¡Abajo la Justicia!
Según la procuradora general Alejandra Gils Carbó y, por lo tanto, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en nuestro país “la Justicia actual es ilegítima, corporativa, oscurantista y de lobbies aceitados”. Dicho de otro modo, el gobierno, que claro está también podría ser calificado por sus adversarios de “corporativo y oscurantista” y que, para más señas, se ha habituado a entregar subsidios multimillonarios a los “lobbies aceitados” conformados por empresarios amigos como los hermanos Cirigliano de la empresa ferroviaria TBA o los dueños de medios periodísticos oficialistas que serían comercialmente inviables si no fuera por la generosidad extraordinaria de los encargados de la distribución de publicidad estatal, se ha propuesto desmantelar el Poder Judicial existente a fin de reemplazarlo por otro a su medida. Es que, como el primer gobierno del presidente Juan Domingo Perón y algunos militares, el de Cristina ve en la Justicia un límite a su propio poder, razón por la que le ha declarado la guerra en nombre de la “democratización”. De más está decir que, en el léxico oficial, la palabra “democratización” es sinónimo de “politización”, cuando no de “kirchnerización”. Para justificar la pretensión así supuesta, los kirchneristas aluden tácita o explícitamente a los resultados electorales de octubre del 2011 por suponer que la mayoría coyuntural que se registró en aquel momento les aseguró el derecho a avanzar sobre todas las instituciones de la república, incluyendo, desde luego, el Poder Judicial. Pues bien: conforme a la lógica de Gils Carbó que afirma creer que la Justicia es “ilegítima” por ser “un sistema donde predominan los sistemas corporativos antes que un servicio a la comunidad”, el gobierno mismo, que es de ideología netamente corporativista y que subordina todo a sus propios intereses políticos sin cumplir de forma adecuada “un servicio a la comunidad”, está volviéndose “ilegítimo” también. Hasta ahora, a ningún opositor se le ha ocurrido reivindicar un planteo de connotaciones tan peligrosas, pero de continuar pisoteando las reglas constitucionales el gobierno de Cristina, los más indignados no vacilarían en aprovechar las oportunidades para impulsar el juicio político que les brindaría la previsible caída de su nivel de apoyo a causa de la crisis económica que, tal y como están las cosas, parece destinada a agravarse mucho en los meses próximos. El martes pasado, al inaugurar el año judicial y celebrar el aniversario número 150 de la fundación de la Corte Suprema de la Nación con un acto que se vio boicoteado por representantes del oficialismo, el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, subrayó que es deber de la Justicia defender la Constitución cuando un gobierno, por legítimo que fuera su origen, procura violarla. Como dijo: “Hay suficiente experiencia en el mundo que muestra que las mayorías han tomado decisiones muy graves, como el Holocausto, la pena de muerte, por eso se habla de democracia constitucional”. Cuando la Justicia no está en condiciones de cumplir esta función fundamental y el Poder Ejecutivo se ve acompañado por un Poder Legislativo dominado por oficialistas obsecuentes, el gobierno es como un vehículo sin frenos que tarde o temprano terminará autodestruyéndose. No sólo en la Alemania nazi, sino también, si bien en escala menor, en nuestro país, el desprecio por los límites constitucionales de distintos gobiernos los ha llevado a cometer muchos errores sumamente costosos. Asimismo, a esta altura sería difícil negar que la depauperación de la Argentina, un país antes considerado rico por antonomasia pero que en la actualidad tiene un ingreso per cápita tercermundista, se ha debido principalmente a la propensión de sus gobernantes, funcionarios, legisladores y empresarios a mofarse de la ley que, según el discurso de moda, es en opinión de los poderosos de turno demasiado oscurantista, burguesa o izquierdista. En el mundo actual, un país sin reglas, uno cuyo gobierno ni siquiera respeta los fallos de los tribunales internacionales, no puede sino condenarse al atraso, detalle éste que según parece no preocupa a ciertos kirchneristas que, a juzgar por su conducta, están mucho más interesados en su propio bienestar que en aquel de la mayoría abrumadora de sus compatriotas.
Según la procuradora general Alejandra Gils Carbó y, por lo tanto, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en nuestro país “la Justicia actual es ilegítima, corporativa, oscurantista y de lobbies aceitados”. Dicho de otro modo, el gobierno, que claro está también podría ser calificado por sus adversarios de “corporativo y oscurantista” y que, para más señas, se ha habituado a entregar subsidios multimillonarios a los “lobbies aceitados” conformados por empresarios amigos como los hermanos Cirigliano de la empresa ferroviaria TBA o los dueños de medios periodísticos oficialistas que serían comercialmente inviables si no fuera por la generosidad extraordinaria de los encargados de la distribución de publicidad estatal, se ha propuesto desmantelar el Poder Judicial existente a fin de reemplazarlo por otro a su medida. Es que, como el primer gobierno del presidente Juan Domingo Perón y algunos militares, el de Cristina ve en la Justicia un límite a su propio poder, razón por la que le ha declarado la guerra en nombre de la “democratización”. De más está decir que, en el léxico oficial, la palabra “democratización” es sinónimo de “politización”, cuando no de “kirchnerización”. Para justificar la pretensión así supuesta, los kirchneristas aluden tácita o explícitamente a los resultados electorales de octubre del 2011 por suponer que la mayoría coyuntural que se registró en aquel momento les aseguró el derecho a avanzar sobre todas las instituciones de la república, incluyendo, desde luego, el Poder Judicial. Pues bien: conforme a la lógica de Gils Carbó que afirma creer que la Justicia es “ilegítima” por ser “un sistema donde predominan los sistemas corporativos antes que un servicio a la comunidad”, el gobierno mismo, que es de ideología netamente corporativista y que subordina todo a sus propios intereses políticos sin cumplir de forma adecuada “un servicio a la comunidad”, está volviéndose “ilegítimo” también. Hasta ahora, a ningún opositor se le ha ocurrido reivindicar un planteo de connotaciones tan peligrosas, pero de continuar pisoteando las reglas constitucionales el gobierno de Cristina, los más indignados no vacilarían en aprovechar las oportunidades para impulsar el juicio político que les brindaría la previsible caída de su nivel de apoyo a causa de la crisis económica que, tal y como están las cosas, parece destinada a agravarse mucho en los meses próximos. El martes pasado, al inaugurar el año judicial y celebrar el aniversario número 150 de la fundación de la Corte Suprema de la Nación con un acto que se vio boicoteado por representantes del oficialismo, el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, subrayó que es deber de la Justicia defender la Constitución cuando un gobierno, por legítimo que fuera su origen, procura violarla. Como dijo: “Hay suficiente experiencia en el mundo que muestra que las mayorías han tomado decisiones muy graves, como el Holocausto, la pena de muerte, por eso se habla de democracia constitucional”. Cuando la Justicia no está en condiciones de cumplir esta función fundamental y el Poder Ejecutivo se ve acompañado por un Poder Legislativo dominado por oficialistas obsecuentes, el gobierno es como un vehículo sin frenos que tarde o temprano terminará autodestruyéndose. No sólo en la Alemania nazi, sino también, si bien en escala menor, en nuestro país, el desprecio por los límites constitucionales de distintos gobiernos los ha llevado a cometer muchos errores sumamente costosos. Asimismo, a esta altura sería difícil negar que la depauperación de la Argentina, un país antes considerado rico por antonomasia pero que en la actualidad tiene un ingreso per cápita tercermundista, se ha debido principalmente a la propensión de sus gobernantes, funcionarios, legisladores y empresarios a mofarse de la ley que, según el discurso de moda, es en opinión de los poderosos de turno demasiado oscurantista, burguesa o izquierdista. En el mundo actual, un país sin reglas, uno cuyo gobierno ni siquiera respeta los fallos de los tribunales internacionales, no puede sino condenarse al atraso, detalle éste que según parece no preocupa a ciertos kirchneristas que, a juzgar por su conducta, están mucho más interesados en su propio bienestar que en aquel de la mayoría abrumadora de sus compatriotas.
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