A un año de asumir Temer, los problemas en Brasil continúan

Un año después de la caída de la presidenta Dilma Rousseff, Brasil está lejos de haber superado los malos tiempos. La tormenta económica empieza a amainar, pero el gigante latinoamericano se tambalea aún de crisis en crisis, con un Gobierno muy cuestionado y escándalos de corrupción que amenazan con sacudir los cimientos de la nación.

El conservador Michel Temer llegó al poder el 12 de mayo de 2016, inicialmente de forma interina, con la promesa de “unir” y “salvar” al país tras la suspensión de Rousseff por un tormentoso proceso de “impeachment” que terminó sólo en agosto.

Atrás quedaban meses de intrigas y luchas de poder, iniciadas cuando el ex líder de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha –hoy preso por la operación anticorrupción Lava Jato– puso en marcha en diciembre el proceso de destitución de Rousseff por haber ocultado el verdadero déficit público.

El proceso por irregularidades fiscales, cometidas ya por Gobiernos anteriores, fue después ampliamente criticado como una excusa para defenestrar a una presidenta impopular.

Rousseff, sin embargo, cargaba con el lastre de la grave crisis económica que empezó bajo su Gobierno, después de un sólido “boom” durante los mandatos de su predecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, y de haber sido dilapidado su capital político.

El mandatario, de 76 años, es altamente impopular, tanto o más que Rousseff en sus últimos tiempos en el Palacio de Planalto. Las últimas encuestas sitúan los índices de popularidad de Temer en un 9%. Las acusaciones de haber apoyado un “golpe” contra una presidenta electa resuenan ampliamente en la sociedad brasileña.

Temer ha perdido a siete ministros en sus 12 meses en el poder y ha anunciado ya que no será candidato en las presidenciales de 2018.

Aunque la crisis se frenará este año, con un crecimiento previsto de 0,2% del PIB, el desempleo sigue afectando a un cifra récord de 13,5 millones de personas. Para reanimar la coyuntura, Temer impulsa una cuestionada agenda de ajustes, entre ellas reformas para subir la edad de jubilación y para recortar derechos laborales.

Las revelaciones de corrupción son la espada de Damocles sobre el sistema político brasileño. “Esa una forma de hacer política en Brasil, desde hace 30 años o más”, dice a la agencia DPA el analista Antonio Testa, de la Universidad de Brasilia. El caso Lava Jato sacude desde hace más de tres años al país. Decenas de políticos están involucrados en la trama de cobro de sobornos en la petrolera semiestatal Petrobras.

Los tentáculos de la red corrupta alcanzan al extranjero por el pago de sobornos que la constructora Odebrecht admitió haber realizado en 12 países, diez de ellos de América Latina. Las últimas denuncias hechas por Odebrecht en su colaboración con la Justicia, conocidas como la “delación del fin del mundo”, alcanzan a un centenar de políticos, entre ellos los cinco ex presidentes vivos y ocho ministros de Temer. Es prácticamente toda una generación de políticos puesta en el banquillo de los acusados.

El más conocido de esos acusados es Lula, que sigue siendo uno de los políticos más influyentes de Brasil. El mandatario, artífice del despegue económico durante sus mandatos (2003-2010), está acusado en cinco juicios vinculados con Lava Jato. Él niega los cargos y acusa a sus adversarios de querer sacarlo de la arena política.

El ex líder obrero sigue teniendo un gran arrastre a sus 71 años y ha dicho ya que quiere aspirar a la presidencia por sexta vez en 2018. Eso, si el juez Sérgio Moro, actual emblema de la lucha anticorrupción, no lo inhabilita antes o lo envía incluso a prisión.

Las últimas encuestas colocan a Lula en el primer puesto de las preferencias electorales, con hasta un 30% de los apoyos. Disputando el segundo lugar, con un 11%, está un candidato que evidencia el potencial explosivo de la crisis institucional y el enorme descontento popular en Brasil: el populista de derechas Jair Bolsonaro, temido desde ya como un posible “Donald Trump brasileño”.

“Las derivaciones de Lava Jato pueden llevar a la parálisis del gobierno y tirar por tierra todo lo positivo conseguido hasta ahora”.

Dato

“El gobierno se planteó objetivos ambiciosos y está saliendo adelante a pesar de tener un bajo capital
político”.

Rafael Cortez,

consultor político.