen compartir los sentimientos nacionalistas de la presidenta con respecto a las Malvinas, últimamente se han agravado los conflictos políticos entre el gobierno nacional y el porteño, mientras que a juzgar por ciertas declaraciones recientes del jefe de la CGT, el camionero Hugo Moyano, podríamos estar en vísperas de una ofensiva sindical con repercusiones imprevisibles. Por lo demás, la corrupción atribuida a integrantes del gobierno está convirtiéndose con rapidez en un tema ineludible. Por lo tanto, el impacto del aniversario en la política nacional parece destinado a ser decididamente menor de lo que habrá previsto Cristina y, de todos modos, se agotará muy pronto. Aunque no cabe duda de que la causa ha echado raíces profundas en la cultura política nacional, la mayoría parece entender que tanto aquí como en el Reino Unido se trata de un asunto interno que persistirá por mucho tiempo más, ya que en la actualidad las diferencias entre los dos países son insuperables. Puede que esta situación incómoda no dure para siempre, pero tanto la Argentina como el Reino Unido tendrían que cambiar mucho para que por fin este prolongado drama político se acercara a su desenlace. Será por eso que en las semanas previas al aniversario se hizo evidente que son cada vez más los resignados a que una eventual solución del diferendo tendría que depender de la voluntad de los isleños y que procurar superar el obstáculo así supuesto, tratándolos como “implantados” –en el caso de algunas familias, desde hace casi dos siglos– y por lo tanto carentes de derechos, no ayudará. Por supuesto, a quienes están más interesados en hacer gala de su propio sentir nacionalista que en ver el fin de un conflicto territorial que ya ha dado lugar a una guerra ruinosa, les preocupa muy poco el que en términos prácticos sea contraproducente la política elegida por el gobierno de Cristina, ya que a su juicio lo único que importa es participar a su manera de la lucha contra un vestigio del imperialismo ajeno, de suerte que repudiarían con indignación la idea de que fuera mejor una solución negociada mutuamente satisfactoria que un harto improbable triunfo categórico de la tesis argentina. Para los que a través de los años han invertido mucho capital emotivo en el conflicto, un arreglo de la clase que, en otras partes del mundo, parecería perfectamente lógico sería intolerable; como suelen decir los kirchneristas, “van por todo”. La postura del gobierno de Cristina, que, si bien en todos los foros disponibles pide negociaciones, no está dispuesto a ceder nada significante, se asemeja bastante a la de los isleños mismos y los conservadores británicos que son igualmente intransigentes. Aunque algunos lobbistas militares británicos dicen lamentar que su país no estaría en condiciones de defender las Malvinas ya que por ahora no cuenta con portaaviones, sucede que las fuerzas armadas argentinas, debilitadas sistemáticamente por el gobierno por motivos de política interna, no estarían en condiciones de atacarlas. Sea como fuere, de acuerdo común no hay ningún riesgo de que estalle una nueva guerra, realidad que, lejos de contribuir a tranquilizar a los emotivamente comprometidos con la causa malvinera, parece haberlos estimulado a continuar con mayor agresividad aún la campaña de hostigamiento diplomático y, en lo posible, económico que han emprendido, aprovechando la falta de poder militar del país para subrayar su presunta vocación pacífica.


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