Ante los cortes de ruta, un Estado indiferente

El segundo corte de ruta en tres días volvió a sitiar el derecho de los ciudadanos a circular libremente y les complicó su rutina.

Años de piquetes que agravian las libertades individuales y colectivas parecen no hacer mella entre los responsables de gobernar, legislar y garantizar justicia en la región.

No se advierte la iniciativa de los poderes del Estado de, al menos, evaluar qué marco claro ofrecer tanto a quienes deseen transitar en paz, cuanto a quienes expresen necesidad de protestar pacíficamente, sin cometer el delito de obstruir los movimientos ciudadanos y generar perjuicios.

Con más razón en un escenario donde escasean las alternativas viales, como los puentes Cipolletti-Neuquén, donde un piquete impacta en todo el corredor valletano.

Es una larga deuda pendiente aquí el estudio e implementación de un protocolo que garantice alternativas de movimiento y sistematice la forma de protesta: pedidos anticipados de movilización, negociaciones previas, modos y recorridos puntuales de los manifestantes, encuadre de la actuación de las fuerzas de seguridad y sanciones a quienes transgredan las normas pautadas.

Se trata de una herramienta que dio frutos en varios países de Europa y América del Sur (en Colombia está en marcha desde el año pasado). En Chaco el protocolo fue ratificado por ley y prevé un esquema de actuación compartida entre Ejecutivo y Poder Judicial. En Buenos Aires –en cambio– los intentos naufragaron porque faltó convicción para sostener una decisión fuertemente publicitada.

El hartazgo no puede ser la postal habitual frente a cada protesta. Evitar que unos pocos pasen por encima de las libertades de los demás debería formar parte de las prioridades institucionales.


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