Administración eficaz



El reciente debate sobre los aumentos a funcionarios, las designaciones en la planta política y las desigualdades salariales al interior el Estado rionegrino pone una vez más en evidencia la necesidad de profesionalizar y sistematizar los sistemas de nombramiento y ascenso de los empleados públicos, dominados a menudo por criterios de política partidaria y clientelismo y no por necesidades reales del sector público, generando una fuerte presión sobre el presupuesto y el déficit fiscal.

En tiempos de crisis económica como el actual es difícil hablar de los salarios de los funcionarios, ya que mientras la mayoría de la población ve mermandos sus ingresos, ciertos sectores estatales parecen inmunes a cualquier ajuste. Por esto, la gobernadora Carreras debió salir a defender en enero la suba salarial a las autoridades del Ejecutivo, mientras aún no se definía la suba del resto de los estatales, para corregir una “desproporción” que hacía que el sueldo del gobernador, de un ministro o un secretario de gobierno estuviera por debajo de lo que ganaba un médico o docente de las categorías más altas.

De hecho, las desigualdades en los sistemas de remuneración y de la actualización salarial han generado una verdadera anarquía salarial al interior del Estado, con diferencias irritantes entre poderes y entre empleados y funcionarios con similares responsabilidades. Por ejemplo, el salario de un vocal del STJ más que duplica al sueldo de la gobernadora, no solo por haberse actualizado en mayor proporción durante años, sino porque están exentos de Ganancias. De esta manera, se incumple el texto de la ley 4717, que a fines del 2011 estableció que los titulares de los tres poderes debían percibir igual remuneración.

Como forma de empatizar con la población que sufre el ajuste han proliferado medidas de gobernadores e intendentes que prometen “congelar” sus sueldos. Hace poco los legisladores nacionales decidieron “inmovilizar” sus dietas por 180 días, el mismo plazo que se dio para los haberes previsionales. Por eso es necesario aclarar que el principal “costo de la política” argentina no está en los sueldos de sus máximas autoridades.

Diversos estudios han demostrado que las retribuciones del presidente, ministros, diputados, senadores y jueces argentinos no están alejadas de las que perciben sus contrapartes de otros países como Brasil, México o Chile. Sin embargo, la diferencia está cuando se suman los costos asociados a cada funcionario (asesores, empleados, pasajes, gastos de representación) que hacen que, por ejemplo, en términos presupuestarios el costo fiscal de un legislador argentino triplique al de un diputado o senador español, como demostró hace poco el economista liberal Roberto Cachanosky. A nivel del Ejecutivo, hay superposiciones de organismos federales, provinciales y municipales para una misma función. Sin importar el signo político o nivel estatal, cuando un nuevo funcionario llega al Estado, a menudo no consigue desplazar a los funcionarios políticos anteriores y trae consigo a sus propios colaboradores, generando verdaderas “capas geológicas” de asesores y empleados.

En Argentina, los empleados públicos representan un 18% de los ocupados, por encima de la media de América Latina (12%) y por debajo de países europeos (20%). Provincias y municipios concentran casi 8 de cada 10 estatales. Como bien señala el Cippec, “tenemos niveles de empleo público cercanos a países en desarrollo, pero con políticas públicas cuya calidad es de países subdesarrollados”.

La burocracia pública juega un rol fundamental en la planificación, implementación y evaluación de las políticas de un país. Por eso, se necesitan funcionarios bien remunerados, para traer al mejor recurso humano posible, dentro de un régimen de empleo público trasparente, ordenado y coherente, que permita una administración profesionalizada y eficaz. Mientras el criterio de selección siga siendo la improvisación, la “lealtad política” , el parentesco y la “confianza personal” será difícil equilibrar las cuentas fiscales y lograr el Estado fuerte, ágil y eficiente que el país y las provincias necesitan.


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