Aceptaron aplicar el dos por uno a los ex soldados

NEUQUEN (AN).- La justicia aceptó aplicar la regla del «dos por uno» en favor de Cristian Suárez y Víctor Salazar, quienes podrían salir en libertad condicional la semana próxima cuando se cumplan los trámites formales. Los ex soldados están en prisión por el crimen de Omar Carrasco, y ya cumplieron los dos tercios de la condena a 10 años de cárcel que les impusieron.

La decisión, conocida ayer, también beneficiará al otro condenado por el crimen, el ex subteniente Ignacio Canevaro (debe cumplir 15 años de prisión), quien a mediados del año próximo podrá solicitar permiso para salidas laborales. El ex militar está detenido en la cárcel porteña de Caseros y le faltan unas pocas materias para recibirse de abogado.

El «dos por uno» está contemplado en una ley según la cual después de dos años de prisión sin sentencia firme, cada día que continúe la detención valdrá doble. Otra ley marca que al cumplir las dos terceras partes de una condena en prisión, el imputado tiene derecho a la libertad condicional si su comportamiento y condiciones personales no son obstáculo para ello.

En estos momentos hay una fuerte campaña para derogar la ley del «dos por uno», encabezada por el gobernador bonaerense Carlos Ruckauf, uno de los que la promulgó cuando era ministro del Interior del anterior gobierno menemista (ver aparte).

La aplicación del «dos por uno» para Suárez y Salazar está contenida en una resolución que firmó la jueza Aidée Vázquez Villar, integrante del Tribunal Oral Federal de Neuquén. Es el mismo tribunal que dictó la sentencia.

La jueza tuvo en cuenta un pedido del fiscal Manuel Balboa para que se realizara un nuevo cómputo del tiempo que los ex soldados llevaban detenidos.

Tal como se informó, el 7 de setiembre pasado el fiscal presentó un escrito en el cual recordaba que los soldados fueron detenidos el 20 de junio de 1994 y condenados el 31 de enero de 1996. La última instancia de apelación la agotaron el 8 de noviembre del mismo año. En consecuencia, opinó Balboa, «desde que se cumplieron dos años de detención -el 20 de junio de 1996- hasta el 8 de noviembre del mismo año deben aplicarse las disposiciones de la ley» conocida como «dos por uno».

El planteo del fiscal fue hecho conocer a los defensores, remarcó la jueza Vázquez, quienes «no lo contestaron».

El 20 de octubre pasado, los abogados Oscar Pandolfi y Marcelo Inaudi presentaron su propio pedido para que se efectúe un nuevo cómputo de pena y se otorgue la libertad condicional a sus asistidos.

La jueza Vázquez dejó en claro que la postura del tribunal es que la ley del «dos por uno» no puede aplicarse cuando el imputado fue juzgado antes de que se cumplan los dos años de encierro preventivo contados desde la fecha de detención. Pero reconoció que luego la postura fue modificada por sucesivos fallos de la Cámara Nacional de Casación Penal.

En consecuencia, otorgó razón al fiscal y resolvió que el plazo que va del 20 de junio de 1996 al 8 de noviembre del mismo año (cuatro meses y 18 días) debe computarse doble.

Esta resolución beneficia a Suárez y Salazar ya que con el nuevo cálculo del tiempo que llevan en prisión alcanzan -incluso superan por varios días- los seis años y ocho meses de detención. Es decir, las dos terceras partes de los diez años a los que fueron condenados.

Ahora faltan conocer los informes de las unidades penitenciarias donde estuvieron alojados sobre su comportamiento. Como se descuenta que serán favorables, la semana próxima ambos saldrían en libertad.

Actualmente tienen permiso para salir a estudiar y deben regresar a la noche a la comisaría 12, donde cumplen su condena.

Una ley sujeta a fuertes polémicas

NEUQUEN (AN).- La llamada ley del «dos por uno» lleva el número 24.390 y tiene vigencia desde el 22 de noviembre de 1994. En su artículo 7 dice que «trascurrido el plazo de dos años (de prisión preventiva) se computará por un día de prisión preventiva dos de prisión».

Dictada durante el anterior gobierno menemista, tuvo como finalidad desagotar las superpobladas cárceles del país. También obliga a los jueces a resolver con rapidez las causas con detenidos, que de otra manera dormirían en los abarrotados despachos de los magistrados.

Su lógica es sencilla. En el supuesto de una persona que permanezca dos años y tres meses detenido sin sentencia firme, esos tres meses que exceden los dos años se computan doble. Es decir, valen seis meses.

Ahora hay un fuerte debate en torno a la ley impulsado por quienes pretenden derogarla, como el gobernador bonaerense Carlos Ruckauf. Curiosamente, Ruckauf era ministro del Interior cuando se promulgó la ley.