“AIC: ¿pagarán por lo que no hicieron?”
Me preguntaba yo en un artículo en este mismo medio, un tiempo atrás, y como título: “¿El que la hace la paga?”. Me refería a la mala praxis, desidia, corrupción y otras plagas con que algunos funcionarios estatales culminan su gestión. Y me respondí a mí mismo: “En este país, nunca”. Leyendo el artículo firmado por Nadina Díaz (defensora del pueblo de Río Negro), y publicado en este diario el 18/11 pág. 13 (felicidades, Nadina), me di cuenta de que no hacer nada puede ser peor –mucho peor en determinadas circunstancias– que hacer mal. No me sorprende lo expuesto sobre el “no accionar” de la AIC. Hace poco titulé una carta de lectores: “¿Para que sirve la AIC?”. Pero quiero hoy, inspirado por el artículo de la Sra. Díaz, agregar otros conceptos. El problema de la contaminación de los acuíferos hoy es grave; tanto más grave dado que llevará años si es que se decide y se puede revertir. Y la Constitución rionegrina prevé la obligatoriedad de todo ciudadano de cuidar el medioambiente; imagínense a qué nivel llega la obligación de funcionarios de AIC, cuando el artículo 5 de sus estatutos fundacionales reza (parcial): “Poner en funcionamiento y mantener instalaciones para detectar y controlar la contaminación en los recursos hídricos de sus cauces”… y sigue: “Proponer a los Estados signatarios adopción de normas o acciones”. Además la AIC “está autorizada a aplicar sanciones pecuniarias a los Estados” Parece el relato de todo lo que no hicieron. ¿Pruebas? Vean en diario “Río Negro” del 31 de mayo pasado, páginas 23 a 26, sobre el estado de lagos y ríos de la región. Volvamos al título: “¿Pagarán por lo que no hicieron?”. A días de las declaraciones de la defensora, no se vio ni una línea de descargo de las autoridades de AIC. ¿Qué harán –nos preguntamos– los gobiernos de las provincias con los integrantes de esta entidad? Ellos también, constitucionalmente, son responsables conjunta y solidariamente por el delito de contaminación. Dicen los textos constitucionales, además de tipificar el delito de la contaminación, que el mismo puede ser por “acción directa: los que contaminen. Pero también son responsables, por omisión quienes teniendo el poder y la obligación” de evitarla, no lo hagan. Estas generalidades de la ley comprenden a todos los funcionarios de AIC y a sus gobernadores. Pero más allá de esta responsabilidad legal, hay otra que creemos más grave y que debiera comprometer sus conciencias: defraudaron, además de la confianza de todo un pueblo de dos provincias, las de quienes, previsores, legislaron en defensa de la naturaleza. Y la frutilla del postre: ¡cobraron (y muy bien) por lo que no hicieron! Finalizando, doble tarea le toca a esta entidad: recuperar el tiempo perdido, descontaminando, y evitar a futuro inmediato que vuelva a suceder. Carlos H. López DNI 4.820.317 Asociación Ecológica Roca
Carlos H. López DNI 4.820.317 Asociación Ecológica Roca
Me preguntaba yo en un artículo en este mismo medio, un tiempo atrás, y como título: “¿El que la hace la paga?”. Me refería a la mala praxis, desidia, corrupción y otras plagas con que algunos funcionarios estatales culminan su gestión. Y me respondí a mí mismo: “En este país, nunca”. Leyendo el artículo firmado por Nadina Díaz (defensora del pueblo de Río Negro), y publicado en este diario el 18/11 pág. 13 (felicidades, Nadina), me di cuenta de que no hacer nada puede ser peor –mucho peor en determinadas circunstancias– que hacer mal. No me sorprende lo expuesto sobre el “no accionar” de la AIC. Hace poco titulé una carta de lectores: “¿Para que sirve la AIC?”. Pero quiero hoy, inspirado por el artículo de la Sra. Díaz, agregar otros conceptos. El problema de la contaminación de los acuíferos hoy es grave; tanto más grave dado que llevará años si es que se decide y se puede revertir. Y la Constitución rionegrina prevé la obligatoriedad de todo ciudadano de cuidar el medioambiente; imagínense a qué nivel llega la obligación de funcionarios de AIC, cuando el artículo 5 de sus estatutos fundacionales reza (parcial): “Poner en funcionamiento y mantener instalaciones para detectar y controlar la contaminación en los recursos hídricos de sus cauces”… y sigue: “Proponer a los Estados signatarios adopción de normas o acciones”. Además la AIC “está autorizada a aplicar sanciones pecuniarias a los Estados” Parece el relato de todo lo que no hicieron. ¿Pruebas? Vean en diario “Río Negro” del 31 de mayo pasado, páginas 23 a 26, sobre el estado de lagos y ríos de la región. Volvamos al título: “¿Pagarán por lo que no hicieron?”. A días de las declaraciones de la defensora, no se vio ni una línea de descargo de las autoridades de AIC. ¿Qué harán –nos preguntamos– los gobiernos de las provincias con los integrantes de esta entidad? Ellos también, constitucionalmente, son responsables conjunta y solidariamente por el delito de contaminación. Dicen los textos constitucionales, además de tipificar el delito de la contaminación, que el mismo puede ser por “acción directa: los que contaminen. Pero también son responsables, por omisión quienes teniendo el poder y la obligación” de evitarla, no lo hagan. Estas generalidades de la ley comprenden a todos los funcionarios de AIC y a sus gobernadores. Pero más allá de esta responsabilidad legal, hay otra que creemos más grave y que debiera comprometer sus conciencias: defraudaron, además de la confianza de todo un pueblo de dos provincias, las de quienes, previsores, legislaron en defensa de la naturaleza. Y la frutilla del postre: ¡cobraron (y muy bien) por lo que no hicieron! Finalizando, doble tarea le toca a esta entidad: recuperar el tiempo perdido, descontaminando, y evitar a futuro inmediato que vuelva a suceder. Carlos H. López DNI 4.820.317 Asociación Ecológica Roca
Registrate gratis
Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento
Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora
