Apenas aprobado

Por razones evidentes, los informes sobre los derechos humanos en el resto del mundo que confecciona el Departamento de Estado norteamericano todos los años suelen concentrarse en las violaciones cometidas ya por los gobernantes, ya por los empleados de organizaciones como la Policía que las autoridades presuntamente pueden manejar, de modo que es natural que los autores de la edición más reciente hayan trazado un panorama lóbrego al aludir a la situación en la Argentina, donde la indisciplina policial es notoria. Sin embargo, mientras que algunas lacras denunciadas, como la supuesta por los «asesinatos extrajudiciales» perpetrados por policías, no son desconocidas en los propios Estados Unidos, otras, entre ellas la resultante de un sistema judicial ineficiente y sujeto a la influencia política, son a la vez productos del atraso y obstáculos que frenan el desarrollo del país. En efecto, parecería que a juicio de los diplomáticos estadounidenses responsables del informe el desempeño notoriamente deficiente de la Justicia constituye la debilidad estructural más significante de la Argentina actual porque, además de asegurar que una proporción excesiva de los abusos cometidos por policías quede impune y posibilitar la detención durante períodos prolongados sin sentencia firme de muchas personas, contribuye a estimular la corrupción que, de más está decirlo, constituye una barrera enorme en el camino de cualquiera que quisiera introducir reformas significantes.

Aunque es legítimo cuestionar la autoridad moral del Departamento de Estado para juzgar el desempeño de otros países en lo concerniente a los derechos humanos -dos millones de norteamericanos están encarcelados, la brutalidad policial sigue provocando escándalos en algunas jurisdicciones, las ejecuciones judiciales de las cuales el presidente George W. Bush es partidario son cada vez más frecuentes y la distribución del ingreso es la menos equitativa de todas las naciones ricas, si bien menos exagerada que en nuestro país-, es innegable que estos informes anuales resultan útiles al permitir a las sociedades puestas bajo la lupa saber lo que piensan las autoridades de la única superpotencia acerca de sus instituciones. Por cierto, es positivo que los autores del informe hayan optado por subrayar el estado nada satisfactorio del sistema judicial, que se ha convertido en el flanco más débil del orden nacional. Como no pudo ser de otra manera, el Departamento de Estado lo considera penosamente arcaico, «lleno de obstáculos provocados por cambios de jueces, demoras, soporte administrativo inadecuado e incompetencia». No se trata de una novedad -aquí, la opinión generalizada sobre la condición del sistema judicial es idéntica y los términos empleados por sus críticos suelen ser aún más vehementes-, pero el que el problema se haya internacionalizado podría servir para estimular a muchos que de otro modo lo tomarían por inmodificable o que preferirían dejarlo como está, atribuyendo su actitud a su respeto por la autonomía de la Justicia.

Sería reconfortante imputar el estado nada satisfactorio de la Justicia ya al subdesarrollo y a la escasez de fondos así supuesta, ya a los estragos presupuestarios que según muchos ha ocasionado el «neoliberalismo», pero, si bien es de suponer que en última instancia las deficiencias del sistema judicial tienen las mismas causas que el atraso económico, no es ningún secreto que los jueces conforman una minoría relativamente privilegiada y que, de todos modos, el país invierte sumas notables en lo relacionado con la administración de Justicia. La verdad es que la razón principal de la situación imperante consiste en el conservadurismo propio de todo sector corporativo y politizado cuyos integrantes siempre propenden a perpetuar el statu quo, resistiéndose bajo distintos pretextos a permitir cualquier reforma que podría perjudicarlos. De más está decir que al impulsar las carreras de jueces más renombrados por su «lealtad» que por su calidad profesional, la clase política se las ha arreglado para que sean tantos los mediocres, que quienes tienen buenos motivos para sospechar que ellos mismos no poseen el talento necesario para cumplir su función estén en condiciones de frustrar todos los intentos de producir cambios importantes que, temen, podrían obligarlos a revalidar sus títulos.