Adolescente admitió el crimen del médico

CUTRAL CO (ACC).- En una audiencia de juicio abreviado que se realizó ayer en el Juzgado de Instrucción N° 1 por el asesinato del médico Manuel Farías Rojas, se definió que el menor de edad y único imputado de la causa fuera declarado responsable por el delito de homicidio agravado. Se le impondrá el régimen de libertad asistida, figura que para la instancia penal prevé la ley 2302, porque cometió el hecho cuando aún era menor de edad.

Ayer, compañeros de trabajo y amigos de la familia del profesional asesinado estuvieron afuera del edificio de tribunales porque la audiencia no fue pública.

Casi una hora después de lo previsto, se dio inicio al debate para juzgar el hecho que ocurrió el 2 de junio de 2011 en el centro de salud del barrio Aeroparque y que tuvo como víctima fatal al médico Farías Rojas, quien fue atacado cuando atendía en su consultorio.

Su viuda, Amelia Tapia, quien también es médica, llegó al edificio de tribunales a las 9:30 y también lo hicieron los compañeros con pancartas en reclamo de justicia, quienes aguardaron en la vereda. Luego, la mujer junto con la abogada, Celina Fernández, subieron hasta el segundo piso donde se llevó a cabo la audiencia. Como el único imputado era menor de edad, no tuvo acceso el público ni la prensa.

En la audiencia estuvieron además la fiscal Marisa Czajka y el abogado defensor del menor, Gustavo Palmieri. Al término, la abogada de la querella fue la encargada de explicar lo ocurrido.

“Ante la propuesta del defensor (Palmieri) que aseguró que el menor quería asumir la responsabilidad de lo acontecido estuvimos de acuerdo en conocer la versión de al menos una de las dos personas que estuvieron presentes y dejamos claro que la otra no la vamos a conocer nunca porque lamentablemente Manuel perdió la vida”, detalló.

Es por esta razón que al ser declarado “responsable por el homicidio agravado por el empleo de arma de fuego, y en los términos de la ley 2302 por el régimen penal del menor, se le impondrá el régimen de libertad asistida”, indicó.

Será la jueza la que establezca el plazo de ese tratamiento, que puede ir desde los seis meses al año. La abogada aclaró que la “responsabilidad ya le fue atribuida” y recordó que en este tiempo el joven cumplió 18 años.

Las partes serán notificadas por escrito. “Sí aclaramos que seremos rigurosas en el control del período de libertad asistida y la sanción que se da después del plazo”, añadió la abogada.

Explicaron que en todo momento se dejó en claro que no se busca “revancha, sino que el joven tome dimensión del daño que produjo”. Entre las medidas exigidas está que el joven tenga una concurrencia quincenal con la magistrada y ante la presencia fiscal; la designación de un operador de calle; un tratamiento psicológico para todo el grupo familiar y un asistente social. Como en el interior de la provincia no se aplica este tipo de régimen se deberá exigir al Ejecutivo provincial para su cumplimiento, informaron.

En una futura audiencia se conocerá cómo se implementará la sanción una vez finalizada la asistencia tutelar.