Acuerdan que no haya despidos, pero sin penalidades para las empresas
Desde el ministerio de Trabajo consideran que no existe una “ola de despidos”. “Es un acuerdo de buena voluntad”, advirtieron los empresarios.
A tiro de piedra del fin de año, fecha sensible para la situación social, y con una economía que no arranca, el Ejecutivo selló ayer un pacto con el empresariado y la CGT para frenar los despidos y las suspensiones hasta marzo de 2017. No es el primer “compromiso” de estas características al que da luz verde el gobierno de Mauricio Macri desde que llegó al poder, pero sí el primero que cuenta con el aval del gremialismo. Y se da en un contexto marcado además por la pulseada sobre el impuesto a las Ganancias y la emergencia social.
El esfuerzo por “mantener los puestos de trabajo hasta marzo de 2017” quedó escrito en un acta tras la segunda mesa tripartita por el “Diálogo para la Producción y el Trabajo”. “Para mantener los puestos y las dotaciones todos ponemos algo. El sector empresario, el cuidado de los puestos. Los trabajadores también. Y por supuesto, el Gobierno, a través de los recursos que dispone para empresas en situaciones más complejas”, anunció el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en conferencia de prensa junto al vicejefe de Gabinete Mario Quintana, en la Rosada.
Un compromiso no es una norma, y el presidente Macri ya se encargó de vetar una ley que prohibía los despidos en mayo. Triaca no se refirió a ninguna penalidad para quienes fallen al cumplir su compromiso de no despedir por los próximos dos meses y destacó que, más allá del acuerdo, el principal objetivo sigue siendo “la generación de nuevos puestos” de trabajo. “En los últimos cuatro meses en la Argentina se ha generado la creación de empleo neto en el sector privado”, señaló.
Sus colaboradores negaron que esté estipulada ningún tipo de medida de sanción. “Es un punto más en el diálogo con los dos sectores, no es que haya un situación de despidos a la que se haya que poner un tapón. El peligro está en que se lea como una confirmación de una situación de ola de despidos que no es tal”, afirmó a este diario un hombre cercano al ministro.
“Es un acuerdo de buena voluntad, pero no tenemos facultad para representar a todas las empresas porque cada una conoce su situación”, reconoció ayer Jorge Di Fiori (Cámara de Comercio).
Previo a la mesa, Triaca y Quintana se habían reunido con Di Fiori, Luis Miguel Etchevehere (Sociedad Rural), Juan Chediack (Cámara de la Construcción), Adelmo Gabbi (Bolsa), y Daniel Llambías (Adeba). El empresariado prefiere un compromiso a una ley antidespidos y conflictos gremiales. El mismo mes en que el presidente vetó la ley antidespidos, el gobierno había sellado con los empresarios el primer pacto para frenar las cesantías. Pero, a diferencia del de ayer, no contaba con el aval de la CGT, entonces aún no unificada.
“Tenemos que poner la productividad como una batalla de todos, no de unos contra otros. Habrá que ver si hay convenios que están frenando esto”, dijo Quintana y anunció la creación de siete mesas de trabajo, tres sectoriales (construcción, agropecuaria y logística) y cuatro temáticas: desarrollo de proveedores, creación de empleo joven, capacitación laboral y formalización del empleo en negro.
“Todas las partes entienden que el mejor camino para la eliminación de la pobreza es la creación de más y mejor empleo”.
Jorge Triaca,
Ministro de Trabajo
“Es un acuerdo de buena voluntad, pero no tenemos facultad para representar a todas las empresas. Cada una conoce su situación”.
Jorge Di Fiori,
Cámara de Comercio
El dato
Habrá ley de emergencia social
Finalmente hubo acuerdo entre el gobierno y los movimientos sociales. El ejecutivo aceptó ayer declarar la emergencia social por los próximos tres años, para lo que destinará 27 mil millones de pesos anuales.
El acuerdo fue cerrado entre los ministros de Trabajo, Jorge Triaca, y de Desarrollo Social, Carolina Stanley,y el jefe del Pro en Diputados, Nicolás Massot, con los representantes de la agrupación Barrios de Pie, la CTEP y la Corriente Clasista y Combativa. El actual proyecto de Emergencia recibirá modificaciones en diputados y volverá al senado, para ser tratado en sesiones extraordinarias. Del proyecto original, según confirmaron desde CTEP, se mantendrá la conformación del Consejo de la Economía Popular, el salario social complementario y el aumento a las AUH. No así la creación de un millón de puestos de trabajo.
Datos
- “Todas las partes entienden que el mejor camino para la eliminación de la pobreza es la creación de más y mejor empleo”.
- “Es un acuerdo de buena voluntad, pero no tenemos facultad para representar a todas las empresas. Cada una conoce su situación”.
- 127.000
- Es el número de puestos de trabajo que se perdieron desde marzo hasta septiembre de 2017, según la AFIP.
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