Alarde de atavismo

Que muchos líderes peronistas se hayan sentido disgustados por la voluntad del fiscal Carlos Stornelli de interrogar al ex presidente Carlos Menem por el tema de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador puede entenderse: temen que el espectáculo así brindado les cueste caro en las próximas elecciones. También es comprensible que muchos hayan sospechado que detrás de la evolución rápida de una causa que se puso en marcha hace varios años se encuentra una maniobra urdida por sus adversarios frepasistas: como los menemistas saben mejor que nadie, en nuestro país ha sido frecuente que la Justicia se haya visto puesta al servicio de las intrigas políticas. Y no es necesariamente malo que algunos dirigentes peronistas hayan cuestionado el uso por los fiscales y jueces de la figura de la «asociación ilícita», si bien sus protestas en tal sentido serían más convincentes si antes hubieran procurado modificarla o eliminarla: mal que les pese, existe desde hace mucho, de suerte que es un tanto tardía su preocupación por sus eventuales connotaciones. Sin embargo, nada de eso puede justificar la reacción «solidaria» del grueso de los legisladores y gobernadores peronistas que, en un acto breve que se celebró en el salón Azul del Congreso nacional, se ha manifestado resuelto a frenar la causa esgrimiendo planteos tan burdos como pomposos propios de épocas predemocráticas, entre ellos el de que sea «extremadamente grave que se intente imputar delitos a un ex presidente elegido democráticamente en base a presunciones o meras sospechas», es decir, que a menos que un juez ya cuente con pruebas contundentes debería abstenerse de investigar a los personajes importantes.

Por fortuna, en esta ocasión el peronismo dista de ser monolítico en su defensa del supuesto derecho del caudillo de turno a la impunidad. Varios dirigentes, como el gobernador santacruceño Néstor Kirchner y el vicegobernador bonaerense Felipe Solá, han manifestado su indignación por la actitud descaradamente corporativa de los demás jefes de su partido, los cuales, además de procurar presionar, para no decir intimidar, a los fiscales, han estado trabando el funcionamiento de las instituciones parlamentarias en un esfuerzo por torcerle el brazo al presidente Fernando de la Rúa para que intervenga en favor de su antecesor. Asimismo, el ex canciller Guido di Tella, a pesar de verse personalmente involucrado en el asunto, ha afirmado que le parece muy positivo que tanto él mismo como el ex presidente Menem puedan ser obligados a rendir cuentas ante los tribunales. Tiene razón, ¿qué duda cabe?: si hay algo que distingue una democracia madura de una dictadura arbitraria esto consiste en el hecho de que nadie, por destacada que haya sido su trayectoria o por valiosos que hayan sido sus servicios al país, esté por encima de la ley. Al tratar de desconocer este principio básico, los peronistas «solidarios» que se han movilizado en defensa de Menem han mostrado que quisieran volver el reloj atrás a tiempos que la mayoría abrumadora de la ciudadanía espera no ver nunca más.

Huelga decir que el motivo de la «solidaridad» peronista hacia Menem tiene más que ver con la política que con la «lealtad» para con el riojano o con el eventual deseo de impedir que la Justicia siga sirviendo de teatro de operaciones para «campañas de desprestigio», tema éste que, claro está, no les interesó demasiado cuando sus compañeros estaban en el poder. Sin embargo, al cerrar filas en torno del ex presidente, lo único que lograron los jefes del PJ fue asegurar que en adelante buena parte del país supusiera que el peronismo en su conjunto se considera cómplice de los presuntamente corruptos. Aunque algunos militantes nostálgicos, largamente habituados a creer que el movimiento no tiene por qué subordinarse ni a la ley burguesa ni a la Constitución, aceptarán esta interpretación de su conducta con ecuanimidad, otros, los que están plenamente consustanciados con la democracia y con el Estado de derecho, no pueden sino sentirse perturbados por esta recaída en viejas posturas que el resto del país ha rechazado por entender muy bien lo que serían las consecuencias de anteponer las lealtades partidarias al respeto por la Justicia y por el principio de la división de los poderes.